El 19 de agosto el presidente de la Nación, Mauricio Macri, dictó el decreto N° 952/2016, donde autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a que quite 17 inmuebles propiedad del Estado para ponerlos a la venta en razón de resultar innecesarios para la gestión a su cargo. Desde ese momento, las denuncias de organizaciones y afectados van en aumento.
Entre los terrenos públicos innecesarios figura octavo en la lista el Centro de Salud Mental Nº 1 Dr. Hugo Rosarios, en Manuela Pedraza 1558/50, dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Lo subastarán junto a unas canchas de fútbol que se ubican a la vuelta del Centro, sobre la calle Campos Salles.
Hace años que el Gobierno de la Ciudad viene vaciando el Centro. No otorga una estructura legal en el organigrama del Ministerio de Salud, no repone las partidas perdidas por jubilación, y colocó a un interventor en lugar de llamar a ocupar el cargo de jefe por concurso, que está vacante por jubilación, manifestó el licenciado Martín Trigo. Y sentenció que esta es la puntada final de la estrategia: sin jefe, sin estructura formalizada y con una planta que no se renueva, rematan el Centro.
El lugar funciona sin interrupciones desde 1968 y realiza un abordaje de asistencia ambulatoria de salud mental en consultorios externos, hospitales de día y trabajo comunitario, además de tener espacios de investigación. Cuenta con unos 200 trabajadores, el 80% ad-honorem. Se estima que con un funcionamiento pleno y el presupuesto necesario se alcanzarían a realizar 130.000 prestaciones anuales, acotó Trigo, y remarcó que hasta el momento no recibieron respuesta del Ministerio de Salud de la Nación. Mientras tanto apelan a visibilizar el conflicto. Así crearon una petición en la plataforma internacional Change.org donde exigen que se tomen las medidas pertinentes que garanticen su continuidad. El 7 de septiembre harán un acto en defensa del Centro 1. Será en las puertas del establecimiento en el que reciben asistencia pacientes con diferentes complejidades de sufrimiento psíquico, desde niños con autismo, con problemas de aprendizaje y fracaso escolar, hasta jóvenes y adultos con adicciones, o padecimientos graves como la psicosis.
De los 17 predios a subastar, 13 se encuentran en la Capital Federal. La superficie total que ponen a la venta alcanza los 18.480 metros cuadrados. Involucra oficinas de la ex SIDE entre ellas la llamada Estación Billinghurst y donde estuvo la Dirección de Observaciones Judiciales, un edificio de viviendas y locales comerciales en avenida Corrientes 2881/2891 y un sitio abandonado de alto valor arquitectónico que data de 1917 en Chacabuco 142/146/150; además del boliche Mambo en Isidro Casanova y la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura en Paraná 386.
El Observatorio del Derecho a la Ciudad denunció que el decreto es inconstitucional porque la Constitución nacional, en el artículo 75 inciso 5, establece que la disposición del uso y la enajenación de tierras de propiedad del Estado es competencia del Congreso: Por lo tanto, el presidente ni la AABE podría vender tierras sin la autorización del Congreso. El decreto del Ejecutivo a cargo de Mauricio Macri cita como sustento la Ley Nº 22.423. Se trata de un Decreto-Ley firmado por Jorge Videla y José Martínez de Hoz el 6 de marzo de 1981, durante la última dictadura cívicomilitar, derogado implícitamente por la reforma de la Constitución, sostuvieron desde el Observatorio, y reclamaron que el Congreso Nacional avance en la derogación expresa del Decreto-Ley N° 22.423 y adoptar todas las medidas para evitar la venta de tierras públicas sin su aprobación. La metodología es similar a la que el Pro utilizó en la Ciudad donde, desde 2008, ya llevan privatizadas más de 200 hectáreas de tierras públicas.
