La militancia del movimiento feminista y el impacto de la pandemia visibilizaron, como nunca antes, el carácter desigual del sistema de cuidados en la Argentina. Un proyecto busca cambiar el paradigma sobre ese trabajo no remunerado que recae de forma predominante sobre las mujeres. Impulsado desde el Poder Ejecutivo, con un acto encabezado por el presidente Alberto Fernández esta semana, y ya presentado ante el Congreso, Cuidar en Igualdad apunta a reconocer el cuidado como una necesidad, un trabajo y un derecho. Las claves de una iniciativa que pretende una transformación cultural y es, también, una herramienta para disminuir la pobreza.

“El proyecto viene a plantear el cuidado como una cuestión de Estado. A redistribuirlo en la sociedad y en la casa a través de las licencias. Creo que entre las cosas más salientes están no solo la reforma de licencias –que reconoce la diversidad de familias y de formatos de trabajos– sino también que el sistema compromete al Estado a invertir cada vez más y establece la construcción de un baremo para evaluar el grado de fragilidad de las personas mayores. Es una pieza central en materia de cuidados”, destaca Lucía Cirmi, subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que elaboró el proyecto junto con la cartera laboral.

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“Es importante porque va a generar muchos puestos de trabajo. El sector de cuidados es mano de obra intensiva y es el empleo del futuro. La población envejece cada día más, otros trabajos se reemplazan por máquinas pero este no: se necesita la mirada humana y el acompañamiento personal”, explica Cirmi. En contra de las críticas que ponen en duda la urgencia de un proyecto de este tipo en un contexto de alta pobreza, plantea que “esta es una política antipobreza en sí misma. Porque la pobreza está feminizada, porque hay mujeres que se dedican solas a cuidar. Si podemos desatar ese nudo de desigualdad, vamos a poder resolver de otra forma la pobreza”.

Tender a una redistribución del trabajo de cuidados

“La idea en la que se basa en buena medida el proyecto es que los cuidados sostienen la existencia de los seres humanos en sociedad y hoy son efectuados de una manera muy desigual porque recaen en las mujeres. Se intenta generar un marco normativo y de políticas institucionales para tender a una redistribución del trabajo de cuidados más igualitaria. Y fortalecer la conciliación de los ámbitos laborales y los familiares de una manera más igualitaria, generando un marco normativo que lo permita”, resume Pablo Topet, asesor del Ministerio de Trabajo que participó en la redacción del proyecto.

La iniciativa plantea la creación del Sistema Integral de Cuidados de Argentina con perspectiva de género (SINCA) y la modificación del régimen de licencias en los sectores público y privado. Un reclamo de larga data por el que hubo intentos que no prosperaron. “Hay proyectos en el Congreso, pero se necesitaba la decisión política del Poder Ejecutivo. Y lo que hace la diferencia es el movimiento feminista y el sindical, que hace tiempo vienen peleando por este tema. En la pandemia se vio cómo la cuestión de los cuidados hace mella en otros temas”, reflexiona Cirmi. 

Lo que hoy se conoce como licencia por paternidad, establecida por el ridículo plazo de dos días, pasaría a ser una licencia para personas no gestantes de ampliación progresiva: de 15 a 90 días. A diferencia de otras naciones, donde estos tiempos son optativos y transferibles a la persona gestante, aquí se proponen como obligatorios. ¿Por qué? “Viendo la experiencia de otros países que pusieron días transferibles u opcionales, los varones ahí se los pasan a las mujeres o no los usan. Cuando uno tiene derechos opcionales, tomártelos en el trabajo siempre es difícil. Y hay una inercia de siglos que dice que las que cuidamos somos nosotras. En cambio, si es una prohibición de trabajar, no hay lugar a una elección y se protegen los derechos más directamente”, contrasta Cirmi.

El paquete es amplio y con una batería de medidas pensadas de forma interrelacionada. También con otras recientes, como la reglamentación del artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, por la cual los empleadores con más de cien trabajadores deben ofrecer espacios de cuidados gratuitos para niños y niñas de 45 días a tres años. “Es un tema de agenda pública transversal. Creemos que va a ser debatido –pronostica Topet–, puede tener modificaciones en el debate parlamentario, pero hay una expectativa muy importante de que termine siendo promulgado este año”.«

Los detalles de un proyecto transformador

Licencias. La reforma propuesta alcanza a 8 millones de trabajadores/as. Lleva la licencia para no gestantes de dos días a 90, en un cambio progresivo en ocho años. Para gestantes, pasa de 90 días a 126 días (las 18 semanas que recomienda la OIT). Se incluyen licencias para adoptantes y se contemplan extensiones ante nacimientos múltiples y con patologías.

Cuidados. Se plantea la creación de un sistema integral de cuidados con perspectiva de género (SINCA) y de un registro nacional de trabajadoras y trabajadores del cuidado remunerado. Además, se estipula la inversión de como mínimo un 8,5% del presupuesto de Obras Públicas cada año en infraestructura de cuidados.

Para todes. Por primera vez se piensa una asignación por maternidad, paternidad y adopción para monotributistas, monotributistas sociales y autónomos. La propuesta es que cobren un salario mínimo por cada mes en el que estén cuidando. Lo mismo para trabajadoras de casas particulares. El cálculo es que dos millones de trabajadores de estos sectores accederían a una licencia por primera vez.