Militantes ambientalistas, asambleístas, vecinos y vecinas de distintas localidades de Córdoba advierten por la creciente persecución a quienes reclaman contra obras que vulneran el ambiente, con cautelares irresueltas o incumplidas, al tiempo que proliferan las denuncias e imputaciones contra quienes ponen el cuerpo para frenar el avance de las máquinas. En un clima de conflictividad creciente, hubo vigilia ante el Tribunal Superior de Justicia y se presentó un hábeas corpus colectivo y preventivo.

“Hay más de 150 causas socioambientales por obras viales, basurales, parques solares, que están sin resolver en Córdoba, con medidas cautelares pedidas y sin fallos a favor ni en contra. Y hay cautelares que no se está cumpliendo. Eso causa una conflictividad social cada vez más creciente”, resumió Juan Yacobs, de la CTA Autónoma del Valle de Punilla. Allí se está haciendo una autovía por la que se presentó un pedido de amparo hace cinco años, planteando inconsistencias técnicas, jurídicas, ambientales, sociales. “Como la justicia no resuelve, la gente se organiza para frenar obras, parar las máquinas. Y el gobierno de Córdoba está mandando la Policía a resolver esta cuestión. Las localidades están militarizadas, abocadas a proteger las maquinarias de las obras viales, los desalojos, el amedrentando a la gente que van a desalojar”, advirtió el militante. Y agregó que “se le está dando vía libre a la Policía para actuar, se empieza a empoderar y cometer abusos de toda naturaleza”, en relación al reciente caso de Jonatan Romo, cuya muerte en una comisaría de La Falta sacudió al poder policial local.

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

Entre las violencias denunciadas hasta ahora, señalan el desalojo de madrugada y por la fuerza a mujeres que acampaban ante un obrador el 10 de mayo último. Algunas de ellas permanecieron desaparecidas durante horas, otras se dispersaron por el monte sin recursos en plena oscuridad, amedrentadas por policías varones. “Fue a la madrugada, sin orden judicial, los policías con cara cubierta y todos los mecanismos del terrorismo de Estado”, describe Yacobs.

La abogada Eugenia Scarpinello, una de las que acompaña los reclamos por violaciones a los derechos humanos en el marco de estos conflictos ambientales, enumeró también hechos como el amedrentamiento de periodistas en inmediaciones de San Roque el 10 de junio pasado, cuando “querían saber qué pasaba que había movimientos de maquinarias, la policía los empuja, les quita elementos de trabajo, impide la libertad de prensa. Exigen que se los devuelvan, y algunos de sus elementos de los devuelven rotos u orinados”. Otra de las denuncias es por lo ocurrido el 22 de junio en Santa María de Punilla, en la traza de la autovía, cuando “cinco mujeres que protegían que las máquinas no pasaran por un lugar con piezas arqueológicas fueron rodeadas por 30 policías varones. Las empujaban contra el cerco, las chicas estaban aterradas”.

El caso más reciente, el fin de semana pasado, fue contra un joven puestero en un campo por donde pasará la obra vial. Según la denuncia, recibió una fuerte golpiza durante un desalojo de madrugada. “En toda la región tienen terror a la policía de Punilla. Me dicen ‘soy una futura desalojada y no sé qué le van a hacer a mi hijo, a mi nieto’. Pero no nos están prestando ni un poco de atención. Los medios hegemónicos no nos dan lugar”, reclamaó la abogada, y señaló también que se está desoyendo a comunidades originarias, que deberían tener garantizada la información y la consulta previa al paso de obras por sus territorios.

“El nudo de la cuestión es la conflictividad creciente, la falta de estado de derecho, estamos denunciando violaciones a los derechos humanos y vemos que es creciente. Se está endureciendo cada vez más y hay presiones de empresas que son prácticamente como dueñas de la provincia”, alertó Yacobs. Scarpinello destacó que «la autovía se está haciendo sin aval social. El 90% votó en contra, el estudio ambiental está mal hecho e incompleto, están destruyendo el bosque nativo. La violacion a los derechos humanos viene de coletazo por todo esto. No vamos a tener ambiente sano y eso también es violacion de derechos. En este marco la policía reprime».

Además de la presentación de un hábeas corpus, durante la protesta ante el TSJ realizada este jueves –desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, en medio de permanentes idas y vueltas con funcionarios judiciales- se pidió “que se apuren los amparos, que se produzcan los sobreseimientos de los compañeros imputados y que se activen las causas ambientales conforme al orden público ambiental”. Si bien no se llevaron nada por escrito –como pretendían ambientalistas y sus representantes legales-, funcionarios judiciales “se comprometieron a hacer lugar al hábeas corpus, eso podría ser una protección para todo lo que están sufriendo los compañeros en el territorio, y a dictar una acordada para que los fiscales y jueces otorguen las medidas cautelares solicitadas y las que están otorgadas se hagan cumplir. Ese compromiso del TSJ va a bajar como una línea a jueces y fiscales. Es un compromiso, hay que ver si lo cumplen. Estaremos pendientes”, expresó el abogado Juan Smith tras la vigilia.