Dos familias del Barrio El Ceibo, situado a un costado de la Reserva Ecológica de Vicente López, en la localidad de La Lucila, fueron agredidas por una patota. Las víctimas no dudaron en relacionar a los atacantes, que también son vecinos suyos, como punteros políticos del macrismo que defienden la idea del intendente Jorge Macri de avanzar con la construcción del denominado Paseo Costero que es resistido por la comunidad.

El hecho se registró el 22 de mayo por la noche cuando un grupo de personas destrozaron la huerta y el refugio a cargo del promotor pro huerta INTA, Ignacio Benítez. No conformes, los agresores también entraron en la casa de otra vecina, Carla Zambrano, y amedrentaron a su familia. En ambos episodios, arrojaron piedras, rompieron vidrios, robaron algunas cosas que encontraron a su paso y provocaron lesiones a las víctimas.

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“Los agresores son vecinos de toda la vida. Ellos tienen una visión de la vida diferente a la nuestra. Queremos hacer un llamado a la paz. Basta de violencia. No queremos más que se tercerice la represión, porque es un grupo manejado y manipulado por el municipio para hacerle cosas malas a la gente”, cuenta Carla a Tiempo.

Carla denunció el ataque inmediatamente después vía mail, ya que las fiscalías de San Isidro no funcionan normalmente debido a la pandemia, y si bien le respondieron desde el Ministerio Público Fiscal, todavía no cuenta con número de expediente y no hay ningún investigador designado en el caso.

Tal como lo describe en la denuncia, la joven entiende que el hecho del 22 de mayo tuvo su génesis tres días antes, el 19, cuando “el Juzgado Civil y Comercial Nro 3 departamental dispuso una medida cautelar a fin que suspendan cualquier obra que afecte el sector conocido como la Reserva Ecológica Municipal”. De acuerdo a esta línea de argumentos, la respuesta a esta medida judicial fue la represalia violenta de esta patota.

“El barrio se encuentra en una discusión debido a la construcción del denominado corredor ribereño por parte del Municipio de Vicente López el cual pasará sobre una superficie que es área natural protegida”, contextualizó Carla en la denuncia, en donde aclara que ella “junto a otras integrantes de mi familia, nos oponíamos a la construcción del corredor ribereño debido a la ausencia del cumplimiento de la normativa específica que regula las áreas ambientales de la Provincia”.

Según la denunciante, una de las agresoras ya la había hostigado a mediados del año pasado cuando los vecinos se reunieron con funcionarios del municipio para discutir las obras. En esa oportunidad, todo quedó en una mediación.

Tiempo pudo saber que habitualmente, en la zona hay patrulleros de la Bonaerense y del municipio. Sin embargo, sugestivamente al momento del ataque no había presencia de las fuerzas de seguridad por lo que los denunciantes no descartan que se haya liberado la zona.

La maniobra de los violentos tuvo su contrapunto en el Concejo Deliberante local donde la oposición repudió el hecho, al igual que varias organizaciones sociales, políticas y ambientales de la región.