En Carlos Pellegrini casi esquina Libertador, donde se encuentra el histórico Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”, se vive una alarmante situación vinculada a cargos que están vacantes y a la falta de pagos de alrededor de 50 profesores y profesoras. Desde el comienzo de la pandemia el conjunto de este grupo de docentes está en una situación totalmente irregular. 

Por esta problemática, durante la jornada el gremio docente Ademys junto a un gran sector de la comunidad educativa, se movilizó hacia las puertas del colegio para reclamar una solución inmediata y definitiva a este conflicto. “Hace años que hay un problema en esta escuela vinculado a lo administrativo, lo que se ve es que hay cuestiones estructurales, y desde el Ministerio de Educación se niegan a dar una solución diciendo que es un problema administrativo e interno de la escuela”, advierte en diálogo a este medio María Isabel Grau, secretaria de prensa de Ademys.

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La situación resulta ser mucho más compleja de lo que parece, ya que muchos trabajadores y trabajadoras de la educación renuncian a sus cargos cuando advierten que hay decenas de colegas que hace más de un año no cobran sus salarios. La falta de pago genera un círculo vicioso que, al mismo tiempo, dejan vacíos muchos cargos docentes y los estudiantes se ven imposibilitados de continuar con la carga horaria de algunas materias estructurales.

“Es una situación increíble porque el Ministerio de Educación se niega a tomar cartas en el asunto. Hay situaciones irregulares de que vayan a actos públicos y que salgan las horas para concursos con el fin de que sean tomadas, de compañeros y compañeras que están dando clases, entonces esto nos indica que sus cargos ni siquiera han sido registrados ni por la institución ni por el Ministerio de Educación. Le exigimos a las autoridades que intervenga porque tienen la potestad de hacerlo y no quieren. Hay una clara intención política de no intervenir en este tema”, agrega Grau

Al ser consultada sobre las medidas que van a tomar desde el gremio para continuar con el reclamo, Grau señaló que seguirán realizando una permanencia en las puertas del colegio para exigir la presencia de la supervisión escolar y de las autoridades ministeriales “para que nos den una respuesta inmediata de cuál es el plan que tienen pensado para darle una solución definitiva a los docentes de esta escuela”.

Por su parte, una profesora manifestó a este medio que su situación económica es lamentable, que ya no puede seguir sosteniendo la economía de su hogar y que es el único sostén de familia. “Tengo 2 hijos menores que estudian en la educación pública, yo me formé en la pública y defiendo a la educación gratuita y de calidad, pero esta situación es imposible de soportar”. En su casa son sus padres que le dan una mano para alimentar a sus hijos de 5 y 9 años. “Mis papás son jubilados y no se pueden seguir haciendo cargo de la ausencia del Estado que no se hace responsable del pago de salario, tanto mío como el de mis compañeros y compañeras, y que nos deja en una situación de absoluta indigencia”, termina.

El colegio cuenta con los tres niveles de educación, primario, secundario y formación superior en diferentes idiomas como Inglés, Alemán, Francés y Portugués. Las carreras tienen una duración entre cuatro y cinco años y se cursa en los tres turnos: Mañana, tarde y noche.

Además cuenta con diferentes talleres extracurriculares que le dan un valor agregado a la currícula educativa como seminarios permanentes de estudios de traducción; talleres de escritura, y otros vinculados a la inclusión digital.

Negocios con las embajadas y denuncias por violencia de género

Durante el 2003 y parte del 2004, hubo varias denuncias presentadas, en las que se afirmaba que la institución educativa cobraba aranceles cuando es de carácter gratuito. En aquella oportunidad, la Auditoría General de la Ciudad, se expidió con un informe en el que deja comprobada que en esa escuela habían ocurrido gravísimas irregularidades de diversa índole. Tal es así que el auditor, por aquel entonces Matías Barroetaveña, hoy legislador porteño del Frente de Todos, se presentó ante la Justicia denunciando penalmente esos hechos y se originó una causa que tramitó el Juzgado de Instrucción en lo Criminal Nº19 Fiscalía Nº28, bajo la carátula “Administración fraudulenta en concurso con falsificación de instrumento privado”. Desde el gremio docente Ademys, denuncian que este colegio: “Hizo negocios con las embajadas donde cobraban los cursos en dólares y el encargado de llevar adelante esta situación es Ernesto Traversaro, Secretario Administrativo del instituto. Travesaro, además tiene tres denuncias por violencia de género que el Ministerio de Educación de la Ciudad cajoneó, sin haber aplicado  el protocolo correspondiente a este tipo de denuncias que es el apartamiento del denunciado.

Afirman que los Supervisores son responsables de irregularidades en designaciones que tampoco salen a la luz y nadie se hace cargo. Como resultado: los docentes no cobran o les  pagan con horas precarias para «resolver» bajo amenaza de que si no cobran eso, no cobran nunca.