Deolinda Carrizo es una de las referentes del Movimiento Nacional Campesino Indígena que reúne a más de 20.000 familias de agricultores en once provincias argentinas, que forman parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) – Vía Campesina internacional, de la que fue coordinadora continental. Para ellos soberanía alimentaria es un concepto clave, que trabajaron y empezaron diseminar por el año 1996. En el intento por profundizar el tema que el presidente Alberto Fernández puso sobre la mesa al anunciar la intervención de Vicentin, Tiempo se contactó con esta referente santiagueña, que vive en Quimili: “Soberanía alimentaria para nosotras y nosotros es el derecho de los pueblos a decidir qué, cómo producir y que esa producción sea para los mercados locales y siempre señalamos que se trata de alimentos sanos, variados y accesibles. Este es el espíritu central del concepto”.

“En el año 1996 empezamos a trabajar y diseminar este concepto cuando participamos en la cumbre de la alimentación que hacía la FAO. Por entonces, las multinacionales y también el organismo promovían otra idea, la de seguridad alimentaria, que se suponía iba a garantizar alimentación para todos los hambrientos del mundo bajo el modelo de la Revolución Verde. En ese instante desde Vía Campesina hemos dicho que la seguridad alimentaria es parte, pero lo que va a garantizar el terminar con el hambre es la soberanía alimentaria. Esto es, llevar adelante la producción familiar que viene de generaciones de campesinos, indígenas, pescadores artesanales en cada uno de sus territorios para abastecer a las poblaciones.

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

–Seguridad y soberanía alimentaria son dos conceptos bien distintos…

–Claro, y en el mundo entero se ha demostrado que ese otro concepto de seguridad alimentaria sólo ha profundizado las desigualdades sociales y ahondado el hambre. La revolución verde y la transgenia son el monocultivo con uso intensivo de agrotóxicos. Eso  incrementa las enfermedades, la pérdida de biodiversidad, la expulsión de familias para acaparar las tierras, todo eso lo vemos en el país cotidianamente.

–¿La llamada revolución verde era impulsada por las corporaciones?

–Sí, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional eran las impulsoras del monocultivo con los organismos genéticamente modificados y en manos de las transnacionales. América Latina y África están sufriendo las consecuencias, y Argentina por supuesto ha quedado en medio de esas planificaciones de políticas del agronegocio.

–Entonces, para ustedes la expropiación de Vicentín es un buen anuncio. 

–Decimos que es un paso importante en cuanto a la participación del Estado en el manejo de este tipo de proyectos productivos. Es una intervención del Estado en ese punto concreto, pero también están todos los temas de fondo: la discusión y definición de un sistema productivo que nos garantice la alimentación para todo el pueblo. Hablar de esto significa avanzar con y por otros elementos, como el acceso a la tierra, a los medio de producción, de comercialización, que el Estado también garantice la compra de los alimentos, entre otras medidas para ir hacia ese horizonte de soberanía alimentaria.

–En una entrevista a Miryam Gorbán de hace unos días ella decía algo similar, que la expropiación de Vicentín es un paso en esa dirección.

–Un paso, y que implique un Estado presente y activo. Ojalá que la medida sobre Vicentín lleve a incursionar hacia otro modelo de producción, porque tener una empresa estatal que continúe con este sistema… algunos cambios hay que hacer. Todavía hay muchos pendientes, entre ellos, reglamentar y dar presupuesto a la ley de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (27.118, sancionada en 2014). Allí hay muchos temas que nos ayudarían a que las poblaciones que estamos en la tierra podamos seguir produciendo, pero también les permitiría a aquellos que tengan ganas de volver a la tierra para producir un camino para concretarlo, en ese marco es importante que se la ponga en práctica. Muchas organizaciones de todo el país han participado de esa ley, pero obviamente del 2015 hasta acá no se ha movido nada.

–Más allá de Vicentín, ¿el gobierno está abriendo otros caminos para saldar esa deuda histórica?

–Sí, ahora se ha vuelto a motorizar, ayer (miércoles 13 de junio) se ha realizado la primera reunión del consejo de Agricultura, que encabezó el ministro Luis Basterra y el secretario de Agricultura Familiar, Miguel Gómez. Uno de los trabajos es empezar a darle vida a la reglamentación y después viene la pelea por el presupuesto propio. Esto es necesario, porque se ven las consecuencias de la despoblación de la tierra, que muchas veces es a punta de pistola. No podemos olvidar que existen situaciones de conflicto por la tenencia de la tierra y algunos son muy fuertes, con grupos armados por los empresarios, y ahí el peligro de vida de las familias es permanente. El mismo Poder Judicial actúa para favorecer el avance de ese modelo de agronegocio que expulsa de esta y otras maneras a las familias. Por eso es necesario seguir trabajando. Hay una fortaleza en las organizaciones campesinas e indígenas de la economía popular que vienen sosteniendo y aportando a construir esos cambios, que son lentos pero que hay que asegurar que se hagan. Necesitamos tener familias satisfechas en la alimentación y el trabajo. El amontonamiento de gente en las grandes ciudades es la contracara de ese acaparamiento de tierras que se ha dado en el país.       

–A la vez son lugares donde pueden ubicarse o dar salida a la producción.

–Totalmente, en este tiempo de pandemia se ha logrado tener más acceso a la venta puerta a puerta, antes era en ferias o en el predio. Pero ahora te llaman y se mandan los bolsones. Sobre todo en Buenos Aires, ahí tenemos una red de comercialización que se llama “Del campo a la mesa” donde los compañeros y compañeras hacen el trabajo de puerta a puerta, pero son experiencias que necesitan crecer en cuanto a cantidad. En el cordón urbano –o conurbano, como le dicen ustedes– hay una gran inseguridad, porque la mayoría alquila las tierras y no tienen seguridad. La organización es la que logra los cambios. En otras provincias abastecemos los mercados locales, de acuerdo a los permisos que hay que pedir. También en los merenderos de los pueblos que mucho han crecido. Ahí se ve la necesidad de la gente, que no tiene un pedacito de tierra donde sembrar para alimentarse.

En el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena mencionado por Carrizo, el ministro Luis Basterra definió que “la agricultura familiar representa el sector más participativo y determinante cuando se pone a la familia como centro de las políticas públicas, comprende a más de 200 mil familias que producen e interactúan en el ámbito agropecuario”. El secretario del área, Miguel Gómez, por su parte, sostuvo que “la agricultura familiar ha sido estigmatizada hasta el hartazgo, pero hoy dejó de ser considerada por el Estado como un problema a atender para ser parte de la solución de los problemas ambientales, agroecológicos, de abastecimiento de alimentos”. De ese espacio en el que participan organizaciones, el Estado nacional y hasta la FAO deberá surgir el consenso para diseñar e implementar las políticas públicas dirigidas a este sector.

Deolinda Carrizo junto con las organizaciones de la que forma parte han visibilizado a nivel mundial la bandera de la soberanía alimentaria y también impulsaron los derechos campesinos, aprobados en la ONU en 2018, “pero Argentina no ha adherido…”, puntualiza, como un retrato de los intereses que hay en juego. ¿Por el tema de la pandemia el Estado les está comprando producción?Eso depende de las provincias, vendemos a precios populares o hacemos donaciones. La provincia de Buenos Aires sobre todo está comprando, también otras y algunos municipios. Hay muchas cuestiones que están en agenda sobre las que no se está avanzando por la pandemia. La Argentina tiene muchos sistemas y modelos de agroecología, para zona de riego, Patagonia o semiárido. Hay que trabajar en la inclusión de todos los modelos”.

La entrevista se extiende un poco, pero ella tranquiliza entre risas, “si es por charlar, yo sigo charlando”, recién a la tarde tiene que ir a la comunidad, a 30 kilómetros del pueblo, donde con 13 familias llevan adelante su producción, principalmente ganado menor y están incursionando en ganado mayor. “Porque cuando tuvimos el plan jefes y jefas está visto que había que transformarlo en un sistema productivo y hemos hecho la compra de vacas, que están multiplicándose poco a poco. Estamos muy contentos porque además en cada corral hay gallinas, chanchos, patos, gansos, todo lo que busques. Y ahí necesitamos el subsidio para la vacuna contra la aftosa, que es muy cara. Para nosotros es muy cara porque no vendemos la carne a otro país, es para consumo interno; los grandes productores necesitan ese certificado para exportar, y nosotros queremos que el país siga libre de aftosa, pero ese es un punto pendiente que hay que trabajar. Los empresarios tienen feedlot, miles de cabezas de ganado tienen, no sé si vacunarán a todas, nosotros tenemos 10, 15, 20 y así… y hay que pagar.

Luego, se redirige hacia otros temas de preocupación común, las semillas: “Los últimos años hemos trabajado con otras organizaciones indígenas, campesinas y ecologistas por la ley de semillas de Monsanto, ahora Bayer, que quieren imponer. Y nosotros sostenemos que las semillas son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad y no pueden estar controladas, mucho menos por las transnacionales. El uso de semillas propias complementa la soberanía alimentaria”.

También surge de la charla otros puntos importantes para mencionar, como el rol que juegan las mujeres en la Vía campesina: “Las mujeres tenemos una participación fundamental en la conservación de la semilla, de la biodiversidad, de los saberes ancestrales; y también importa el rol de la juventud, como protagonista de la continuidad en el trabajo de la tierra y en el diseño de políticas para el futuro. En el movimiento las mujeres somos responsables de muchas de las tareas políticas y organizativas. A nivel nacional son tres compañeras las que llevan adelante el trabajo internacional, pero también en el trabajo con los niños y niñas para que empiecen a ver otras relaciones sociales diferentes a las que han vivido sus padres o madres”.

La continuidad de las formas de producción son un eje de su lucha, por eso en la conversación surge que la formación en agroecología cobra especial relevancia, y Carrizo menciona una escuela con esa orientación y la Universidad Campesina – Sistemas Universitarios Rurales Indoamericanos (UNICAM), en Villa Ojo de agua, sobre la Ruta 9, al sur de Santiago del Estero, casi en el límite con Córdoba.  

Hacia el final, valora positivamente la decisión institucional de volver a jerarquizar el sector, tanto el  ministerio como la Secretaría de Agricultura Familiar –a cargo de Miguel Gómez– y otras dependencias. “Eso empuja muchos proyectos. Nosotros vemos que por ahí, hay voluntad”.