Desde que comenzaron las exposiciones en el Senado, legisladores anti derecho al aborto, en particular la senadora Silvia Elías de Pérez e Inés Brizuela y Doria, cuestionaron a los especialistas a favor al asegurar que sus investigaciones son financiadas por la organización Casa Fusa, a la que vinculan con una ONG internacional llamada Planned Parenthood, a la que a su vez, acusan de estar involucrada en «tráfico de fetos». La directora ejecutiva de FUSA, Sandra Vázquez, habló con Tiempo, desmintió a la legisladora, y explicó su trabajo en el país.
Desde que comenzaron las exposiciones en el plenario de comisiones del Senado para tratar el proyecto de aborto legal que ya tiene media sanción de Diputados, Elías de Pérez acusó Pedro Cahn, titular de la Fundación Huesped, de recibir fondos de Planned Parenthood. Aunque el médico le explicó que no era así, la senadora católica insistió. También acusó sin pruebas al abogado Diego Morales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). A su vez, la investigadora del CONICET Paola Bergallo fue blanco de sus ataques, y tuvo que explicar que el financiamiento de sus investigaciones es público, ya que pertenece al organismo nacional.
La senadora Elías de Pérez vinculó a Casa Fusa con un «holding de empresas que se dedican al negocio del aborto», ¿qué le respondería a la legisladora?
Casa FUSA es un centro médico especializado en adolescentes y jóvenes que desde el año 2014 lleva atendidos a más de 2.000 adolescentes bajo un modelo de atención de salud integral que sigue los protocolos del Ministerio de Salud de la Nación. Un servicio verdaderamente amigable, a cargo de un equipo interdisciplinario de profesionales. Ofrecemos atención en Clínica médica, Ginecología, Obstetricia, Dermatología, Nutrición y Psicología, ajustándonos al marco legal nacional vigente. Casa FUSA es parte de FUSA AC, una asociación civil que trabaja sin fines de lucro. Cualquier otra información al respecto es mentirosa. La información sobre lo que hacemos y quiénes somos es pública y está disponible en la web, redes sociales y los organismos oficiales correspondientes.
¿Cómo evalúa el desarrollo del debate en Argentina en comparación con otros países?
El debate se está dando en colegios, instituciones, asociaciones de profesionales que no son vinculadas al campo de la salud y atraviesa a todas las generaciones. Es un proceso que debería ponernos orgullosos a todos como sociedad. Pero también vemos con preocupación el grado de violencia al que se está llegando. Somos uno de los objetivos de una campaña sistemática de agresión en redes sociales y sitios web con información falaz y malintencionada por parte de grupos contrarios a la ampliación de derechos en el país. No somos los únicos: varios líderes y organizaciones de la sociedad civil sufren los mismos ataques. Creemos que las y los senadores debieran hacer un esfuerzo por encauzar el debate por caminos respetuosos, fundamentados en evidencia científica y técnica sobre el tema y que promueva la reflexión, tratando de limitar posiciones intolerantes basadas en presuntos fundamentalismos religiosos y / o morales que no respetan la discusión democrática. Los grupos contrarios a la ampliación de derechos se han manifestado con la misma virulencia en debates en otros países de acuerdo a las posibilidades que le han ofrecido la existencia o no de un sistema democrático consolidado. Sus acciones se han expresado de manera virulenta en múltiples reuniones en organismos internacionales como la OEA y Naciones Unidas entre otros.
Bajo la referencia de formar parte de ongs que se dedican a la promoción de la planificación familiar y a los derechos reproductivos se esconde una especie de acusación de intervencionismo extranjero en la legislación nacional, ¿cómo lo evalúa usted?
La acusación de intervencionismo extranjero siempre es esgrimida cuando se debate sobre ampliación de derechos con el argumento que son “ideologías foráneas” que intentan destruir el tejido social y hasta a la población físicamente. Las organizaciones que trabajan en la promoción y exigibilidad de derechos sexuales y reproductivos muchas veces lo hacen articulando con organismos del Estado y otras cuando su corrimiento implica inequidades a subsanar, pero siempre basadas en la normativa vigente y teniendo como objetivos la ampliación de derechos. Nuestro trabajo es público y toda la información sobre lo que hacemos está disponible en la web, redes sociales o en los organismos oficiales correspondientes. El financiamiento que recibimos para nuestras actividades proviene de la contribución voluntaria de individuos, la prestación de servicios médicos a seguros de salud y particulares, la oferta de servicios de capacitación y la gestión de proyectos con organismos de cooperación internacional, empresas, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, entre otros. La Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF por sus siglas en inglés), es una organización mundial sin fines de lucro, de la cual somos Asociación Miembro. La IPPF trabaja con más de 170 socios en el mundo y cada organización miembro es autónoma, gobernada localmente y sin fines de lucro. La Planned Parenthood Federation of America (PPFA) es socio de la IPPF en los Estados Unidos. FUSA AC no tuvo ni tiene ningún vínculo con la PPFA. Toda la información que circula al respecto es falsa y malintencionada.
Se mencionó como parte de las críticas que la organización se financia con la venta de tejido de fetos, en relación a una investigación del FBI ¿Qué de cierto hay en eso o es totalmente falso?
Es totalmente falso. Es una afirmación carente de toda seriedad y sobre todo de evidencias contrastables. Utiliza mitos sostenidos por prejuicios y temores que estos mismos sectores estimulan y promueven.