Frente al arroyo Careaga, en la primera sección de las islas del Delta de Paraná, un paisaje que por jurisdicción pertenece a Victoria, Entre Ríos, una pala cargadora marca Taurus destroza el humedal. Remueve, quita, aplasta. Aun cuando la presencia de maquinaria para los trabajos –prohibidos– de desmonte en la zona no es nueva, algunos isleños se sorprendieron al ver esa mole sobre una barcaza, navegando los trece kilómetros de un circuito imperfecto de aguas para llegar al lote con destino de actividad agropecuaria.

“La presencia de topadoras y de maquinaria pesada para desmontar y hacer terraplenes en las islas no es nueva, pero en el último tiempo se ha incrementado y aparecen en lugares que antes no había”, dice la abogada Romina Araguas, integrante de la ONG “El Paraná no se toca” o como les gusta presentarse, “un grupo de autoconvocados por amor al río”.

“Esa zona de Victoria –continua– es considerada Reserva de Uso Múltiple, es decir, es un área natural protegida por ley provincial donde solo se pueden realizar actividades sustentables y la destrucción del ecosistema por supuesto que no lo es”.

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Toda esa ingeniería puesta al servicio de arrancar árboles, formar montículos de tierra y aplanar el terreno infringe la Ley N°10.479 de Sistema de Áreas Naturales; la Ley Nº 10.284 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos; y el llamado Decreto 2474 Reglamentario Áreas Protegidas. Además, incumple la medida cautela impuesta por el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, que estableció “la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el ambiente”, lo que vetó el ingreso de máquinas a las islas.

“Siempre fue una zona de control casi nulo; acá ha habido caza furtiva, fiestas ilegales, cuatrerismo, construcción de terraplenes, toda la ilegalidad que te puedas imaginar se hizo sobre los humedales. La parte perteneciente a Victoria es de mucha extensión y solo tiene una delegación municipal de islas que prácticamente está sin personal. Y eso es aprovechado por los dueños de los lotes”, se lamenta Araguas.

Sin voluntad

El miércoles, el diputado nacional por el Frente de Todos (FDT) y titular de la Comisión de Ambiente de la Cámara, Leonardo Grosso, confirmó que el jueves 3 de noviembre se realizará la reunión plenaria de comisiones para tratar la postergada Ley de Humedales. “Luego de seis semanas de medidas dilatorias, no vamos a permitir que la cajoneen nuevamente”, expresó por redes sociales.

En paralelo, activistas ambientales convocaron a manifestarse en la puerta del Congreso para “defender la ley frente a los lobistas del fuego”.

Desde Entre Ríos, la abogada y activista ambiental no tiene muchos argumentos para el optimismo. “En esta instancia donde el fuego ya se llevó puesto todo, Nación dice que el responsable es el juez, pero el juez dice que no tiene los medios para hacer nada. Y también están los gobiernos provinciales que no acuerdan por mezquindad política. Lo único que queda claro que es no hay voluntad política”.