Ocurrió este lunes luego de operativos en talleres destinados al corte en confección de jeans en Merlo y Mataderos.
Cuando la AFIP procedió en ambos talleres pudo constatar que el 96% de trabajadores no estaban registrados por su empleador. También quedó al descubierto que los obligaban a trabajaban más de 12 horas por día y cobraban salarios por debajo del mínimo establecido por la Ley laboral vigente.
Solo uno de 24 empleados se encontraba declarado en forma legal, muchos de ellos vivían con sus familias hacinadas en el mismo lugar de trabajo y eran sometidos a condiciones laborales precarias.
Cabe destacar que los talleres no contaban con habilitación y tampoco con instalaciones eléctricas ni de gas, dejando a los empleados expuestos a cualquier accidente. Además de recibir ingresos muy por debajo del salario mínimo vital y móvil.
Entre los allí cautivos había ciudadanos de nacionalidad boliviana, quienes aseguraron que su empleador les había pagado el pasaje para venir a trabajar al país, también dijeron que los había esperado en la terminal de micros de Liniers y luego los llevaron al taller.
A raíz de lo sucedido el personal de la AFIP clausuró uno de los talleres, donde los 10 trabajadores realizaban sus tareas sin registración, y el empleador e no se encontraba inscripto en ningún impuesto.
Tras la terrible situación dieron intervención al Juzgado Nacional en lo Penal Económico de turno, que avaló la medida impuesta por la AFIP, también se informó al Juzgado Criminal y Correccional Federal la presunta comisión de los delitos, trata de personas y servidumbre.
En los operativos utilizaron la herramienta TRL – Trabajo Registrado en Línea- que permite a los inspectores verificar al instante si el trabajador se encuentra declarado o no por su empleador.
Desde la AFIP pidieron que intervenga la Dirección Nacional de Migraciones y puso en conocimiento a la Dirección de Seguridad e Higiene del Gobierno porteño, por las condiciones precarias en las que funcionaba el taller de Mataderos.
Por su lado la Justicia dio intervención a la Oficina de Rescate y Acompañamiento a la Víctima. También se presentó ante la Justicia de Morón una denuncia por reducción a la servidumbre y delitos migratorios por las condiciones encontradas en el taller ubicado en el partido bonaerense de Merlo.
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