Diputados también tratará dos proyectos ambientales clave

Se trata de la Ley del Manejo de Fuego, que busca desalentar los incendios intencionales y la especulación financiera e inmobiliaria, y la Ley Yolanda, que establece que se deberán capacitar con perspectiva de desarrollo sostenible a los empleados de la función pública.

En una jornada calificada de “histórica” por el tratamiento en la Cámara de Diputados del Aporte Social Extraordinario a las Grandes Fortunas, la sesión del martes también buscará aprobar dos proyectos ambientales: por un lado, la Ley de Manejo del Fuego, que prohíbe realizar modificaciones en el uso de las superficies que tenían previo a los incendios provocados o accidentales y, por otro, la Ley Yolanda que establece que se deberán capacitar en material ambiental, de manera obligatoria, a los empleados de la función pública, en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

En medio de una situación crítica en varias provincias por los incendios forestales, el oficialismo presentó en Diputados un proyecto de ley de protección de ecosistemas que puedan ser víctimas de incendios provocados o intencionales, para evitar la especulación financiera e inmobiliaria de las tierras.

La iniciativa diseñada por Máximo Kirchner, presidente del bloque del Frente de Todos, reforma la ley 26.815 del Manejo del Fuego por lo que se prohíbe realizar modificaciones en el uso de las superficies que tenían previo a los incendios provocados o accidentales.

En los fundamentos del proyecto, Kirchner señaló que el «el objetivo de este proyecto no sólo es proteger aquellos ecosistemas que puedan ser víctimas de incendios y garantizar las condiciones para la restauración de las superficies, sino también desalentar los incendios intencionales y la especulación financiera e inmobiliaria».

La iniciativa determina que por el término de 60 años no se podrán cambiar el uso de los bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, y de 30 años en el caso de zonas agrícolas.

En ese plazo no se podrán realizar en los bosques naturales o implantados la división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares.

Tampoco se podrá hacer cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio.

Para Leonardo Grosso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, consideró que “la voracidad empresaria no está por encima de la vida. En Córdoba vemos el avance de la especulación inmobiliaria, el avance depredador de la soja. Con el proyecto de modificación de la ley de manejo del fuego vinimos a poner un límite porque es un tema urgente e importante para nosotros. Y esa pelea la tiene que llevar adelante la política en conjunto con las organizaciones sociales y ambientales”.

Capacitación obligatoria con perspectiva de desarrollo sostenible

Durante el “súper” martes también se tratará el proyecto de Ley Yolanda, nombrado así en homenaje a Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano del país. La propuesta ya fue aprobada por el Senado y busca su sanción en Diputados.

El fin de la iniciativa es “una capacitación obligatoria en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, protección de la biodiversidad y los ecosistemas; a la eficiencia energética y a las energías renovables; la economía circular; así como también información relativa a la normativa ambiental vigente”. La misma estará dirigida a los empleados de la función pública de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

El proyecto establece que 90 días posteriores a su sanción, la autoridad de aplicación debe fijar los lineamientos destinados a las capacitaciones. Los mismos deben contar con el apoyo de instituciones científicas especializadas en la materia, la sociedad civil y sus organizaciones.

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