El gobierno porteño avanza en su afán de estimular la especulación inmobiliaria sobre tierras del Estado, clausurando toda posibilidad de que la Ciudad vuelva a mirar al río. A mediados de esta semana finalizó la Audiencia Pública convocada por el Ejecutivo sobre el proyecto denominado “Masterplan Distrito Joven–Costanera Norte”, en la que participaron unos 200 inscriptos que en su gran mayoría se manifestaron en contra de la iniciativa oficial. De todas maneras, se descarta que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta vaya a tomar nota de las críticas: si bien las audiencias son un trámite obligatorio, no son vinculantes. Este proyecto se une a las ventas de Costa Salguero–Punta Carrasco y al barrio privado de IRSA en Costanera Sur, entregando a privados toda la franja costera de CABA.

“En el 2018, el Gobierno de la Ciudad aprobó la ley denominada marketineramente ‘Distrito Joven’ que autorizó a concesionar la Costanera Norte por 10 años. Esta ley dividió los terrenos en 5 sectores y definió en cada uno el porcentaje de suelo destinado a concesión y a uso público”, explica a Tiempo María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA. La especialista, que participó de la Audiencia Pública, describe que “este proyecto fue anunciado con la promesa de revitalizar el borde ribereño para que sea un lugar de encuentro y de disfrute de los jóvenes. Sin embargo, terminó funcionando para blanquear las concesiones vencidas de la década del 90 y permitir la reprivatización inconstitucional de un sector de nuestra costanera”. De acuerdo a la Constitución de la Ciudad, una vez vencidas las concesiones, las tierras frente al río debían volver a ser públicas.

El plan del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta contempla que unas 14 hectáreas, de un total de 73, sean (re)concesionadas para locales gastronómicos, bailables y deportivos. Sin embargo la estrategia del oficialismo es mucho más amplia: “Es la tercera fase de la apropiación del contorno ribereño en beneficio de los sectores inmobiliarios más concentrados. En 2019 se inició la venta del predio de Costa Salguero que actualmente frenó la Justicia, pero el gobierno avanzó igual con la rezonificación para autorizar edificios y destrabar así la medida judicial. En la segunda etapa, el año pasado, logró la rezonificación de la Costanera Sur para crear un Nuevo Puerto Madero con IRSA llamado Costa Urbana”, resume el abogado Jonatan Baldiviezo, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad. “Ahora está avanzando sobre el destino del resto de la costanera que va desde Punta Carrasco hasta los sectores gastronómicos pasando Aeroparque –añade–. Para estas tierras existía un mandato constitucional y de diversas leyes que una vez vencidas las concesiones debían recuperarse para el uso común, público, pero lamentablemente este gobierno está tomando una dirección contraria”.

Koutsovitis también se queja de la evaluación de impacto ambiental presentada por la consultora Grupo Ecogestionar SRL que de sus 363 páginas “no se desprende en qué consiste el Masterplan, ni para el sector de la costanera a privatizar, ni del que será destinado a uso público. La propia empresa insiste que no cuentan a la fecha con la totalidad de las obras a realizar, ni dónde van a emplazarse, ni conocen los usos que le darán al borde ribereño los futuros concesionarios”. De todas maneras, Ecogestionar sugestivamente pondera de manera positiva el impacto del proyecto.

En esa misma línea, la arquitecta Cecilia Alvis rechaza “que se otorgue el Certificado de Aptitud Ambiental, dado que el estudio que se discute presupone un cheque en blanco para habilitar la construcción de más de 600 mil m2 sobre 90 hectáreas de tierras públicas de la Costanera Norte frente al Río de la Plata desde la Reserva Ecológica de Ciudad Universitaria y el Parque de la Memoria a Costa Salguero y el Puerto Nuevo de Buenos Aires”.

Alvis, docente e investigadora del Instituto Superior de Urbanismo, Territorio y Ambiente (FADU-UBA), apunta que sería inconstitucional que se entregue el certificado, y enfatiza que la consultora evalúa un plan desactualizado del que no se dispone documentación adecuada que “parece dar como resultado una serie de retazos de verde entre construcciones y calles en vez de un gran parque ribereño”. La especialista agrega que no se está dando cumplimiento a la Ley 6.014 de Evaluación Ambiental Estratégica y que el estudio presentado “es impreciso e improcedente” porque “carece de cualquier tipo de análisis sobre la capacidad de soporte de las infraestructuras de agua, cloacas, energía eléctrica o gas”.

Durante la audiencia pública, la legisladora porteña del Frente de Izquierda, Amanda Martín, añadió que el oficialismo pretende «hacer un Puerto Madero desde la Costanera Norte a la Costanera Sur, encareciendo así el precio de la vivienda en la ciudad, que ya es inaccesible para todos los trabajadores.”

Una escuela idílica, víctima del negocio inmobiliario

En medio de la Costanera, lindera a Parque Norte y a metros del corredor de bares y boliches top, yace la Escuela Indira Gandhi, con un gran parque en el que casi 200 pibes practican deportes, preparan una huerta y hacen campamentos. Tantas hectáreas verdes son demasiada tentación para el binomio Ciudad–desarrolladores inmobiliarios, y su posición actual corre peligro ante la idea oficial de trasladarla al Barrio Padre Mugica, con el justificativo de que el 80% de su matrícula proviene de la Villa 31, y «liberar» ese terreno.
El objetivo del Ejecutivo porteño es construir un colegio de cara al inicio lectivo el 2023 en el sector de La Containera, donde hace cuatro meses desalojaron a un grupo de mujeres a las que aún no les dieron soluciones habitacionales. «Desde que fui alumna tienen intenciones de sacarnos, llegaron a sacarnos del sistema de inscripción online para que no tengamos matrícula», subraya Paola Rocha, presidenta de la cooperadora. «Nunca nos opondremos a que hagan una escuela nueva, pero que no sea para mudarnos. Hoy tenemos una escuela con un parque único que no lo tenemos en la villa, donde vivimos hacinados».