“En el mundo existen personas que comercian con nuestra libertad, con nuestra tranquilidad, con nuestra conciencia, con todo. También, mujeres y hombres valientes que imperfectos, a última hora nos salvan del fuego aunque a veces paguen con su vida. Cuando esas mujeres y hombres nos faltan, las calles, las plazas, se inundan de silencio y la tierra queda dolida esperando eternamente que regresen. Pero la memoria es caprichosa y obstinada. Siempre están de vuelta. Golpeando en nuestros corazones, palpitando, iluminando el sonido”. Con esta reflexión, en boca de la actriz Cecilia Roth, termina el documental En cumplimiento del deber, cuyo preestreno fue presentado este viernes por la noche a través de un cinemóvil en Jovellanos al 1200, en Barracas, en las puertas de lo que alguna vez fue Iron Mountain, donde el 5 de febrero de 2014 tras un voraz incendio, murieron diez bomberos (dos de ellos se suicidaron luego) y dos rescatistas.

“Cuando me dicen gracias pienso que yo tengo que agradecer por haber participado y haber sido metida con el alma y el cuerpo dentro de este horror que fue y es Iron Mountain. Estuve metida dentro de ese lugar el tiempo que rodamos. Estoy muy emocionada, los banco para siempre y las causas perdidas no son causas perdidas, hay que seguir peleando por ellos. Todos juntos y juntas”, había mencionado la actriz poco antes desde el atril, que hizo las veces de escenario de un sentido homenaje a 8 años de la gesta.

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En diálogo con Tiempo, el director, Jorge Gaggero, contó que la idea de hacer el documental surgió cuando el productor Renato Miari le propuso hacer algo con los Panamá Papers y acudió tanto a él como a su padre, de nombre también Jorge, quien es economista tributarista especializado en lavado de dinero y paraísos fiscales. “Después de reflexionar, sentí que la historia que había que contar era la de Iron Mountain, que podía plasmar más concretamente toda esa cuestión opaca y esa mafia que está incrustada en el mundo empresarial de estos tiempos y el drama humano del hombre de a pie, trabajadores como nosotros, empleados públicos, bomberos, gente que arriesgó su vida y la perdió por un depósito que ocultaba información de empresas investigadas”, describió.

El film destaca que en ese año preelectoral, el gobierno de Cristina Kirchner había tomado algunas medidas para frenar la fuga de capitales y que entre otras empresas multinacionales y entidades financieras, el HSBC había quedado bajo la mira de la Procelac, la UIF y el Banco Central. Los entonces funcionarios, como José Sbatella o Pedro Biscay, detallaron cómo eran las maniobras. Incluso, prestó su testimonio también Hernán Arbizu, el exdirectivo del JP Morgan que se encargaba de que las empresas enviaran sus millones de dólares a paraísos fiscales.

La investigación da cuenta de que Iron Mountain ya había tenido incendios (casi todos intencionales) en otras partes del mundo: tres en Estados Unidos, uno en Inglaterra, otro en Italia y en Canadá. Además, se precisa que el depósito de Barracas tenía irregularidades en su habilitación, cuyo expediente sugestivamente se perdió, y que la empresa había sido beneficiada con exenciones impositivas por el entonces gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires. También se destaca la falta de contención psicológica de los compañeros de las víctimas y sus deudos.

Durante el documental, diferentes especialistas precisaron la principal hipótesis de la querella: que aquel día fueron «plantados» en el lugar dispositivos electrónicos que dieron inicio al fuego que luego se alimentó con “sustancias combustibles”.

“Es admirable cómo los familiares siguen luchando, pidiendo justicia y obteniendo de a poco diferentes logros. Este documental, por un lado, intenta mostrar eso y, también, el accionar de los victimarios”, concluyó Gaggero, todavía conmovido.  «

Una causa judicial que busca nuevas imputaciones

El abogado de la mayor parte de los familiares de las víctimas, Javier Moral, puntualizó a Tiempo en qué situación está la causa judicial. “A raíz de la resolución del 30 de diciembre de 2020 de la Cámara del Crimen que revocó el procesamiento de 17 de los 23 convocados a indagatoria en virtud de un déficit de fundamentación respecto al inicio del incendio entendió que debía  profundizarse por medio del colegio pericial”.

Así fue que a mediados de enero organismos como la UTN, el INTI, los bomberos y los peritos de parte presentaron “sus conclusiones las cuales si bien compete a la Justicia determinar la intencionalidad o no, lo cierto es que a criterio de la querella, que recordemos que son bomberos y los que más saben de incendios, entienden que sin lugar a dudas esto fue intencional”, añadió Moral.

Los familiares de las víctimas creen que con estos elementos el juez de primera instancia, Pablo Ormaechea, debería reforzar su fallo en el que procesó a 23 personas, entre funcionarios porteños y empleados de Iron Mountain. “Probablemente estas pruebas sirvan también para traer nuevas imputaciones y nuevas responsabilidades”, puntualizó el abogado. Ahora, la defensa deberá, o no, contrastar estos elementos y luego, con la confirmación de la Cámara mediante, la causa estaría en condiciones de ser elevada a juicio oral y público, posiblemente para 2023.

En tanto, a días del octavo aniversario, el altar erigido a la altura del paredón que sepultó a los bomberos fue vandalizado. “Pasaron muchas cosas raras desde octubre de 2014 hasta ahora. Nos seguían autos, sentimos intervenidos los teléfonos y ahora de repente, a días de este homenaje, nos prendieron fuego el altar y robaron todo. Son mafiosos», esgrime Mimí Albornoz, la madre de Sebastián Campos, uno de los bomberos fallecidos.