Lo que puede pasar en el Servicio Penitenciario Federal, a causa de la superpoblación, de hecho ya pasó en la provincia de Buenos Aires durante la primera parte de la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal. Entre marzo y julio de 2016, se debió cerrar el cupo de cárceles bonaerenses, es decir, no permitieron ingresar más detenidos que los que salían en libertad. Eso provocó que en un año se duplicara la cantidad de personas detenidas en comisarías. Desde el CELS venimos sosteniendo hace años que las comisarías no pueden alojar detenidos. Incluso un fallo de la Suprema Corte Bonaerense de diciembre de 2015 lo prohibió y requirió al Poder Ejecutivo provincial «los medios necesarios para su pronta subsanación».

Desde entonces no se pensó en políticas para lograr más libertades o desacelerar el encarcelamiento. Todo lo contrario. Desde 2012, con la gestión del gobernador Daniel Scioli, se encararon políticas y discursos que generaron un mayor nivel de encierro. Nosotros advertimos que la curva iba en ascenso y que el sistema iba a estallar.

La superpoblación repercute en más violencia y menos atención médica, es decir, en más enfermos y más muertes. En parte es consecuencia de una política criminal que propone un mayor nivel de encarcelamiento como respuesta a la problemática de la inseguridad. La Argentina tiene demasiados antecedentes de masacres en cárceles y comisarías. Lejos de pensar un sistema de control de la superpoblación y bajar la cantidad de detenidos, están echando más leña al fuego. Y así esto solo puede explotar. «

*Coordinadora del equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro del CELS