En Jujuy entre Cochabamba y Constitución, debajo de la Autopista 25 de Mayo, se levanta la Casa Trans. Es la primera en Latinoamérica. Busca ser un espacio de contención desde el que se aborde de manera inclusiva la cuestión trans, con la articulación de programas de prevención y testeo de VIH, capacitación en oficios y vías alternativas para finalizar los estudios. O sea: se ocupa de lo que no llega a hacer el Estado. “Hacía diez años que veníamos pidiendo por esto. El año pasado insistí mucho porque en el tiempo que llevo en Buenos Aires nunca había visto tantas chicas trans en situación de calle, que duermen en la plaza, en las estaciones. La idea es que la Casa Trans sirva de contención: todos los días funciona el bachillerato para terminar el primario y el secundario, hay cursos para cuidadores y cuidadoras de la tercera edad, y talleres de literatura, yoga, maquillaje, peluquería y psicología. El último mes pasaron por aquí más o menos unas 670 personas trans”, cuenta Marcela Romero, fundadora del espacio que se inauguró en 2017.

En mayo de 2012 se sancionó en la Argentina la Ley de Identidad de Género, que permite que coincidan en el documento el nombre y el género autopercibido, además de incluir en el Programa Médico Obligatorio los tratamientos para la adecuación de género. Seis años después, esa igualdad ante la ley no se traduce en igualdad en lo cotidiano. No sólo porque una parte de esa normativa no se cumple. La discriminación laboral, sobre todo, continúa siendo una de las mayores problemáticas que sufre este colectivo. Según las estadísticas del Inadi, durante el período 2015-2017 los tres motivos discriminatorios más denunciados fueron discapacidad, orientación sexual e identidad de género y salud.

En cuanto a los ámbitos donde más se denuncia discriminación, el laboral ocupa el primer lugar y la educación, el segundo. Durante el primer semestre de 2018, esos tres ítems sumaban la mitad de las denuncias recibidas en el organismo, y las denuncias por discriminación hacia la diversidad sexual fueron el 14% del total.

“El trabajo es algo sustancial que nos organiza la vida. Para las personas trans es una de las barreras más difíciles de pasar. Empezando por la historia de cada persona. Una persona trans expresa su identidad, en general, entre los ocho y los 12 años. En esa etapa, muchas veces son expulsadas de sus hogares. Ahí empiezan a tener complicaciones para acceder a todo lo demás: la formación, la instrucción, y después, conseguir un empleo”, explica Silvina Maddaleno, coordinadora del Programa de Diversidad Sexual del Inadi.

En julio de este año se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para que se apruebe el cupo laboral del uno por ciento de los puestos de la administración pública para personas travestis, transexuales, transgéneros y masculinidades trans. El Inadi y algunos otros organismos u oficinas públicas también abrieron algunos puestos, pero es apenas un granito más de arena. Según los datos que acompañan ese proyecto, el 98% de ese colectivo no tiene un trabajo formal. La prostitución, entonces, aparece casi como la única opción.

Ángeles tiene 22 años. Es salteña. Participa de los talleres de peluquería y maquillaje en la Casa Trans. Y también del curso de gerontología, al que vislumbra como una salida laboral. “En algún momento de mi vida fui trabajadora sexual. Ejercí unos cuatro o cinco meses, pero yo hace sólo un año que hice mi transición. Para las personas transgénero –cuenta–, es difícil conseguir trabajo. La gente cree que no tenés la misma capacidad ni la misma mentalidad que una persona hétero. Si hay una vacante disponible, a la hora de la entrevista, si sos trans te dicen que ya está ocupada.”

En el barrio de La Boca funciona la Cooperativa La Paquito. Es un grupo de ocho personas trans que buscaron crear una alternativa de trabajo que no sea la calle. El nombre es un homenaje a Paco Jamandreu, el modisto de Eva Perón, “el primer puto peronista”, define Diana Aravena, la presidenta de la cooperativa. En La Paquito se hacen tazas, remeras, calcos y pines con una retórica peronista. “Después de la Ley de Identidad, nos concentramos en la demanda del acceso al trabajo. Queríamos mostrar que no estamos en la calle ni en la noche porque nos gusta sino porque es la única alternativa que nos dejan para trabajar. Por nuestra reivindicación peronista, creemos que el trabajo es lo que te organiza, te da derechos. Y ahí apareció la idea de la cooperativa. Ya van seis años. Y de alguna manera nos sirve para sostenernos, aunque los últimos dos lógicamente fueron los más duros”, explica Diana.

La otra gran problemática tiene que ver con el acceso a la salud, sobre todo con cumplir con lo que marca la ley: que el tratamiento hormonal para quienes decidan hacerlo sea gratuito y accesible. “Eso no se cumple porque dicen que no hay presupuesto. Y lo que está pasando con este ajuste brutal nos afecta aun más. Hay personas que arrancaron el tratamiento hormonal hace tres, cuatro años, y de repente lo cortan. Es muy caro el tratamiento. La gran mayoría de las personas trans no están incluidas en el mercado laboral, no tenemos obra social, dependemos del Estado. El gobierno no compra las hormonas y eso nos preocupa”, explica Marcela Romero.

Iván es un varón trans de 39 años. Tramitó el DNI con su nombre en 2012, apenas se promulgó la ley. “Pero el acceso a la salud fue más complicado. La ley dice que en cualquier hospital público, obra social o prepaga me deberían hacer la mastectomía gratis. En la Ciudad de Buenos Aires sólo la hace el Hospital Durand, pero tiene una lista de espera de uno a cinco años. Tuve que ir a Ensenada a hacérmela, donde me trataron de diez. Me quedó una cicatriz ínfima, como una tanza. En otros lugares te lo hace el mismo cirujano que opera a mujeres con cáncer de mama. Y no es lo mismo, hay chicos que quedan mutilados”, relata.

Iván también asiste a la Casa Trans: busca terminar los estudios que tuvo que dejar porque su imagen no decía lo mismo que su documento. No soportó las cargadas y abandonó el secundario. “Desde muy chicos se nos cortan las posibilidades. Sin estudios es difícil competir por cualquier puesto por más básico que sea. Fui vendedor ambulante mucho tiempo. Una vez trabajé en un kiosco, en negro. Le expliqué al dueño que era un hombre trans y me dijo que no había problemas. Cuando me echó, me empezó a tratar de mujer, con nombre femenino como para hacerme sentir mal y que no reclamara mi indemnización. También paseé perros durante años. Pero subí mucho de peso para tapar. Y ya no podía hacer actividad física”.

Micael es de Jujuy. Tiene 27 años. También está en Casa Trans para formarse: piensa que aprender el oficio del cuidado de la tercera edad será una salida laboral a futuro. Asegura que la endocrinóloga del Hospital Gutiérrez cumple con su tratamiento a la perfección. Pero lo asusta la discriminación: “Para las personas trans es más difícil, porque se sufre discriminación en la transición. En Jujuy yo trabajaba en una fábrica de plásticos y el supervisor era muy invasivo, medio homofóbico, y terminamos mal. Me tuve que ir. Acá sólo conseguí changuitas en obras. El rendimiento físico, la verdad que no es el mismo, pero podría hacer otras cosas igual.”

Maddaleno, la coordinadora de Diversidad del Inadi, remarca que la población trans es la que tiene una vulnerabilidad de derecho más alto. Y así lo resume: “Pensemos que la población tiene un índice de vida de 35 años. Es el mismo que tenía toda la humanidad en la Edad Media.” 

Bullying homotransfóbico

La niñez y la adolescencia son las etapas de la vida en las que con mayor frecuencia se cimenta la identidad de género autopercibida, y son también momentos de alta vulnerabilidad en ámbitos como el educativo, que el Estado no siempre registra, al punto que sus informes sobre bullying no contienen datos específicos sobre violencia hacia las personas LGBTI. Esa falta de información, que invisibiliza la homotransfobia en la escuela, impulsó en 2016 una Encuesta Nacional de Clima Escolar para Jóvenes LGBT de 13 a 20 años, que realizó en la Argentina la asociación civil 100% Diversidad y Derechos y de la que participó un total de 781 estudiantes de todo el país. Entre los datos centrales del estudio, conocidos el año pasado, se señala que:

–El 67,9% de lxs encuestadxs dijo sentirse inseguro/a en la escuela por su orientación sexual. Y el 43,8% evitó ir a la clase de gimnasia por la misma razón.

–Un 76,2% escuchó comentarios homofóbicos tales como “maricón” o “torta” a menudo o con frecuencia.

–Un 71,2% fue acosado verbalmente por su orientación sexual, y el 67,8%, por su expresión de género. El 32,5% de los estudiantes LGBT fue físicamente acosado por su identidad de género. Y el 13%, atacado (golpeado, pateado, herido con un arma) en la escuela.

–El 42,7% de lxs alumnxs LGBT dijo que, cuando denunciaron los casos de violencia homofóbica, la intervención del personal de la escuela fue completamente inefectiva.

–Aquellos que tuvieron niveles más altos de victimización por su orientación sexual o identidad de género informaron tener calificaciones más bajas que los que fueron menos victimizados.

–El 14,2% informó que debió cambiar de escuela al menos una vez en el último año por la inseguridad o la incomodidad que sentían. Y un 38,9% dijo que no había ido a la escuela al menos un día durante el último mes por la misma razón. Lxs alumnxs sometidxs a un mayor nivel de victimización registran el doble de probabilidades de ausentismo.

–El 61,9% no tenía o no sabía que hubiera una política de acuerdos de convivencia o prevención de la violencia en su escuela. Y sólo un 7% aseguró que esa política mencionara la expresión de género, la orientación sexual o ambas.

–Apenas un 26,1% de lxs alumnxs encuestadxs reportó haber recibido información positiva sobre temas LGBT en clase.

Baños sin binarismo

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(Foto: Soledad Quiroga)

A principio de agosto de 2017 se inauguró en la planta baja de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, en Ciudad Universitaria, un baño sin distinción de género, “para todas las personas que quieran utilizarlo”, según el cartel ploteado en el ingreso. Hay una antecámara con espejo, lavamanos y un cambiador, y atrás, tres mingitorios y tres cubículos con sus inodoros. La propuesta es repensar el diseño de espacios comunes desde una perspectiva inclusiva.

Normativizada en el más privado de los espacios públicos, la “segregación urinaria” que consagra el baño público condensa un debate central de esta época, en lo simbólico y en lo material, respecto de usos y prácticas naturalizados que obstaculizan el ejercicio del derecho a la identidad de género, consagrado por ley.

Para el INADI, que celebró la decisión de la FADU, la habilitación de “baños mixtos” es una importante política inclusiva, sobre todo en los ámbitos educativos, no sólo para facilitar el acceso a instalaciones sanitarias a las personas trans, sino también a padres con sus hijas, madres con sus hijos y personas con discapacidad que necesiten ser asistidas por alguien de otro género.

La idea es desnaturalizar el binarismo y discutir los espacios que lo reproduce. En ámbitos universitarios, ya lo habían hecho antes la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, en 2012, y en julio del año pasado, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba readecuó un baño de hombres del hall central quitando los mingitorios.

Los baños diferenciados para hombres y mujeres, que no existen en las casas, surgieron en el espacio público a principios del siglo XX, y convirtieron lo que para muchas personas es un mero trámite, el alivio de una necesidad corporal, en un elemento de disciplinamiento social para el colectivo trans, expuesto a la violencia simbólica de optar por algo que no responde a su identidad de género.

La iniciativa fue adoptada rápidamente por muchas empresas, y también por restaurantes que, de acuerdo a la normativa vigente, instalaron zonas comunes en el sector de lavatorios para hombres y mujeres. El nuevo Código de Edificación porteño, aprobado en primera lectura a principios de septiembre y polémico por los beneficios que otorga a la especulación inmobiliaria, tiene varios puntos destacables: uno de ellos es el que permite a bares, shoppings y otros locales comerciales poner baños unisex. Hasta ahora sólo podían ser mixtos si los usaba una persona a la vez. Los cartelitos indicadores del género, hoy obligatorios, serán opcionales.