No es gratuito dejar que la principal herramienta de inmunización de la población venza y quede inutilizada. Son enormes recursos económicos que el Estado dilapida, pero también es demoledor el efecto en la salud.

El despropósito de la gestión Cambiemos en salud no se agota, en este caso, en los delitos de malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Desde el Ministerio de Salud de la Nación advierten que, como consecuencia de la no cobertura del calendario de vacunación, se ha producido un aumento de la muerte de niños menores de un año a causa de la tos convulsa.

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El dato se vincula directamente con la negligencia de comprar vacunas, no distribuirlas y dejar que venzan.

El inventario de la denuncia sobre las vacunas vencidas computa exactamente 4.141.343 unidades (3.845.822 vacunas y 295.521 diluyentes más goteros de Sabin). Entre el costo de las vacunas, los servicios de almacenamiento y de destrucción de las dosis que serán desechadas, el total de perjuicio al erario público fue calculado por la cartera sanitaria nacional en 1.422.912.240 pesos.

Ahora bien, de ese total, se destacan las 2.213.560 vacunas antigripales. Como reveló Tiempo en octubre de 2017, aquellas vacunas antigripales habían sido adquiridas para la campaña antigripal de ese año, pero no fueron distribuidas por la gestión Cambiemos a las distintas jurisdicciones según lo planificado.

Y hay, además, un embarque entero con 600.000 dosis de triple bacteriana acelular (dpaT), vencidas. La vacuna dpaT, que protege contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa, está incorporada en el Calendario Nacional de Vacunación a los 11 años y para las personas embarazadas.

La cantidad que se adquiere por año de esta vacuna es de 1.400.000 dosis. Esto quiere decir que en 2018 se distribuyó a las jurisdicciones el 65% de lo planificado para ese tipo de inmunización.

La tos convulsa (también llamada coqueluche o pertussis) es una enfermedad infecciosa aguda de las vías aéreas, altamente contagiosa, sobre todo en bebés y los niños, que se transmite de persona a persona al toser o estornudar. Los menores de 1 año tienen una alta probabilidad de desarrollar complicaciones graves, como la neumonía, y un alto índice de mortalidad. La enfermedad puede evitarse, siempre que haya vacunas.

Precisamente, el Calendario Nacional de Vacunación incluye cuatro vacunas para dar inmunidad contra la tos convulsa: la pentavalente, que se aplica a los 2, 4 y 6 meses; la cuádruple, a los 18 meses; la triple bacteriana celular, al ingreso escolar; y la triple bacteriana acelular, que se aplica a los 11 años, al personal de salud que atiende a niños menores de 1 año, y a los convivientes de niños prematuros de menos de 1,5 kilos de peso.

Ahora bien, 600 mil dosis de esta vacuna son las que se echaron a perder ya en 2018.

El aumento de los casos de tos convulsa, consecuentemente, se detectó ya a mediados de 2019. El Boletín Integrado de Vigilancia epidemiológica que publicaba la entonces degradada Secretaría de Salud del macrismo indicaba que los 339 casos confirmados de coqueluche en las primeras 25 semanas de ese año eran un 64% más que los 206 detectados en igual período de 2018.

El documento explica que “la distribución por edad muestra que el 70% de los casos confirmados son menores de 1 año y los menores de 2 meses representan el 23%”, y agrega que “este último grupo etario debería estar protegido por la vacunación materna con triple bacteriana acelular”.