En un fallo histórico, el sacerdote Justo José Ilarraz fue condenado a 25 años de cárcel por abuso y corrupción de menores, delitos perpretados entre 1985 y 1993 contra al menos siete adolescentes –los que declararon en el juicio, aunque se cree que fueron muchos más– que estaban a su cargo en el Seminario de Paraná, donde se desempeñaba como prefecto de disciplina y era una suerte de guía espiritual de esos jóvenes.

La sentencia leída este mediodía en los tribunales de la capital entrerriana pone fin a un extenso proceso, que para las víctimas empieza a cerrar un círculo de tres décadas de padecimiento, y que llega seis años después de que los casos salieran a la luz pública para ser debidamente investigados. Antes habían sido sistemáticamente ocultados por la jerarquía eclesiástica.

Acaso como ningún otro en la historia de la Iglesia Católica argentina, el caso Ilarraz ha conmovido los cimientos de la institución, al punto que una treintena de religiosos y tres obispos debieron declarar en el juicio, que comenzó el 16 de abril pasado.

La contundencia de los relatos de las víctimas –las identidades de sólo tres de ellos se revelaron durante el proceso– y la numerosa evidencia recogida, en buena medida a partir de investigaciones internas impulsadas dentro de la diócesis paranaense sin informar a la justicia ordinaria, hacían vislumbrar una segura condena. La fiscalía entendió que debía pedir el máximo que establece el Código Penal para estos casos: 25 años. Y así lo entendió el tribunal integrado por los jueces Alicia Vivian, Carolina Castagno y Gustavo Pimentel, en una audiencia pública que pudo verse por el Canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.