La Defensoría del Pueblo de la Ciudad advirtió sobre la brecha económica que existe en la conectividad en los barrios populares respecto del resto de la Capital. Un informe del organismo estableció que en las villas y asentamientos porteños es mucho más caro el acceso al servicio de Internet, lo que genera, sobre todo en el contexto de pandemia, una serie de perjuicios para el desarrollo de sus habitantes.

El trabajo llevado adelante por el área de Villas del organismo que conduce Alejandro Amor describe las distintas alternativas para acceder a Internet en estas barriadas. Todas son más costosas que las opciones que existen fuera de estos lugares. Se trata de la prestación que pueden realizar cooperativas, pequeñas empresas o a través del uso de los datos de los celulares. Todo esto ocurre porque a las compañías que monopolizan estos servicios no les interesa ingresar a los asentamientos.

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Desde la Defensoría aclaran que suelen ser “pequeños emprendedores los que reproducen, en los barrios informales y sin la infraestructura adecuada, el servicio que suministran las grandes prestadoras de la ciudad formal”. Por eso, los costos y el precio difieren en cada barrio, a la vez que la calidad del servicio generalmente es deficiente. 

Otro dato importante es que el monto de la instalación que en otros sitios está bonificado, en villas y asentamientos, en el caso de que las grandes prestadoras accedan a entrar, tiene un valor muy por encima de los del mercado.

Con respecto al uso de datos del celular, la opción más frecuente para estos vecinos “suele ser marcadamente más costosa que el servicio domiciliario. Además, el plan de celular que suele usarse en las villas, de tipo prepago, eleva los costos adicionales en datos”, explican desde la Defensoría.

Del informe se desprende que el organismo recibió durante todo 2020 más de 300 denuncias por esta problemática. “En medio de la pandemia, gran parte de la población de las villas buscó estar conectada sobre todo por la importancia de la virtualidad para la educación, pero también para cobrar el IFE, hacer trámites o mantenerse actualizados”, explica a Tiempo Malena Dondo, coordinadora operativa de Villas de la Defensoría.

A mediados del año pasado, el juez Andrés Gallardo hizo lugar a un amparo presentado por diferentes asociaciones civiles como la Defensoría del Pueblo, para que la Ciudad garantice la continuidad del estudio durante la cuarentena. Le ordenó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que entregue los dispositivos electrónicos y provea las antenas wifi que hicieran falta. El macrismo cuestionó la medida y la Sala III de la Cámara de Apelaciones porteña revocó parcialmente el fallo.

“La Justicia había dispuesto que debíamos coordinar un registro para determinar las necesidades de los estudiantes y priorizar si había que distribuir tarjetas con datos, computadoras o lo que fuera. Quedó todo suspendido”, se lamenta Dondo, quien reconoce que, a diferencia de la gestión de Mauricio Macri, Larreta decidió “intervenir fuertemente en al menos cuatro villas: la 20 de Lugano, la 31 de Retiro, Rodrigo Bueno en Costanera Sur y el playón ferroviario de Chacarita, donde a través de cuatro leyes se busca mejorar las viviendas, abrir calles y que lleguen servicios como agua y cloacas”.

“Pero –puntualiza– en ninguno de estos proyectos se incluye el acceso a Internet como un servicio. Se hacen pozos para todo y no para que pase la fibra óptica. Es inexplicable”.

Nación avanza, Ciudad no

El año pasado, el DNU 690/20 estableció que las Tecnologías de la Información y las Comunicación son consideradas como un servicio público. En ese contexto, el Enacom creó el Programa de Conectividad para Barrios Populares.

“Están a la firma de convenio tres proyectos: El Hormiguero, con cinco barrios en CABA; la cooperativa de trabajo Solidaridad, con 13 barrios en Formosa; y La Poderosa, con 16 barrios en distintos puntos del país. Todos ellos por un valor de poco más de 111 millones de pesos”, confirma Natalia Vinelli, subdirectora de Proyectos Especiales del Enacom. “Otros tres proyectos –agrega– están listos para su aprobación. Involucran a 29 barrios más en el Gran Buenos Aires y en CABA”. Además, hay otros 40 proyectos en estudio que resolverían la conectividad en unos 700 barrios de los 4416 relevados por el Renabap. Se trata de iniciativas que tienen como protagonistas a cooperativas, pymes y redes comunitarias con fuerte trabajo territorial. 

Recuadro

Asistir a clases del otro lado de la brecha digital

Víctor tiene 16 años y vive en el Playón de Chacarita, una de las villas sin acceso a Internet. Logró pasar a 4° año del Polimodal gracias a la ayuda de su madre, que trabaja en la Escuela Juan Pedro Esnaola, donde él estudia. “Pasar a lo virtual fue un cambio muy difícil para mí. No quería perder la continuidad pero me terminaba quedando sin crédito y no podía recargar la tarjeta. Personal me terminó cortando la línea”, cuenta el chico. “Lo que hicimos con mi mamá fue mandarle correos a los profes para que me dejaran el material en la escuela. Entonces iba ella, le sacaba fotocopias, me lo traía, yo lo hacía y ella volvía a dejarlo en la escuela. No fue lo mismo, pero estuve así todo el año pasado”.
Para Yusara, de 27 años, el problema de la falta de conectividad no es nuevo. Vive en el Sector 3 de La Carbonilla, en La Paternal, y las veces que intentó que una empresa le brindara el servicio la respuesta fue la misma: “Se niegan a venir porque les figura como ‘zona roja’. O nos querían cobrar sólo la instalación más de 5000 pesos”, recuerda la mujer, madre de un nene que está en el jardín y una nena de primer grado. “Las maestras sabían que las videollamadas se nos podían cortar de un momento a otro. Cada Zoom nos costaba entre 200 y 300 pesos. La clase duraba hasta donde llegaba el crédito”.