El gobierno promueve una ley para dar vía libre a la fumigación con agrotóxicos

Por: Gastón Rodríguez

Cuatro ministros anunciaron un programa de "buenas prácticas para la aplicación de fitosanitarios" que, de aprobarse, supondría un freno a las ordenanzas municipales que restringen el uso de plaguicidas.

El miércoles, en conferencia de prensa, el presidente Mauricio Macri revalidó la alianza «estratégica» con el campo al confirmar que mantendrá el esquema de rebaja a las retenciones. «No son un impuesto inteligente», justificó. Pero el favoritismo expreso del gobierno con este sector tiene otra arista que no permite polemizar cuando profundiza el actual modelo agroindustrial, caracterizado por una producción extractivista que se nutre de monocultivos, transgénicos, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos o, en palabras más simples de los ambientalistas, acentúa «la dependencia total de los venenos”»

El 11 de julio, los ministros de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, y de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, anunciaron los resultados del Grupo de Trabajo Interministerial sobre «Buenas Prácticas en materia de Aplicaciones de Fitosanitarios». Lo hicieron en una conferencia de prensa, donde también participaron los titulares de las carteras de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, y de Salud, Adolfo Rubinstein. El objeto de la acordada interministerial fue elaborar «los principios rectores de las políticas públicas nacionales de sus respectivas competencias sobre las aplicaciones de fitosanitarios en la agricultura y la alimentación», y en los sistemas de control y monitoreo de las mismas.

Sin embargo, para los ambientalistas el programa presentado apunta a motorizar una ley nacional que profundice la práctica agrícola predominante basada en el uso de agrotóxicos, es decir, en intensificar las fumigaciones en el campo argentino aunque sea a costa de contaminar el suelo, el aire y el agua  y de enfermar –y matar– a los pueblos.

«Lo que propone el gobierno es blanquear, dar legitimidad a la práctica de envenenar con tal de tener una rentabilidad mayor. El segundo objetivo es generar un freno a lo que viene ocurriendo en ciudades grandes como Gualeguaychú, Rosario o Concordia, que empiezan a tener reglamentaciones locales que son restrictivas para las fumigaciones, porque se decide cuidar a la población por sobre las corporaciones», explica el médico y director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, Damián Verzeñassi. «Esta acordada –continúa– plantea un nivel de cinismo pocas veces visto, porque reconoce que los plaguicidas son veneno y que son dañinos para la salud. Sin embargo, sostiene que el daño depende de cómo se utilizan, por lo que traslada la responsabilidad del Estado de velar por la salud de la población al productor agrario. Es algo cínico y preocupante”.

Otra de las críticas al programa es que deja de lado la totalidad de las investigaciones nacionales y extranjeras que prueban que la aplicación de pesticidas tiene incidencia directa en la proliferación de graves enfermedades como el cáncer, y sólo se apoya en estudios financiados y distribuidos por compañías como Monsanto y Bayer, y convenientemente aceptados por organizaciones del campo como AAPRESID, que nuclea a los productores que realizan siembra directa y que considera a los agrotóxicos como «insumos inocuos y biodegradables».

En el mismo sentido opina Marcos Filardi, abogado especialista en el derecho a la alimentación. «Lo que hay que discutir es el modelo productivo basado en el uso de 400 millones de litros/kilos de agrotóxicos con 4718 formulaciones comerciales distintas. Así no hay manera de evitar el impacto en la salud y en el ecosistema. Lo que proponen es un cambio cosmético para mantener el modelo dominante intacto.» «


«Uno se puede morir tomando agua»

Durante la conferencia de prensa en Agroindustria, Rubinstein, Barañao, Bergman y Etchevehere dejaron frases, cuanto menos, desafortunadas para justificar la aplicación de glifosato y otros agrotóxicos en todo el territorio nacional.

Un ejemplo fue el del titular de la cartera de Ciencia y Tecnología, al declarar que «uno también se puede morir tomando mucha agua. No hay sustancia inocua. Dependemos hoy de los fitosanitarios para proveer alimentos al mundo. El problema está. Y es algo que yo siempre le he reclamado a los productores. ¿Cuál es el problema con los fitosanitarios o los agroquímicos respecto de otras tecnologías que también tienen efectos nocivos como la electricidad o el automóvil, que también producen muertes?».

Ante una pregunta del periodista de la revista Cítrica sobre la posibilidad de que se realicen análisis de agrotóxicos en sangre y orina en poblaciones fumigadas, en el marco de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS), Rubinstein reconoció que su área no lo tiene como prioridad. «Fue un proceso de priorización, no hubo ninguna razón en especial para no hacerlo», explicó.

Incómodos

La presentación del trabajo interministerial de las carteras de Salud, Ciencia y Tecnología, Ambiente y Agroindustria fue transmitida en directo a través de la página oficial de la cartera campestre. Sin embargo, cuando los ministros comenzaron a ser incomodados por las preguntas de algunos periodistas presentes, especialistas en medioambiente («¿piensan visitar a las poblaciones en donde se incrementaron los casos de cáncer a causa del glifosato?», por ejemplo), la transmisión fue cortada de manera abrupta.


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