Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) que fue elaborado junto a diferentes organismos, revela la situación de mujeres en contexto de arresto domiciliario en distintos países de Latinoamérica. Muchas de estas medidas fueron otorgadas durante la pandemia global declarada por el virus Covid-19. El análisis hace foco en el impacto que tiene en la vida cotidiana de las personas que transitan esta modalidad de encierro en sus casas.
“El presente trabajo muestra que el arresto domiciliario es una medida menos restrictiva que el encarcelamiento, pero no deja de ser una forma de privación de la libertad. Dentro de las alternativas que existen es una de las más gravosas. Porque cuando las mujeres que están en arresto domiciliario no acceden al trabajo, la gran mayoría de ellas no tienen acceso a la salud y en muchos casos se les cortan los tratamientos que estaban haciendo en los establecimientos penitenciarios”, explica a Tiempo, Mariana Lauro, jefa del área de Colectivos Vulnerables en Prisión de la PPN.
“La falta de datos oficiales y de estándares de medidas alternativas que den cuenta de cómo se debería regular el cumplimiento del arresto domiciliario es un déficit que el informe marca y que es un tema a resolver. El documento muestra la ausencia de información a nivel regional. El impacto más fuerte es la falta de acceso a derechos básicos, como ser, salud, trabajo y educación”, enfatiza la abogada.
“Otra cuestión interesante de este trabajo es que hay un apartado que tiene recomendaciones, ahí hay líneas bien claras que explican cómo se debe garantizar el acceso a estos derechos. También cómo articular con el trabajo de las organizaciones sociales e implementar programas de acompañamiento comunitario y apoyo. Porque éstas mujeres están totalmente solas con sus hijos en el domicilio y sin ninguna posibilidad de desarrollar actividades de ningún tipo e incluso de ir al médico”, asegura Lauro.
Considera que una de las recomendaciones centrales es la de generar mecanismos que ayuden al procedimiento de solicitud y recepción de los permisos extraordinarios que hagan las mujeres en caso de necesitarlo: “Por ejemplo, que se resuelvan rápido los permisos para ir al hospital. El informe tiene referencias a estudios de casos que dan cuenta de cómo atraviesan las mujeres el arresto domiciliario. Están presentes las veces de ellas que están sufriendo este tipo de prisión. También hay un apartado informativo de los distintos países de la región que tiene datos oficiales sobre el arresto domiciliario”, termina Lauro.
El estudio enfoca en los impactos de esta modalidad de encierro en las mujeres de las Américas. Teniendo en cuenta que -en las últimas dos décadas- la población de mujeres privadas de la libertad en la región ha aumentado, y la mayoría de ellas viven en situaciones de pobreza y exclusión social extrema. Es lo que muestra la necesidad de crear alternativas al encarcelamiento con un enfoque particular en las pibas.
Participaron en el trabajo organizaciones Derechos Humanos, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), Dejusticia, Equis: Justicia para las Mujeres, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, Instituto Pro Bono, y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
“Consideramos que la problemática de mujeres en arresto domiciliario es un tema muy invisibilizado. Desde nuestro organismo hace un tiempo expusimos una medida que muestra que esta población ha crecido en los últimos tiempos. Estamos trabajando en un informe que publicaremos a fin de año, el mismo está basado en la provincia de Bueno Aires”, cuenta a este diario Macarena Fernández Gofmann, del CELS.
“La situación de las mujeres en el encierro es muy particular a comparación del resto de la población carcelaria, es muy pequeña, en nuestra provincia es de un 4% respecto al total. El encarcelamiento de ellas tiene un impacto muy duro en sus vidas y la de sus familiares, por sobre todo en sus hijes. Con muchísimas restricciones de derechos, además, sufrieron distintos tipos de violencias a lo largo de sus vidas. Es una realidad que tenemos que mirar con mucha atención”, agrega Fernández Gofmann.
Y continúa subrayando que: “La respuesta del sistema penal para las mujeres es muy dura. La mayoría de ellas están por delitos leves, sin violencia ejercida. Por ejemplo, el narcomenudeo, minoristas de drogas, tenencias simples u otros delitos que tampoco tienen gravedad. Es una política dura que tiene consecuencias tremendas en las vidas de estas mujeres y sus familias. El Estado debe mirar estas situaciones y tratar de dar una respuesta a la brevedad posible”.
“La prisión domiciliaria aparece como una alternativa, está contemplada para grupos de mujeres, por ejemplo, las que tienen hijos menores de 5 años, pero no siempre es tan fácil acceder a ella. Porque el Poder Judicial pone mucha resistencia para otorgarles este beneficio”, asegura Fernández Gofmann.
“Hay que problematizar en las condiciones que se otorga la domiciliaria. Se tienen que crear políticas que acompañen a las mujeres mientras transitan esta situación. Porque muchas veces quedan encerradas con monitoreo electrónico y no tiene para comer”, explica Fernández Gofmann. Y termina asegurando que: “Quedan en una situación muy precaria y súper invisibilizada. Tienen a sus hijos y tampoco los pueden llevar al médico y no tienen recursos de ningún tipo. Les dan el beneficio y quedan en situación de abandono, salvo algunos casos que reciben ayuda de las organizaciones sociales”.
La pandemia ha llamado la atención sobre la necesidad de que los gobiernos de Latinoamérica tomen iniciativas contra el hacinamiento en las cárceles. Lo hicieron ante un posible brote del virus en los lugares de detención donde el distanciamiento social y otras medidas sanitarias son difíciles de implementar. En este contexto, algunos países han adoptado medidas alternativas al encarcelamiento como el arresto domiciliario para reducir la población.
El arresto domiciliario está destinado a ser una medida menos restrictiva que otras formas de confinamiento y debería ayudar a las personas privadas de libertad en su proceso de reintegración a la sociedad.
Sin embargo, el informe titulado “Presas en casa: Mujeres en arresto domiciliario en América Latina”, muestra la imposición del arresto domiciliario sin garantizar el acceso a los Derechos Humanos que son fundamentales para el desarrollo de la vida. En particular para personas de bajos ingresos económicos esto puede ser tan punitivo como el encierro en un penal.
“El arresto domiciliario no debería simplemente reemplazar una forma de encarcelamiento por otra,” sostiene Corina Giacomello, profesora, investigadora y co-autora del reporte. “Los gobiernos de las Américas deberían garantizar que las personas que son sujetas al arresto domiciliario tengan sus derechos protegidos. Si la persona que está en esta situación no tiene la opción de ser empleada o no tiene acceso a asistencia médica cuando la necesite, las condiciones no son las adecuadas”, asegura. Y continúa. “Las autoridades deberían asegurar que las que están en arresto domiciliario tengan el apoyo necesario para mantener a sus familias y reintegrarse a sus comunidades”.
Los testimonios de las mujeres privadas de la libertad ilustran cómo los desafíos relacionados con el arresto domiciliario generalmente quedan invisibilizados. Cuando esta medida se implementa sin tener en cuenta el acceso a la educación, al trabajo, a asistencia médica y la alimentación puede ser peor que el encarcelamiento en las prisiones.
“La implementación del arresto domiciliario en condiciones tan estrictas puede ser contraproducente,” expresa Teresa García Castro, Asociada Principal de Programa en WOLA y co-autora del reporte. Y agrega. “Para que el arresto domiciliario sea efectivo, necesita ser implementado de una forma en que las mujeres puedan satisfacer sus necesidades básicas, mejorar sus condiciones de vida y resolver los problemas que las condujeron a estar en contacto con el sistema de justicia penal”.
El presente estudio examina la legislación en materia de arresto domiciliario en siete países de la región, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y la República Dominicana. También incluye el análisis de casos sobre los desafíos de la implementación efectiva del arresto domiciliario. En concreto, reclamo es que las autoridades empiecen a combinar el arresto domiciliario con programas educativos, laborales y de entretenimiento.
