Fernando Galarraga trabaja hace 20 años en organismos vinculados a la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, en 2018 asumió la Secretaría de Discapacidad de la CTA Autónoma en la Ciudad, y en noviembre de 2020 fue designado director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis). «Cuando asumimos, nos encontramos con un organismo muy debilitado, desordenado, sin poder dar seguimiento a expedientes, con falta de transparencia y, sobre todo, carencia de políticas públicas para el sector», detalla en diálogo con Tiempo. «La agencia –dice– es un organismo en construcción. Hoy estamos fortaleciéndola comprando equipamiento, generando sistemas propios para el funcionamiento e incorporando recursos técnicos nuevos.

–Durante la presidencia de Macri, seis de cada diez pensiones por discapacidad eran denegadas ¿Cuáles eran los argumentos?

–Ellos modificaron los criterios. Hubo en ese momento resoluciones de la agencia totalmente restrictivas. Una persona tenía que estar prácticamente en una indigencia absoluta para aspirar a una pensión. Esa medida de ajuste, el macrismo fue profundizándola en el tiempo. Pasó de rechazar el 4% de las pensiones al 62 por ciento. Eso fue un cambio de mirada, significó darles la espalda a las personas con discapacidad.

–Bajo su gestión ya se entregaron 110 mil pensiones, ¿quedan más por otorgar?

–Sí, las solicitudes van llegando sobre todo porque estamos atravesando un contexto muy difícil. Las personas con discapacidad tienen muy poco acceso al mercado laboral, ocho de cada diez no trabajan, y es por eso que se siguen recibiendo solicitudes de personas con discapacidad que aspiran a obtener este recurso del Estado, como un dispositivo de contención y apoyo en un momento complejo. Muchas están siendo evaluadas, pero tenemos una dificultad que es el certificado médico obligatorio que se requiere para este trámite. Ese certificado se adquiere en el sistema de salud, provincial y municipal, y este sistema hoy está estresado por la pandemia. Esto tiene demorado un número de trámites que nos permitiría resolver rápidamente esta situación. Es por eso que estamos trabajando fundamentalmente en la articulación con otros organismos públicos, con todos los ministerios y otras agencias, para resolver la incorporación de la perspectiva de la discapacidad en todo el Estado.

–El Plan Accesar, ¿tiene que ver con esa articulación de la que está hablando?

–Sí, porque es lo que plantea el presidente constantemente: que nosotros tenemos que trabajar en conjunto para que todas las personas se desarrollen y accedan a servicios en su lugar, donde nacieron, donde estudian, donde viven con sus familias, y esto a las personas con discapacidad habitualmente no les ocurre, porque hay pocos servicios o están muy alejados, o las posibilidades de rehabilitación o de inclusión laboral generalmente están concentradas y alejadas de sus lugares de origen.

–¿Hay un relevamiento de cuáles son las ciudades menos accesibles para personas con discapacidad?

–Actualmente no lo hay, pero sabemos que la Argentina es muy diversa y que las personas con discapacidad encuentran barreras de todo tipo, y para erradicarlas es muy necesario el trabajo articulado. Por eso, a través de Accesar vamos a realizar iniciativas articuladamente y a permitirnos abordajes amplios con los gobiernos locales.

–Desde diferentes escuelas, centros educativos terapéuticos, de rehabilitación y estimulación temprana están pidiendo un 70% de aumento en el pago de las prestaciones por discapacidad, ¿tienen pensado aumentar esas partidas, y cuánto? –Es un tema que venimos trabajando. De hecho, este año se aprobó un incremento del 34% y también dijimos en aquel momento que volveríamos a discutir y repensar el tema en función de los índices inflacionarios. Ese trabajo se está haciendo y en las próximas semanas vamos a brindar una respuesta para definir cuál va a ser el reajuste que vamos a brindar, para que el esquema que habíamos dispuesto hasta octubre sea mejorado y acompañe también los indicadores inflacionarios.