De acuerdo a la resolución 302/18, PAMI contrató para desempeñar tareas en la Gerencia de Recursos Humanos desde el 1° de abril hasta, al menos, el 31 de diciembre a Daniel Alejo Paredes. Percibirá por mes 40 mil pesos. El dato es, cuanto menos, llamativo si se presta atención a los antecedentes de la flamante incorporación. Paredes fue el renunciante ministro de Seguridad de Córdoba cuando en 2013 estalló el “narcoescándalo” por el que la cúpula de la División Drogas Peligrosas de la policía provincial fue acusada de mantener vínculos con narcotraficantes.

Paredes había llegado al gabinete de José Manuel de la Sota luego de un paso “exitoso”, según la opinión del gobernador, como jefe de la Policía de Córdoba, al lograr subir la cifra de detenciones anuales de 11 mil a 75 mil gracias a la reglamentación del Código de Faltas, una figura que habilita a demorar personas –jóvenes pobres casi en su totalidad– por “merodeo”, para obligarlas a identificarse, por hacer escándalo en la vía pública o por resistencia a la autoridad. A priori, ninguno de los antecedentes parece convertir a Paredes en un hombre idóneo para el puesto en PAMI, salvo, como denuncian en el organismo, que existan motivos velados.

“Es probable que el perfil de Paredes les parezca interesante a las autoridades para organizar un aparato de inteligencia interno que les permita identificar cuáles son los sectores más combativos en este contexto de ajuste. También es cierto que acá adentro ya empezaron a circular WhatsApp contando quién es este tipo y eso ya alcanza para inhibir a la gente”, confía a Tiempo un empleado de la institución, que pide reserva por miedo a posibles represalias.

Si bien aún nadie se hizo cargo de la elección de Paredes, su contratación solo puede venir desde la misma gerencia de Recursos Humanos (a cargo de Irene Sabalain, que responde a Graciela Ocaña), del despacho del director Sergio Cassinotti (bendecido por el presidente Macri y con lazos con la gobernadora María Eugenio Vidal) o, mucho menos probable, impuesto por alguno de los sindicatos afines a la conducción.

“Su nombramiento nos tiene desconcertados. Otra posibilidad es que sea la devolución de algún favor, quizás protegió a alguien en otra época y ahora le dan una cobertura con sueldo para que no quede sospechoso”, arriesga la fuente.

Los 40 mil pesos por mes que va a cobrar Paredes no parecen suficientes para el estilo de vida que acostumbra. En 2014, el programa cordobés ADN presentó el informe “Alejo Paredes, el policía millonario”, donde daba cuenta de sus viajes (Egipto, Roma –visita al Papa incluida–, Estados Unidos y el Caribe, entre otros destinos) y sus lujosas propiedades.

Operativo humillación

La última aparición pública de Paredes fue en mayo de 2016, en la entrega de diplomas de los egresados de la Licenciatura en Seguridad dictada en la Universidad Nacional de Villa María. Mucho antes, en 2007, como jefe de la policía de Córdoba, Paredes entendió la importancia de hacer números. En cuatro años la cantidad de agentes pasó de 11.800 a 23 mil y los “operativos saturación” ocuparon la periferia pobre. Las detenciones y las demoras por “portación de rostro” alcanzaron un pico histórico. Por ende, también crecieron los abusos. En los barrios les decían los “operativos humillación”.

Vaciamiento y nombramientos

El polémico nombramiento de Paredes ocurre en momentos en que desde el Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados (SUTEPA), entidad gremial con ámbito de actuación en el PAMI, denuncian que el organismo “está con pronóstico reservado y peligra su continuidad”. El comunicado de los trabajadores remarca que “a la grave situación que atraviesan las prestaciones sanitarias y sociales de la obra social, con ajuste en los medicamentos, se suma la afirmación de su titular, que en declaraciones a la prensa habló de la existencia de un ‘sobrante de cuatro mil trabajadores’ en la planta del organismo, afirmación que aún no fue desmentida”.

También consideran que hechos tales como la imposición de la ventanilla única, y el incremento del tipo de cambio que impacta en el precio de los medicamentos e insumos, redundarán en una mayor penuria económica de los jubilados y pensionados. Finalmente, la entidad gremial se pregunta: “¿Por qué dice el interventor Sergio Cassinotti, que sobran 4 mil empleados, si no para de nombrar amigos de la política para ocupar cargos de carrera?
A poco de asumir en PAMI, Cassinotti echó a 170 empleados jerárquicos que habían sido incorporados por su antecesor, Carlos Regazzoni. Fue una clara señal de ajuste. Sin embargo, desde entonces ha habido polémicos nombramientos entre los que destacan el de Paredes y también el del asesor Nicolás Siseles, quien había sido director de Protección del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Mauricio Macri. Que tuviera una condena firme por haber mantenido “en negro” a un trabajador no fue un impedimento.