El Mocase reclama la liberación de una pareja campesina y cuestiona el criterio judicial “clasista y persecutorio”

Por: Luciana Rosende

Elinda y Franklin, tercera generación en los campos de Quimilioj, están detenidos desde el viernes acusados de usurpación. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero está en estado de alerta. “Salimos a hacer el ejercicio de nuestro derecho en las calles y las rutas y estamos a la expectativa de que puedan pasar la Navidad en familia”, advierten.

Que Elinda y Franklin pasen la Nochebuena en sus casas. Que recuperen la libertad. Ese es el reclamo por el que en los últimos días el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) realizó cortes de rutas y protestas. Por estas horas esperan una respuesta de la fiscalía que interviene en conflictos territoriales, a cargo de Miguel Ángel Torresi, a quien acusan de intervenir “con un criterio clasista y persecutorio” en causas que apuntan contra comunidades campesinas que llevan generaciones en tierras donde los papeles de propiedad los tienen otros.

Elinda y Franklin, una joven pareja campesina que construía su vivienda a metros de las de sus padres y son tercera generación en los campos de Quimilioj -departamento Figueroa-, están detenidos desde el viernes. “Consideramos que una vez más esta fiscalía especializada en tierras, con la que se tenía una cierta expectativa porque venía a abordar situaciones de conflicto territorial en la provincia, tendría que realizar investigación, ir a los territorios, adentrarse en las situaciones de las comunidades. Pero desde el despacho toman este tipo de medidas, que básicamente prohíben que las personas que están viviendo en la comunidad puedan seguir desarrollando sus actividades día a día”, advirtió Pablo Mansilla, referente de Mocase en Figueroa. Y explicó: “Al plantear medidas de no innovar y prohibiciones de acercamiento, incumplibles, intentan tendernos una trampa para llevar a esta privación de la libertad. Porque las personas que vivimos en el campo desarrollamos nuestras tareas en todo el territorio: criar cabras, criar vacas, sembrar, tiene que ver con presencia cotidiana en todo el entorno, nuestra vida no está entre las cuatro paredes de la casa. Plantear estas medidas es generar una trampa producto del desconocimiento de la vida campesina indígena del monte profundo santiagueño”.

No es la primera vez que familias campesinas son detenidas acusadas de usurpar tierras en Santiago del Estero, una provincia caracterizada por la dispersión de la población rural en todo su territorio. “Camines donde camines hay un rancho, una posesión, una vida, una comunidad. Plantear esto es desconocer desde las capitales la forma de vida que tiene la mayor parte de la población”, cuestionó Mansilla. Agregó que el aumento de este tipo de situaciones tiene que ver con una mayor permanencia de las familias en los territorios campesinos, que décadas atrás se vaciaban a fuerza de migración.

“Somos familias que producto de los últimos gobiernos -a excepción del macrismo- hemos logrado revertir la tendencia histórica de la migración. Familias jóvenes que se van arraigando, van haciendo sus ranchos, cuyo tronco familiar se encuentra en estos parajes. En los 70-80 el grueso se iba a Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Esa tendencia se ha revertido. La población en Santiago ha aumentado porque el arraigo tiene que ver con esta cuestión productiva”, describió el militante. Sobre la pareja detenida, detalló que “estaban comenzando a comprar materiales para hacer su casa a 100 metros de la casa materna y a 700 de la casa paterna”.

“En los últimos años y en tiempos de pandemia, con medidas que no nos permitían reunirnos y organizarnos, hemos tenido más de 100 causas, muchas de las cuales llevaron a detenciones. Nos organizamos y terminan en liberaciones, porque los expedientes en los que se basa esta fiscalía para meter presos a compañeros hacen agua. Escuchan solo a los denunciantes –criticó Mansilla- En general en Santiago el gran porcentaje de los campos tiene algún titular dominial, sea un privado o el Estado. Pero el 100% del territorio tiene también dueños en términos posesorios. En este caso puntual hay una familia que reclama esta porción de tierra donde los compañeros construían su casita. Esta fiscalía tiene trabajo netamente penal pero de fondo, si la discusión es quién es dueño, es una cuestión civil”.

Violencia institucional

Mientras exigen la liberación de la pareja, desde el Mocase avanzarán también en la presentación de una denuncia por violencia institucional contra el comisario que llevó adelante el operativo de traslado de Elinda y Franklin de la comisaría de La Cañada a otras dependencias. “Fueron sacados de la casa a punto de hacer el almuerzo, con un operativo desmesurado, inusual, para detener a dos jóvenes que no tienen antecedentes. El fiscal se basa en relatos de la Policía que plantean que somos violentos. Cuando nos reunimos algunos representantes para ver su estado de salud y llegan las madres de los detenidos para llevarles tortilla y yerba nos damos con otra provocación y otra medida salida de la dictadura: nos informan que habían sido trasladados y el relato de cómo fue eso es de terror”.

Según pudieron reconstruir, los sacaron “en un auto de civil, con vidrios polarizados, por el portón de atrás. No sabían adónde los llevaban. A varios kilómetros, en medio del monte, esperaban dos móviles policiales. Ahí los separan. Franklin fue llevado a ciudad de Fernández y Elinda por caminos rurales, con mucho miedo, a la ciudad de La Banda. Un operativo innecesario que generó angustia, enojo y preocupación”.

“Esperamos que sean liberados hoy, hicimos todas las presentaciones correspondientes. Salimos a hacer el ejercicio de nuestro derecho en las calles y las rutas y estamos a la expectativa de que puedan pasar la Navidad en familia”, pidió el militante del Mocase.

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