Dos puntos alejados de la Ciudad de Buenos Aires están aunados por una misma lucha: la que rechaza los negociados inmobiliarios con torres y viviendas para pocos e impulsa una revinculación con el río. En las últimas horas, dos noticias llegaron desde ambos extremos del mapa. Sobre Costanera Norte, la Justicia confirmó la inconstitucionalidad de la venta del predio de Costa Salguero. Sobre Costanera Sur, 2600 personas se inscribieron en la audiencia pública que debatirá el acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad y la empresa Irsa para la construcción del mega complejo Costa Urbana en los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca. Al norte y al sur, por distintas vías, se fortalecen las resistencias a los proyectos impulsados por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y cobran fuerza los reclamos por costas verdes y públicas.

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires confirmó este martes el fallo con el que se declaró la inconstitucionalidad de la ley que autorizaba la venta del predio de Costa Salguero, donde el Gobierno porteño busca construir un conglomerado de edificios. Con pocas horas de diferencia, cerró el plazo para la inscripción a la audiencia pública que comenzará este viernes para que la ciudadanía se exprese sobre el emprendimiento inmobiliario, con torres de hasta 45 pisos, que la empresa IRSA quiere construir en un predio de 71 hectáreas ubicado sobre el Río de la Plata, lindero con la Reserva Ecológica Costanera Sur.

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“El Frente de Todos viene teniendo una política muy clara en relación con la defensa del espacio público y con la discusión de cómo revincular a porteños y porteñas con el río. Es una oportunidad que se abre con Costa Salguero y el Ejecutivo porteño pretende dilapidarla disponiendo de esas tierras tan requeridas”, dijo la legisladora Claudia Neira, en diálogo con Tiempo. “Me parece hay todo un proceso que se viene dando de participación de vecinas y vecinos y organizaciones, así como la juntada de firmas y la iniciativa popular (para crear un parque público) y acciones legislativas que fueron dejando en claro la situación. Y es bueno que la justicia venga a avalar y decir que tenemos razón quienes planteamos que no solo tienen un proyecto que desvincula con el río sino que además lo hacen sin respetar las normas y con procedimientos que pretenden burlar los requerimientos de la Constitución y el reglamento de la Legislatura”, remarcó la legisladora.

Y señaló que un “vaso comunicante” une esta situación con la de Costanera Sur: “Si bien es sobre un terreno privado y eso hace más difícil la discusión del proyecto en ese lugar, me parece que también hay una gran llamada de atención al Ejecutivo de que no es este proyecto con viviendas de lujo para pocos, con torres, el que se necesita”. Apuntó que en relación al convenio con Irsa también hay irregularidades ya que se hizo “de forma poco transparente. Le hemos planteado enorme cantidad de interrogantes que no están respondiendo. Hice un pedido de informes que no contestaron sobre una resolución que aprobaron poco antes del convenio y establece una valorización de las tierras que permite a Irsa pagar menos, ahorrarse 460 millones de dólares”. Esta “falta de transparencia” en las formas de dar aval a las torres se da, según Neira, en ambas costaneras: “Se da lo mismo que con Costa Salguero. No solo hay un proyecto que no tiene que ver con las necesidades de porteñas y porteños, sino que además es de forma poco transparente y ese es el vaso comunicante. Con Costa Urbana hay cuestionamientos sobre el procedimiento administrativo, hay poca claridad al igual que ocurrió con Costa Salguero”.

“El Proyecto de Costa Salguero, al igual que el de Costa Urbana, impulsados por el GCBA, vienen a consolidar un modelo urbano que se inicia en la década del noventa y se consolida durante la gestión del PRO en la Ciudad, caracterizado por la privatización del espacio público y la precarización de todas las dimensiones de la vida urbana. Este modelo de apropiación se concentró en nuestro entorno ribereño. Este fallo es un gran triunfo de las asambleas, movimientos, colectivos y organizaciones ciudadanas que no resignan el sueño de recuperar nuestra Buenos Aires balnearia. Este fallo tiene que ver con la vitalidad democrática de nuestra ciudadanía y sus organizaciones que tiene décadas de historia en su resistencia por recuperar la Costanera y el río”, dijo María Eva Koutsovitis, Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria. Por su parte Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, consideró que “la justicia deja una vez más en descubierto la gravedad institucional que se vive en la Ciudad de Buenos Aires, donde la Legislatura sanciona leyes en favor de la especulación inmobiliaria sin respetar las exigencias mínimas para la sanción de leyes. En este caso, no respetaron el procedimiento de doble lectura y no convocaron a audiencia pública obligatoria. Hace un par de semanas el juez (Roberto) Gallardo declaró inconstitucional la venta de 86 hectáreas de tierras públicas. El proyecto de Costa Urbana se votó sin las mayorías de dos tercios que exige la Constitución. Estamos en una situación de inseguridad jurídica permanente donde la Legislatura aprueba leyes sin las mayorías y sin la participación de la ciudadanía. Y si no fuera por el movimiento ciudadano urbano que se organiza y acude a la justicia estas situaciones se consolidarían”.