Un fallo de la justicia federal, un proyecto de ley para eliminarlo y hasta la creación de pases truchos, son las medidas de sectores de la oposición en contra del pase sanitario, la última iniciativa del gobierno para luchar contra el Covid–19 y fomentar que se completen esquemas de vacunación.

En marzo se cumplen dos años del comienzo de la pandemia en nuestro país. Desde entonces, cada medida que llevó adelante el Ejecutivo nacional se encontró con el rechazo de los sectores reaccionarios y negacionistas. Primero fue la oposición al confinamiento; luego que “la vacuna es veneno” (incluyendo una denuncia formal de Elisa Carrió contra el presidente Alberto Fernández por “envenenamiento”); después la disputa del gobierno porteño por las clases presenciales en medio de la segunda ola; y ya con la llegada masiva de vacunas el leit motiv fue que al Gobierno nacional adquiriera las vacunas Pfizer, aunque cuando se trató el proyecto de ley que lo aprobaba fue la diputada de la oposición, Graciela Ocaña, la que exigió una cláusula que el laboratorio rechazó.

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Ahora el nuevo caballito de batalla de la oposición es rechazar el pase sanitario, bajo la idea de que viola la libertad de transitar de las personas. El expresidente Mauricio Macri se sumó a esta negativa: «lo usan los autoritarios para atacar libertades», aseguró en sintonía con los grupos antivacunas y libertarios, y a pesar de que el pase lo establecieron en numerosos países, muchos de ellos en Europa.

Durante la semana, el Juzgado Nº 4 de Mar del Plata a cargo de Alfredo López, resolvió sobre un caso particular presentado por una abogada antivacunas, que sentó un precedente para otros que quieran reclamar. El magistrado consideró que la actual legislación “no establece la obligatoriedad de su aplicación” respecto de las vacunas contra el coronavirus. En su presentación, la demandante Luciana Acuña sostuvo que las vacunas son “sustancias que no tienen la efectividad de prevenir el contagio del virus”, y agregó que “no existe razón médica ni científica para discriminar a las personas o incitar al odio con pases sanitarios”.

Fue la Suprema Corte de Justicia bonaerense la que apoyó el pase. Esta semana impugnó dos amparos que pedían declararlo inconstitucional: «claramente se trata de una regulación tendiente a la protección de la salud pública como bien jurídico primordial, a la prevención de la propagación de nuevas variantes del virus SARS-CoV-2 y, también, al fomento de la vacunación como medio comprobadamente eficaz para eliminar o mitigar ese flagelo», remarcaron.

En la misma línea, el miércoles pasado la Suprema Corte rechazó otro recurso presentado en Quilmes: «La exigencia de acreditar un esquema de vacunación completa tiene en miras, entre otros horizontes, limitar la concurrencia de personas no vacunadas, o con esquemas de vacunación pendientes, a lugares donde se desarrollan actividades de elevado riesgo epidemiológico y que, por su naturaleza, implican mayor posibilidad de contagio para la población», sentenció.

A lo judicial se le sumó lo legislativo. La diputada bonaerense de Juntos por el Cambio, Florencia Retamoso, presentó un proyecto de ley para darlo de baja. Alegó que tanto el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, como el presidente Alberto Fernández “tomaron medidas que rozan la línea del autoritarismo”. En su proyecto, considera que la resolución 460/2021 restringe derechos y libertades propios de la Constitución Nacional, tratados internaciones, el Código Civil y el Código Penal argentinos.

Pero la propuesta más extrema fue la confección de pases sanitarios truchos. Tiempo dio la primicia sobre esta iniciativa realizada por un autodeclarado militante de Javier Milei desde Twitter, bajo el perfil de Fidel Adorni. Junto a varios colaboradores elaboraron una interface digital llamada “Pase Barranitario”. Quienes cargaban sus datos podían generar un pase sanitario apócrifo con código QR designado, el logo de Presidencia Argentina y hasta la elección de qué vacuna se aplicaron. A las pocas horas, la cartera de Salud que conduce Nicolás Kreplak realizó la denuncia penal.

“Tanto quien elabora el documento falso como quien lo utiliza pueden ser penados por la justicia de llegar a encontrarlos culpables” explica a Tiempo Ariel Gaggero Puig, director provincial de Asuntos Legales del Ministerio de Salud. “Uno de los perfiles que introducimos en la denuncia es una persona que cargó sus datos e hizo una captura de pantalla en la que se había generado su documento. Ahora la justicia está investigando si fue usado o no”.