Los familiares, amigos y allegados de los presos, y las organizaciones de Derechos Humanos que abordan la problemática en los lugares de encierro, continúan llevando adelante una serie de medidas para visibilizar la huelga de hambre de los internos que ya lleva más de 10 días. El reclamo de los penales bonaerenses llegó al Congreso y a Casa Rosada.

Este lunes al mediodía, un grupo de manifestantes se acercó a la Casa Rosada para dejar un escrito dirigido al presidente mientras que al mismo tiempo, otro grupo se dirigió al Congreso para hacer lo propio: “Entregamos un petitorio para que desde los funcionarios de Nación y los legisladores también estén al tanto de lo que pasa en los penales bonaerenses, cuya situación es similar a las cárceles de todo el país”, explicó una de las mujeres que participó de la protesta en Plaza de Mayo.

Como se sabe, desde el 5 de diciembre unos 10 mil presos se declararon en huelga de hambre luego de que se dejara de proveer carne, pollo y verduras por parte del gobierno bonaerense de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal. Esa situación se resolvió pero la medida se extendió hacia otros históricos reclamos pendientes como la superpoblación y las torturas físicas y psicológicas, entre otros vejámenes que padecen los internos.

A instancias de la Corte Bonaerense, el gobierno de Axel Kicillof, a través de su ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, promovió una “mesa de diálogo” de la que participarán los tres poderes del Estado, organizaciones de Derechos Humanos y la iglesia.

El jueves de la semana pasada familiares de detenidos se movilizaron a la ciudad de La Plata donde se dividieron en dos grupos: uno marchó hacia las puertas de la Gobernación y otro se dirigió hacia la cartera que conduce Alak. El reclamo se repitió al día siguiente en la capital bonaerense y continuó esta semana.

Se cree que finalmente la “mesa de diálogo” se lleve adelante los días 19 y 20 de diciembre. “En las marchas de la semana pasada hubo muchas familias. La encabezaron las madres que tienen a sus hijas e hijos en las cárceles. Durante la actividad frente a la gobernación se presentó un empleado que pertenece a la gestión anterior y generó una reunión que tuvo resultados negativos”, contó a Tiempo Juan Manuel Casolati, abogado penalista y representante de varios detenidos.

El abogado, propuesto por un grupo de internos para que los represente en la “mesa de diálogo”, continuó: “En el ministerio de Justicia hablaron con un empleado, donde se gestó el comienzo de la construcción de una mesa de diálogo con las familias y se planteó que a futuro participen quienes padecen el encierro. Alak parece tener la voluntad de encontrar una solución para desactivar el conflicto en las cárceles y trabajar sobre problemática”.