Es por el derrame de un millón de litros de solución cianurada en los cursos de agua provenientes de deshileos producido en septiembre de 2015.
Se trata de un fallo que Casanello emitió el 29 de noviembre pasado y que fue considerado histórico por las organizaciones ambientalistas. A través del mismo procesó a tres ex secretarios de Ambiente de la Nación (Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso) y al ex titular del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) por la violación de la ley de Glaciares. El fallo ordena además un embargó por cinco millones de pesos y prohíbe salir del país a los cuatro imputados.
El hecho investigado por el juez Oritja, al que la minera intenta minimizar calificándolo apenas de «incidente», ocurrió entre el 12 y el 13 de setiembre de 2015 y significó que 1 millón de litros de solución cianurada se volcaran al cauce de las aguas que provienen de los deshielos de la cordillera y que dan nacimiento a diferentes ríos y arroyos. En marzo del año pasado Oritja había dictado el procesamiento de nueve operarios de Barrick, entre los que se incluía al Gerente General de la minera, Antonio Adamez. Sin embargo tras la apelación de la defensa un tribunal superior dictó su sobreseimiento, aunque confirmó los ocho procesamientos restantes.
Quienes llegarán a juicio son Leandro Poblete (jefe de Procesos), Segundo Álvarez (el segundo en esa área), Carlos Cabanillas (gerente de Minas), Ángel Escudero (gerente de Prevención de Riesgos), Osvaldo Brocca (supervisor de Servicios Técnicos), David Sánchez (supervisor de Mantenimiento), Ricardo Cortéz (supervisor de Medio Ambiente) y Walter Pizarro (gerente de Procesos).
A diferencia de lo actuado respecto de esta causa, el propio Oritja había dispuesto archivar la causa contra Barrick Gold que entendía sobre el segundo derrame, producido en septiembre de 2016, un año después del primero. Según la orden, emitida el viernes pasado, el juez entiende que en el segundo derrame de cianuro producido en la mina de Veladero no alcanzó ningún curso de agua y por lo tanto no existe para él comisión de delito. Ambientalistas y expertos en minería rechazan la medida.
Sin embargo, cuando se produjo aquel derrame la empresa intentó ocultarlo y las noticias recién se conocieron a través de los propios operarios. Recién cuando el rumor creció la empresa tuvo que confirmarlo, pero siempre minimizando las consecuencias y poniendo toda clase de obstáculos para que especialistas se acerquen a la mina para certificar la gravedad del derrame.
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