Marga es una de las 2000 personas que vendía en Once y que tras la decisión del Gobierno de la Ciudad de "reubicarlas" sufre día a día por su economía.
Margarita Pérez tiene 48 años, es peruana y hace 15 vive en la Argentina, donde nacieron seis de sus diez hijos. “Éramos unos 2000 en Once. Algunos no aceptaron irse a los galpones y se fueron a otras ferias como Parque Lezama. Pero no es lo mismo. En la calle podíamos llevar dinero a casa. Ahora estamos muy escondidos”, cuenta Marga, como la conocen en el predio de La Rioja, donde mantiene como puede un puesto de venta de ropa.
“Es un desafío para que alguien entre a la feria, suba al primer piso y entre a mi puesto. Eso me angustia y muchas veces tengo que vender al costo”, precisa la mujer, y se queja de que el lugar no está en condiciones: desde los baños rotos hasta goteras que provocan la pérdida de mercadería, la ausencia de una ventilación adecuada y una sugestiva falta de medidas de seguridad. Por ejemplo, en una ocasión en que las cámaras de seguridad no funcionaban, desmantelaron un local de accesorios de celulares y nadie se hizo cargo.
“Los compañeros no venden nada, se ven obligados a buscar changas y salir a la calle. Igual, tenemos la presión de estar acá tres veces por día porque nos toman lista. Nos están volviendo locos”, dice.
Marga, integrante de la CTEP, cuenta que, según dicen los funcionarios porteños, “este año ingresarían 60 puesteros más, pero nadie quiere venir acá porque no lo promocionan”.
“Trabajo de lunes a lunes. Como no llego con los gastos, los domingos voy a Parque Lezama, donde pago 450 pesos para alquilar tres puestos, más 200 pesos de remís de ida y otros 200 de vuelta. Es un gasto fijo alto. El domingo pasado vendí 500 pesos”, señala la mujer, quien destaca que “soy peruana, pero gran parte de mi vida la desarrollé acá, donde lucho por mis hijos y por sus derechos. No somos negros que pedimos por pedir. Plantearlo así es injusto. No queremos que nos regalen nada.”
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