“Otro diciembre de Legislatura inmobiliaria”. Así definió la diputada Maru Bielli, del Frente de Todos, el afán del oficialismo porteño por hacer llegar al recinto y aprobar de forma exprés (algo característico de la gestión macrista cada fin de año) una catarata de proyectos rechazados de forma masiva por la sociedad civil, como la venta de Costa Salguero, el complejo del Grupo IRSA en Costanera Sur y la aprobación de excepciones del Código Urbanístico para construir torres en once barrios. Ese afán apuntaba a aprobarlos en la sesión del próximo jueves, pero por una cuestión técnica –el dictamen del plenario de comisiones de Planeamiento Urbano y Presupuesto no estuvo listo el viernes antes de las 14, como indica el reglamento– esos temas candentes no podrían tratarse ese día. Solo quedará una sesión ordinaria más antes de fin de año.

La reunión de comisiones fue ruidosa. No solo por la manifestación que acompañó desde afuera, donde organizaciones sociales y ambientalistas hicieron oír su rechazo a que haya más torres en una ciudad que pide más verde. También, porque el encuentro terminó a los gritos. La reunión, citada para las 10, se tensó pasadas las 14, cuando la legisladora Lucía Cámpora advirtió que –de acuerdo al inciso f del artículo 1 del Apéndice III del Reglamento de la Legislatura–, el dictamen debía aprobarse antes de esa hora para disponer de cinco días hábiles de corrido antes de la sesión. El bloque apuntó a alargar la reunión, con discursos de legisladores y lecturas de correos de más de 150 vecinos, para que se superara el horario en que debían dictaminar. «A la chilena», lo definieron. Sin embargo, el larretismo sostiene que el plenario se rigió por un decreto establecido en pandemia, que no menciona límites horarios, por lo cual los temas “están en condiciones de ser votados en la próxima sesión”, argumentó el diputado Daniel Del Sol, de Vamos Juntos, presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano.

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Tras el cierre con escándalo, “se autoconvocó una reunión por Zoom con todas las organizaciones que vienen laburando el tema, de cualquier extracción política” para definir pasos a seguir, contó a Tiempo el legislador Javier Andrade (FdT), vicepresidente de la Comisión de Planeamiento. El plan es mantener visible el reclamo y que haya una fuerte movilización a la Legislatura cuando se traten estos proyectos. Ya sea el jueves 2, pese al impedimento reglamentario (“suelen atropellar estas cosas, no descartamos la posibilidad”) o el jueves 9, última chance del año. Ahí coincidiría con el tratamiento del Presupuesto: una sesión maratónica y caliente.

Para Andrade, el apuro del oficialismo por aprobar los megaproyectos inmobiliarios tiene que ver con que ya cuentan con avales en primera lectura y, en caso de pasar al año próximo, esos procesos deberían volver a empezar y pasar por nuevas audiencias públicas. Eso es lo que busca evitar el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta: más expresiones masivas de rechazo como la que generó Costa Salguero, que batió récords de participación. “Es uno de los pocos temas que les entró en este tiempo, de una manera transversal: hay votantes de ellos que están calientes con esta situación. Hasta entendieron que los afectaba electoralmente, por eso no lo trataron antes de las elecciones”, señaló el legislador. Otro apuro motiva al oficialismo: el año que viene Larreta dispondrá de menos bancas para avalar iniciativas propias.  «