En Pergamino, núcleo sojero de la provincia de Buenos Aires, hasta un organismo de investigación estatal como el INTA comparte los intereses del agronegocio. A través de una presentación de su director regional Hernán Trebino, el organismo le pidió a la justicia quedar exceptuado de la medida cautelar que, gracias a la lucha incansable de algunos vecinos, había prohibido las aplicaciones terrestres con agrotóxicos a menos de 1095 metros del ejido urbano (y a menos de 3000 metros en el caso de las aéreas) con el pretexto de que gran parte de sus instalaciones se encuentran dentro de los límites de la prohibición, impidiendo la realización de actividades agropecuarias. “Una entidad que debe ser el ejemplo y que debe orientar sus políticas agrícolas en base al bien común convirtió su predio en una gran parcela rural del agronegocio devenida en un foco de contaminación para toda la población de Pergamino”, se quejó la organización ambientalista Naturaleza de Derechos.

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El pedido que Trebino le hizo llegar al Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, plantea que la medida cautelar dispuesta por el magistrado en el año 2019 prohibiendo las aplicaciones terrestres con agrotóxicos a menos de 1095 metros de la planta urbana, no les permitió “realizar acciones de manejo agronómico concretas para evitar daños significativos producidos por malezas, plagas y enfermedades en los cultivos implantados en áreas afectadas por la cautelar”, lo que le generó a los recursos administrados por la Asociación Cooperadora de la Experimental Agropecuaria Pergamino “una disminución en los ingresos estimada en unos nueve millones de pesos”.

La cautelar impuesta por el juez Villafuerte Ruzo, confirmada en octubre pasado por la Cámara Federal de Rosario y apelada por el Municipio de Pergamino, es consecuencia de las denuncias que, desde 2011, viene realizando Sabrina Ortiz, abogada querellante en la causa e integrante de Naturaleza de Derechos, a quien las fumigaciones le provocaron dos ACV isquémicos, la pérdida de un embarazo y la presencia en el cuerpo (y también en el de sus hijos) de glifosato y otros insecticidas en cantidades intolerables.

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En el marco de esa casusa, Villafuerte Ruzo ordenó suspender la aplicación de agrotóxicos en tres barrios de Pergamino, luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara que las muestras de agua estaban contaminadas con 18 agroquímicos (casi la mitad de los cuales son considerados cancerígenos). Además, procesó a tres productores por encontrarlos a “prima facie” coautores penalmente responsables del delito de “contaminación ambiental en general, mediante la utilización de residuos calificados de peligrosos”.

El pedido de Trebino, cuanto menos, llama la atención, si se tiene en cuenta que en agosto de este año un informe pericial del propio INTA no solo señaló la eficacia de la medida cautelar dispuesta por el Juzgado de Villafuerte Ruzo, sino además recomendó “fuertemente la reducción de las aplicaciones (en dosis e intensidad) en los sistemas productivos, para disminuir la exposición ambiental de los plaguicidas”.

Ortiz, como querellante, ya le hizo saber al juez Villafuerte Rizo que “el Sr. Trebino como las corporaciones del agronegocio, caen en el cinismo conceptual de mencionar a los agroquímicos como fitosanitarios para presentarlos como amigables con el ambiente e inocuos para la salud humana”, destacó que dentro del predio del INTA hay una jardín de infantes y una escuela de nivel medio y le recordó que “todos los vecinos y vecinas de los barrios fumigados de Pergamino tienen agrotóxicos en los patios de sus suelos, en el agua de perforaciones particulares y en el agua de red y en sus propios cuerpos”.

Para Fernando Cabaleiro, abogado de Naturaleza de Derechos, “el INTA debe empezar a cumplir con las recomendaciones de la Relatora de la Alimentación de la ONU en cuanto a que se ha llegado a un punto de inflexión en la agricultura” y justifica que “el modelo del agronegocio que esparce casi 600 millones de litros de agrotóxicos y 4.6 mil millones de litros de fertilizantes sintéticos anuales en la Argentina, debe ser abandonado por completo y avanzar a una reformulación del proceso agroalimentario. Eso va a llevar tiempo y se necesita políticas activas y promocionales del Estado, y el punto de partida es el INTA”.