Jujuy, la provincia gobernada por el radical-PRO Gerardo Morales, vuelve a ser escenario de otro escándalo político. Esta vez, se filtró un documento firmado por la ministra de Educación Isolda Calsina, en el cual se pide confeccionar un registro de los docentes que adhieran a las medidas de fuerza, para luego descontarles del sueldo esos días, por falta de prestación de servicios.
La medida lesiona el derecho a huelga, uno de los pilares del derecho laboral. Además, es una clara muestra de persecución gremial.
Jujuy es una de las siete provincias en las cuales las clases no se reanudaron como producto de protestas gremiales docentes. En el caso de los jujeños, el paro convocado es por 48 horas.
El siguiente es el texto completo de la circular que envió el Ministerio a las secretarías de Gestión, Planeamiento e Infraestructura Educativa, de Ciencia y Tecnología y de Equidad Educativa, entre otras reparticiones del área:
«Me dirijo a usted y por intermedio a las Direcciones/Jefaturas que correspondan a efectos de instruirle que eleven diariamente a la Jefatura del Área de Recursos Humanos de la D.G.A. sita en la calle Senador Pérez Nº 581 1er piso, nómina de todos los agentes que se adhieran a medidas de fuerza dispuestas por gremios y/o asociaciones gremiales simplemente inscriptas, que los nuclean, a los efectos del descuento de los haberes por falta de prestación de servicios».
