Las horas son interminables, los días resultan todos iguales, y los meses parecen años. La vida de Patricia Bernárdez cambió por completo el 1 de junio de 2021, cuando ingresó por la puerta del Hospital Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires con un cuadro de anemia. Luego de ser compensada con tres transfusiones, estuvo varios días internada en el sector de Cardio, donde se le produjeron enormes escaras. Y allí comenzó todo: “Me siento dejada a un lado, como un pedazo de carne”, dice con angustia mientras por lo bajo se escucha una radio. Esa música de fondo y la visita de Claudio, su hermano, son su única compañía.

Patricia tiene 64 años y sufre de paresia bilateral, un debilitamiento muscular que la obliga a caminar con un andador. Lleva casi un año internada, la Justicia dictaminó que debe ser trasladada a un instituto de rehabilitación, pero Ciudad se niega. El hospital quiere liberar el lugar y derivarla a su casa. Mientras tanto, pasa el tiempo y se profundiza el deterioro. Su hermano denuncia: «La están dejando morir».

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«Si no fuera por el personal de enfermería y médicos residentes, yo ya no estaría con vida. Ellos me cuidan, incluso contra la voluntad de la Dirección del hospital”, subraya Patricia en diálogo con Tiempo.

Apenas iniciado el mes de julio del año pasado, Patricia comenzó una odisea que se extiende hasta hoy. «A los pocos días de estar internada me querían dar de alta y que vuelva a mi casa, la otra opción era ser trasladada a un depositario de tercer nivel», recuerda Patricia en base a los dichos textuales de la Dirección. «¿Cómo iba a irme a mi casa en estas condiciones?». Rápidamente, Claudio, su hermano, pidió la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos para personas vulnerables, y la atención recayó en el centro de salud, que la trasladó a Dermatología para que pudiera sanar las profundas escaras producidas por la internación. “Pero eso duró poco. La Dirección del hospital y el titular de Salud (Fernán Quirós) nunca me perdonaron que mi hermano les haya metido a la Secretaría de Derechos Humanos en el hospital y al día de hoy lo estoy sufriendo en carne propia”, agrega.

Patricia lleva casi un año internada en ese lugar sin la atención adecuada, su estado físico y mental empeora día a día. “Hoy mi hermana se encuentra con las escaras a flor de piel y nunca, nunca, se han dignado a trabajar y atender su discapacidad, lo que la está llevando a una situación de total vulnerabilidad, perdiendo masa muscular y quedando tal vez en situación de postración permanente. La están dejando morir”, denuncia su hermano, Claudio Bernardez. Desde el Ministerio de Salud porteño insisten en que la internación la tiene que hacer en su casa, y que eso debe ocurrir cuanto antes porque, aducen, hay falta de vacantes en el hospital.

Dos profesionales médicos externos al Hospital Ramos Mejía ordenaron con urgencia que Patricia sea derivada a algún instituto de rehabilitación funcional y quirúrgica. Uno de esos profesionales es la reconocida neuróloga del Hospital Fernández, Norma Deri (MN 58.605, MP 48.388). Pero la cartera sanitaria de la Ciudad no solamente evita hacerse cargo de la internación en un instituto privado de rehabilitación: además, se niega a enviar personal capacitado a la casa de Patricia, en caso de que sea externalizada. Desde el Ministerio que conduce Quirós argumentan que no puede hacerlo si no hay un familiar que viva con ella.

«Además del maltrato y una clara acción de violencia capacitista que mi hermana sufre a diario, todos los caminos recorridos en busca de protección legal, como los reclamos en la Defensoría con el Programa Proteger, en Acudir, la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (Copidis), y la Secretaría de la Mujer porteña, todos han sido en vano. Nadie hace nada”, se lamenta Claudio.

“La violencia que ejerce la Dirección del hospital sobre mi hermana va de la mano con la negligencia del Gobierno de la Ciudad. Los malos tratos son de todo tipo, hasta se niegan a firmarle el certificado de supervivencia para poder cobrar la pensión”, cuenta Claudio, y apunta al jefe de Dermatología del Ramos Mejía, David Muhafra. “Este señor es un perverso. Por ejemplo, hace cinco meses que tiene que firmar el pedido para bajarla a Oftalmología para que pueda ir a buscar los anteojos nuevos, hasta eso se niega”.

Quien fue el representante legal de Patricia, el reconocido abogado Albino “Joe” Stefanolo, apuntó a Tiempo que “el derecho a la salud de cualquier persona no puede ser vulnerada por ninguna institución, ya sea pública o privada”. El especialista destaca que “siempre que se establece una cuestión de amparo en materia de salud es porque alguien está siendo dejado de lado en su atención, porque el derecho a la salud es integral y está por sobre cualquier cuestión burocrática”. Para Stefanolo, con este y otros ejemplos similares «queda claro que en la Ciudad importa poco el tema de la salud mental, que ha sido dejado de lado por un gobierno que es muy insensible a estas cuestiones. Seguramente el caso de Patricia, una vez que se resuelva, marcará un antes y un después en materia de salud”. «

Una sentencia para «evitar daños» que la Ciudad sigue sin cumplir

“Requiérase al Hospital Ramos Mejía, garantice, debidamente, a la Sra. Bernárdez la atención kinesiológica que requiere, de modo de iniciar su rehabilitación motora y evitar daños resultantes de encontrarse postrada por tanto tiempo”, ordenó el titular del Juzgado Nacional Civil N° 83, Cristóbal Llorente, en marzo pasado. Y dictaminó trasladarla «a un efector donde sea posible su rehabilitación motora, y en lo inmediato y de manera transitoria a una residencia de adultos mayores». Pero pasaron dos meses y el Gobierno de la Ciudad se niega a cumplirlo. El juez también mencionó a Incluir Salud, el programa de la Agencia Nacional de Discapacidad, para que evalúe a Patricia y vea la posibilidad de otorgarle una vacante en un efector de salud o una residencia de adultos mayores, y así garantizarle con urgencia «tratamiento kinesiológico para continuar su rehabilitación motora».