Francisco Echarren: «No podemos hablar de industria cuando sigue habiendo presos por cultivar»

Por: Gastón Rodríguez

El titular de la Agencia Nacional de Cannabis y también intendente de Castelli destacó la lucha popular, la reglamentación de la ley 27.669 "de vanguardia internacional" y la presencia del organismo público regulatorio para terminar con el prohibicionismo. Anunció que en los próximos días entregarán las primeras licencias. Cuánto factura el sector, su potencial productivo y cómo puede afectarle un triunfo de Milei.

El intendente de Castelli –localidad al este bonaerense– y presidente de la Agencia Nacional de Cannabis, Francisco Echarren, comete el siempre arriesgado acto de la metáfora. «Estamos en el momento en que el avión está por tomar vuelo», grafica sobre la actual situación de la industria del cáñamo y del cannabis medicinal en el país.

Luego, más prosaico, explica: «La ley (en referencia a la 27.669 promulgada en mayo de 2022 que estableció el marco regulatorio para el desarrollo de dicha industria) es el producto de una lucha popular enorme. Por eso digo que se logró una buena ley y, sobre todo, una reglamentación de vanguardia internacional. Con la creación de la Agencia se estableció una ventanilla única para que cada trámite sea transparente. En los próximos días vamos a entregar las primeras licencias, eso te demuestra que estamos en un momento de suma importancia, dando respuestas a toda esa expectativa y ansiedad que lleva más de diez años. Somos conscientes de que hubo todo un recorrido de lucha popular hasta llegar a este presente en donde la Argentina tiene el clúster científico y tecnológico, las ventajas comparativas en cuanto a los costos, un mercado interno de aproximadamente seis millones de personas, todo el expertise y el know how agrícola… en suma, tenemos todas las condiciones para ser líder en la región en la industria del cannabis».

A principios de año, el gobierno nacional puso en funcionamiento la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (Ariccame), un organismo interministerial que se ocupa de regular la cadena de producción, comercialización nacional y explotación de la planta de cannabis, su semilla y sus productos derivados para uso medicinal; y también de extender licencias y habilitaciones a empresas y organizaciones que cumplan con los requisitos que demanda la normativa vigente. Pero, en concreto, ¿de qué estamos hablando?

«La misma industria estima que se van a crear en los próximos años diez mil puestos de trabajo, en su mayoría empleo joven, y se pronostica una facturación anual de entre 500 y 1500 millones de dólares entre abastecimiento del mercado interno y exportaciones. Hace unos días, la agencia Bloomberg afirmó que la industria del cáñamo y el cannabis medicinal va a mover unos 43 mil millones de dólares sólo en América Latina», destaca Echarren.

–¿Ya se dejó atrás el paradigma prohibicionista o todavía se mantienen ciertos prejuicios?

–Yo soy intendente hace 12 años y por mi experiencia puedo decir que siempre la sociedad se saca los prejuicios antes que el Estado. Creo que con el cannabis estamos viviendo eso, un proceso de mucha participación popular, en donde se han logrado muchas cosas, pero todavía hay que seguir construyendo. La Agencia es una prueba importante porque si nosotros como Estado podemos demostrar eficiencia en la regulación, eso nos va a dar el pie para terminar con el prohibicionismo para siempre.

–¿Qué hay que hacer con la actual ley de estupefacientes que sigue penalizando la tenencia y el cultivo de cannabis?

–Tenemos que modificar no sólo la ley de estupefacientes, sino también muchas otras regulaciones y decretos que se aplican a cuestiones penales y hasta bancarias. Pero lo más importante de todo es que no podemos hablar de una industria de cannabis cuando sigue habiendo presos por cultivar.

En juego

La relación de Echarren con el cannabis comenzó hace algunos años con aquellos abuelos que se acercaban hasta su despacho en la Municipalidad de Castelli, ese distrito de poco más de ocho mil habitantes cruzado por la Autovía 2 camino a la Costa Atlántica.

«Ellos venían y me pedían que les consiguiera aceite porque les hacía bien a su salud. Esa fue mi primera aproximación. Fue clave que yo tuviera un secretario de salud especialista en cuidados paliativos –Mariano Akino– que estaba familiarizado con el uso del cannabis en sus tratamientos. Eso me hizo entender, por un lado, la importancia que tenía en la salud; y por el otro, que tenía que trabajar para garantizar la accesibilidad del cannabis porque ese es el verdadero objetivo: generar productos que sean accesibles para el pueblo argentino».

–¿Cómo se logra ese objetivo?

–Sin dudas, el camino más seguro para lograrlo es que la industria no se concentre, y para eso tienen que existir fuertes incentivos para desarrollar el cannabis en las economías regionales. El desafío de la Agencia es articular una industria que ya existía en la informalidad, e insertarla en un dibujo «burocrático»; coordinar por ejemplo con la ANMAT, el INTA, el INTI; el Ministerio de Salud, el de Agricultura, de Seguridad, de Ciencia y Tecnología. Además, hay que manejar, como ya dije, toda esa ansiedad que se acumuló después de tantos años de luchas y reclamos. Los cultivadores, las pymes y las cooperativas quieren todo ya, pero generar las condiciones para el despegue de la industria requiere de una inteligencia y eficiencia importantes. No podemos saltearnos ningún paso del proceso.

–Sergio Massa fue quien lo convocó para ponerse al frente de la Agencia. Si él llegara a ser presidente, ¿cómo repercutirá en la industria del cannabis?

–Yo le digo a todos los involucrados en la industria del cannabis que no alcanza sólo con marchar, cultivar y producir; ahora hay que votar a Massa, porque lo que está en juego son dos proyectos de país. Uno que viene a destruir al Estado y la industria nacional. A Javier Milei (en referencia al candidato presidencial por La Libertad Avanza) no le interesa lo propio, que es justamente donde nosotros ponemos el foco. Yo me imagino que si llegara a ganar el balotaje va a importar cannabis de Israel, Estados Unidos o Uruguay. La gran diferencia es que Massa quiere una industria nacional del cannabis mientras que Milei quiere una apertura económica total y que el cannabis venga del lugar que sea.«

El caso modelo de Castelli

El 19 de noviembre de 2019, el Concejo Deliberante de Castelli aprobó, por unanimidad, la ordenanza para regular el cultivo de cannabis para uso medicinal a lo largo de todo el municipio (antes ya lo habían hecho General Lamadrid, San Vicente y Hurlingham) gracias al impulso del intendente Francisco Echarren. “Esto comenzó con la necesidad de muchos vecinos de acceder a una sustancia que es buena para la salud. Y que además es algo que dice la ciencia. Producto de un prejuicio y de un atraso de la legislación, los pacientes que la necesitan tienen que ir al mercado negro o no saber lo que están comprando”, había argumentado el Echarren.

“Está bueno que los intendentes nos pongamos a la cabeza de una necesidad sanitaria y un reclamo. Es una vergüenza que tengas que entrar a Mercado Libre y te ofrezcan cannabis. Hay una demanda que va en aumento y está bueno que los municipios tomen la posta”, agregó.

El municipio de Castelli siguió con sus políticas de vanguardia y dos años después anunció la firma de un acuerdo con la compañía Universal Growing para abrir un centro modelo de investigación y producción de cannabis medicinal sobre un predio lindero a la autovía 2, creando así el polo de investigación, producción y comercialización de cannabis medicinal más grande de la provincia de Buenos Aires.

Un sector que en América Latina va a facturar 44.800 millones de dólares

Según el pronóstico de Statista, el portal de estadísticas para datos del mercado global, la industria del cannabis en América Latina crecerá de los 33.900 millones de dólares estimados para este 2023 hasta alcanzar los 44.800 millones de dólares para fines del 2025. 

En la actualidad, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Ecuador, México, Brasil y Panamá tienen algún tipo de marco normativo para avalar el uso, fabricación o cultivo del cannabis. Sin embargo, los especialistas advierten que los avances en Latinoamérica son dispares: mientras el uso medicinal ha generado un mayor consenso, los fines industriales y de uso adulto aún no han podido extenderse en la región.

En mayo de 2022, Argentina promulgó la ley 27669 que estableció el marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva.

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