Denuncian violación a los Derechos Humanos, falta de acceso a la salud, alimentos y condiciones inhabitables en las cárceles de Tucumán. La acusación fue realizada por la Procuración Penitenciaria de la Nación mediante un hábeas corpus por un interno que se encontraba esposado y presentaba impactos con posta de goma en su espalda.

El abuso contra distintos internos de diferentes establecimientos carcelarios de la provincia del Noroeste del país fue constatado mediante una inspección realizada por el director general de Protección de Derechos Humanos, Ariel Cejas y distintos funcionarios la semana anterior.

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Los funcionarios de la Procuración Penal de la Nación recorrieron las unidades penitenciarias 3 de Concepción y 4 de Santa Ester y la Unidad de Villa Urquiza, donde pudieron constatar serias violaciones a los derechos fundamentales de las personas detenidas. Allí advirtieron sobre la falta de acceso a la salud, trabajo, educación, alimentación y, también, «pésimas condiciones materiales de alojamiento» en las mencionadas cárceles.

Las instalaciones de esos centros de detención «se encontraban totalmente deterioradas, incumpliendo las normas mínimas de habitabilidad», señala en informe. «Asimismo, se observaron serios problemas de hacinamiento y la utilización de espacios no habilitados para el alojamiento permanente de personas bajo regímenes de aislamiento y sectorización», agrega el comunicado de la Procuración Penitenciaria de la Nación.

El documento expresa luego que a partir de los relatos de las personas detenidas, «se pudo tomar conocimiento de la grave situación de un interno, cuya existencia no había sido informada por las autoridades dado que se encontraba en un sector no habilitado para el alojamiento». Durante la entrevista se constató que el detenido presentaba disparos de balas de goma en la espalda, estaba esposado a la pared y en situación de aislamiento desde hacía tres días, por lo que «se presentó un hábeas corpus ante el juzgado de turno».

La presentación será realizada en conjunto con la Oficina de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Tucumán, la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación y la Fiscalía Federal 2 de la provincia.