Cuando Carmen escuchaba que a los estudiantes porteños se les caían los techos o se inundaban las escuelas, se negaba a creerlo. Pensaba, con plena convicción, que los chicos mentían o eran inducidos a decir esas cosas. En 2018 Carmen ya no pudo seguir pagando el colegio privado donde iba Nahuel, su hijo mayor. A Vera, su beba de un año, también la anotó en el sistema de inscripción online para comenzar el jardín maternal. Hoy Vera tiene seis y cursa primer grado en una escuela de Colegiales. Recién a los cinco consiguió vacante en la escuela pública, es decir, hasta el año pasado estuvo desescolarizada. Nahuel terminó la primaria en 2020 y actualmente está en tercer año en una escuela comercial. «Siempre descreí que los chicos estudiaban con ratas en las escuelas, o que no tenían calefacción en pleno invierno, o que tomaban los colegios por problemas de infraestructura, creía en lo que decían Larreta (Horacio Rodríguez) y Acuña (Soledad), hasta que mi hijo lo vivió en carne propia», confiesa Carmen.
Tarde o temprano, la realidad silenciada choca contra miles de familias cuando sus hijos tienen que cursar en escuelas porteñas. Tras ocho años de gobierno PRO, la administración de Horacio Rodríguez Larreta dejará al sector educativo con un recorte de más de diez puntos en el presupuesto. En detalle: institutos de formación docente vaciados; quita de edificios y ajuste en escuelas para estudiantes con discapacidad; más de 35 mil docentes precarizados y 56 mil chicos sin vacantes; escuelas en pésimas condiciones de infraestructura escolar y cientos de edificios escolares en emergencia sanitaria por invasión de ratas. Por si no fuera suficiente, la actual gestión allanó el terreno para que estudiantes trabajen gratis al servicio de empresas privadas y para una reforma inconsulta en la educación primaria con quita de contenidos pedagógicos. Pero, ¿qué se esconde detrás de estos ataques a la educación pública? ¿Es sólo ajuste o lineamientos estratégicos que responden a un mandato superior?
Para un sector de la comunidad educativa esto responde a una bajada de línea internacional del poder hegemónico. «El Banco Mundial viene teniendo una participación protagónica hace más de 30 años en las reformas educativas de América Latina. No solamente financian, sino que fundamentalmente asesoran», explica a Tiempo Jorge Adaro, secretario gremial de la asociación docente Ademys. Para el maestro de primaria y referente sindical, entre las políticas de mejoras sugeridas desde la década de los ’90 hasta la actualidad, se encuentran, por ejemplo: la descentralización de las decisiones y del financiamiento del sistema educativo; la formación superior y profesional que debe ser arancelada; la toma de evaluaciones estandarizadas de los sistemas, de las instituciones, de docentes y estudiantes; y una reforma de la formación docente, centrada en la selección previa, la evaluación por desempeño, y la formación centrada en lo técnico.
«Pero también aconsejan sobre la necesidad de formar a estudiantes en habilidades digitales y no en desarrollo de pensamiento y conocimientos, es decir, no formar ciudadanos sino consumidores y personas que se desempeñen con soltura en mundos digitales», agrega Adaro y termina: «Un poco la propuesta pasa por no mejorar la inversión, sino que, con lo que hay, optimizar los recursos, o sea: docentes cada vez más precarizados realizando mayores funciones. Estas son todas situaciones que cumple al pie de la letra la gestión de Rodríguez Larreta».
Emergencia sanitaria
En la semana Tiempo publicó que ya son más de 100 las escuelas con ratas. Esta situación pone al descubierto que en la Ciudad de Buenos Aires no sólo hay emergencia educativa, sino también sanitaria dentro de las instituciones. La falta de controles a las empresas tercerizadas que realizan la fumigación de escuelas y la poca inversión en mantenimiento e infraestructura escolar son determinantes a la hora de solucionar las plagas en las instituciones.
Por esta razón, la legisladora porteña del Frente de Todos, Maru Bielli, presentó un proyecto de ley de mejoramiento integral de las escuelas de la Ciudad porque «sin inversión educativa no podemos hablar de mejorar la calidad educativa, entre infraestructura y mantenimiento escolar, en 2022, quedaron sin ejecución $ 1200 millones», advierte la diputada y explica que «el proyecto propone un piso mínimo de inversión en infraestructura y mantenimiento escolar, la creación de un registro público para que toda persona pueda conocer el estado de las obras edilicias de las escuelas, saber cuánto tiempo se demora en dar curso a una solicitud de arreglo, cuál es el presupuesto que se asigna, con qué plazos».
De ser aprobada la ley en la Legislatura, además crearía una comisión de seguimiento y monitoreo de las obras de infraestructura y mantenimiento con integrantes de la comunidad educativa, ampliación de las cuadrillas de mantenimiento del Ministerio de Educación en cada escuela y un plan de mejoras edilicias (Ver recuadro).
«La ampliación presupuestaria para Infraestructura escolar en 2022 fue del 37% respecto a lo sancionado. Cuando se aprobó el presupuesto 2022 se consideró una inflación del 33%. Sin embargo, el año terminó con una inflación del 95%. Eso implica que por lo menos todas las partidas presupuestarias deberían haberse incrementado en un 62% para compensar los efectos de la inflación», suma y concluye: «En infraestructura escolar el primer trimestre de este año solo ejecutó el 10,8%. Y recortó $ 280 millones. En la ejecución de mantenimiento escolar, sector encargado de la desratización de las escuelas, fue sólo del 6,4%».
Sin control
A la baja inversión presupuestaria en infraestructura escolar se le suma la falta de controles. Un informe de la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires sobre el Plan SIGMA (Mantenimiento Escolar) publicado en 2021, advirtió que en las escuelas porteñas no se cumple con los controles de plagas, instalaciones eléctricas, desagües pluviales ni cerramientos. En el mismo documento subrayó que, además, existe una falta de control a las empresas que brindan el servicio y que acumulan multas e irregularidades en la prestación del mismo.
«Todos estos años pudimos observar las políticas de vaciamiento educativo de Larreta. Durante la pandemia, cuando creíamos que iba a realizarse mayor cantidad de obras en las escuelas por el deterioro de los edificios, hubo un fuerte recorte del 70% en el sector», destaca Pablo Francisco, titular de la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) de la UTE. El docente y referente sindical asegura que «es tan preocupante la baja del presupuesto educativo como la subejecución del mismo. Podemos apreciar que en los últimos años el promedio de ejecución del presupuesto en infraestructura llega al 50%. En el año 2022 quedaron más de 130 mil millones de pesos sin ejecutar en la Ciudad de Buenos Aires y esos montos podrían haber ido a áreas sensibles como educación o salud». «
Una ley para más inversión y transparencia
«Se trata de un proyecto construido junto a la comunidad educativa que apunta a garantizar más inversión en infraestructura escolar, pero también mejores auditorías, control y seguimiento de las obras como así también más transparencia», explica la diputada porteña Maru Bielli sobre el proyecto de ley que impulsa en la Legislatura. En los fundamentos destaca que la información de estos procesos es un derecho y tiene que ser democratizada; que haya legislación sobre el tema garantizaría que esto persista más allá del gobierno de turno. De acuerdo a información brindada por Bielli, en los últimos diez años el presupuesto destinado a infraestructura escolar en la Ciudad cayó un 43% en términos reales. «¿En qué se refleja esto? –cuestiona la legisladora del Frente de Todos– Ratas en las escuelas, suspensión de clases por falta de agua, caídas de techos y todas las situaciones que nos enteramos a diario. En 2022, el 60% de las escuelas porteñas tuvo que suspender las clases al menos un día por problemas de infraestructura. No se puede estudiar así».
La falta de vacantes a la Justicia
El ciclo lectivo 2022 comenzó con 56.832 chicos y chicas sin lugar en la educación pública de la Ciudad de Buenos Aires. Entre los tres niveles (Inicial, Primaria y Secundaria), hubo 118.169 solicitudes, y se asignaron 61.337.
A miles de familias no les queda otra opción que judicializar la vacante, pero el dato positivo es que el 100% de las familias porteñas que pusieron un amparo obtuvo luego un fallo favorable.
«Desde que nosotros comenzamos con los amparos por falta de vacantes, desde 2016 a la fecha, todos los años las familias judicializan el reclamo», cuenta a Tiempo María Cecilia Fernández, abogada del Grupo de Litigio Estratégico (GLE). «Pero también –continúa la letrada– hemos realizado amparos por algunas escuelas que pasaban de la jornada simple a la jornada completa, sobre todo en escuelas con chicos con discapacidad que no se los tuvo en cuenta, simplemente se les dio a las familias la posibilidad de cambiarlos a otra escuela de jornada simple, cuando esos chicos necesitan algo diferente a la regla general».
