Norma Cabrera tiene 47 años y usa bastón por el deterioro de sus huesos. Le pica el cuerpo, se le hincha la cara y tiene glifosato en la sangre. Su marido y sus seis hijos padecen alergias y afecciones hepáticas. Los animales de su granja murieron o sufrieron abortos espontáneos. La huerta se secó. Los efectos de las fumigaciones a 15 metros de su casa en Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe, dejaron marcas en su ambiente, en su cuerpo y en el de su familia. Por eso celebra que, tras seis años de denuncias, llegó la primera respuesta en forma de imputación penal al productor agrario por el delito contemplado en el artículo 55 de la ley 24051 “de residuos peligrosos” por envenenamiento, adulteración o contaminación de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Además, se le prohibió fumigar con agrotóxicos a menos de 500 metros del límite de la zona urbana.

“Norme viene siendo sistemáticamente fumigada desde 2015. Tenemos circunstanciados cada uno de los hechos. La denuncia penal refleja eso, la presentamos en 2018 contra el productor agropecuario, el aplicador terrestre y el propietario del campo. Y pedimos que se investigue la responsabilidad de la intendente. No solamente invocamos delitos por los cuales imputan al productor. También, daño y amenazas. Ella viene siendo objeto de hostigamiento político y lobby agropecuario muy fuerte”, advirtió el abogado ambientalista Rafael Colombo, quien destacó el rol del equipo de fiscales –integrado por Matías Ocariz, Pablo Lanza y Darío Monti- para llegar a la imputación por contaminación con agrotóxicos: la primera en la provincia.

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“Norma golpeaba puertas de la comisaría, la unidad fiscal local, la municipalidad. Nadie le dio una respuesta satisfactoria. La imputación es el resultado de tres años de investigación penal donde se recolectó mucha evidencia: historias clínicas de Norma que dan cuenta de sus padecimientos luego de cada fumigación, filmaciones del mosquito a escasos 15 metros, declaraciones de vecinos y vecinas, un informe pedido a Damián Verzeñassi, de la Universidad Nacional de Rosario, sobre consecuencias de aplicación de glifosato, extracción de muestras de tierra y agua en el domicilio con restos de glifosato. También lo tiene en la sangre. Es mucha evidencia de la causalidad entre fumigaciones y sus consecuencias sobre la salud y el ambiente”, remarcó Colombo. El avance de la investigación no frenó las fumigaciones a pocos metros: las últimas fueron registradas en septiembre y octubre de este año, pese a la militancia constante de Paren de Fumigarnos, espacio del que participa la denunciante.

Además, el juez Álvaro Campos aceptó el “cese de estado antijurídico” solicitado por la fiscalía fijando 500 metros desde el límite de la zona urbana. En este caso, esto implica 500 metros de la casa de Norma: vive al otro lado de la calle del campo fumigado. La ordenanza local vigente establece 150 metros de distancia, algo que ni siquiera fue respetado por el productor acusado, pero que además está en discusión porque se estableció esa distancia mediante una normativa de 2018 (luego de la formulación de la denuncia penal) que implicó un retroceso contra una resolución previa, de 1985, que indicaba una separación de tres kilómetros.

“Esta es la problemática de los pueblos fumigados. A mí me marcó la fumigación. Lo que tengo en el cuerpo, ¿quién me lo va a sacar? Ando con bastón y tengo 47 años, con una artrosis de una mujer de 80. Eso no es justo. Seguiré luchando, seguiré denunciando. Esta imputación del agropecuario a lo mejor sirve para que tomen conciencia y dejen de tirar tanto veneno. Porque no es justo para nuestra naturaleza, para nuestra vida. Quiero vivir, quiero disfrutar de mis nietos e hijos. No quiero sentir ese olor a podrido que reseca boca y labios. No quiero que me fumiguen más”, lamentó Norma en diálogo con Tiempo.

“En Santa Fe es el primer escenario judicial penal ambiental en donde vamos a juicio y aspiramos a que se condene al productor y se responsabilice al aplicador terrestre y al propietario del campo –destacó el abogado- El imputado es el exponente de un modelo de agroindustria que durante seis años aplicó agrotóxicos sabiendo que podía causar daños y sin tomar medidas, ni respetar distancias mínimas, ni dar avisos previos a la familia, ni tener en cuenta la dirección del viento”.

Si bien es un primer paso judicial en un camino que sigue, Colombo señaló que “es una tendencia que se está registrando, se están expandiendo más las investigaciones penales sobre productores y aplicadores que llevan a cabo estas prácticas comprometiendo vida y ambiente”. Enumeró casos emblemáticos como el de las madres del barrio Ituzaingó, en Córdoba, con condenas al productor y al aeroaplicador; o el fallo que condenó a responsables de fumigación en torno a escuelas en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. También hubo antecedentes en Pergamino y Exaltación de la Cruz. “Se está profundizando la perspectiva penal ambiental, que necesariamente tiene que considerar a los delitos ambientales como delitos de los poderosos. Personas o empresas que gozan de una posición social, política y económica que les permite mantener esas actividades, con blindaje mediático y sin accionar judicial. Norma es una mujer en situación de vulnerabilidad social y enfrente tiene a un productor agropecuario muy poderoso”.