Primero fue el dengue, ahora la gripe. Mientras el país atraviesa las más fuertes epidemias de los últimos siete años, trabajadores y funcionarios municipales denuncian que los gobiernos nacional y bonaerense desmantelaron programas territoriales, fundamentales en circunstancias de emergencia. Según ATE, son 570 los trabajadores que desde diciembre se encuentran parados, sin contrato, imposibilitados de salir a barrios y zonas vulnerables; y unos 60 camiones sanitarios, congelados casi seis meses, recién volverían a andar esta semana. De manera oficial se habla de sólo 40.
Se trata de personal que había sido contratado a través de universidades (sobre todo las de San Martín y Avellaneda), de manera precaria por la gestión anterior, cuya continuidad permanece indefinida. Recién hace una semana pudieron cobrar y saldrían de nuevo al territorio, con plazo hasta diciembre. “Primero se los quiso echar, entonces luchamos. Había más de 300 compañeros preparados para la emergencia sanitaria que estaban sentados en el piso, en vez de ir al territorio. No les asignaban tareas. Después los acusan de ñoquis”, dice el secretario de Salud de ATE, Héctor Carrica. Gran parte de ellos se focalizaban en servicios de abordaje territorial: talleres en barrios y zonas vulnerables, concientización sobre determinadas problemáticas (por ejemplo, el descacharrado) para formar agentes sanitarios y promotores de salud barriales, seguimiento de casos y tratamientos; consejos para actuar ante una epidemia. Alcanzaban a una población de 12 mil personas al mes.
Desde Salud Sexual Reproductiva y Procreación Responsable hasta los programas de Salud Mental y Adicciones, la metodología suele ser la misma: no se cierran, pero se les quita recursos y personal. “La mayoría pertenece a programas como Médicos Comunitarios y Promoción y Organización Comunitaria. También a Argentina Sonríe. La única interpretación del desmantelamiento de los programas es quebrar la política de inclusión social de los sectores populares, en beneficio de la salud privada”, asegura Carrica.
ATE agrega la inacción de las unidades sanitarias móviles, también llamadas “camiones hospitales”, que recorrían el país llegando a zonas de bajos recursos, con equipos interdisciplinarios de diez personas, desde médicos clínicos, pediatras u oftalmológicos hasta odontólogos, nutricionistas y enfermeros. También vacunaban. Carrica afirma que “están totalmente equipados con última tecnología, pero parados desde diciembre. Recién en los próximos días volverían a salir”.
El viceministro de Salud, Néstor Pérez Baliño (ex interventor del Hospital Borda), admitió contratos de choferes y médicos vencidos, que se estaban renovando tras “pagar una deuda que había con ellos”. De 1300 personas que estaban contratadas, dijo, se recontrató a cerca de la mitad.
Un informe de los profesionales del programa Organización Comunitaria en Salud, hoy desmantelado según denuncian sus trabajadores, refleja que entre enero y noviembre de 2015 “se realizaron 270 operativos en 42 municipios de la Provincia de Buenos Aires y CABA. Se ha brindado atención socio-sanitaria a más de 64.736 personas, se han aplicado más de 13.000 dosis de vacunas a 7000 personas”.
A esto se sumó que la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (Dinacei) y la Dirección de Enfermedades Transmisibles por Vectores fueron reducidas de categoría, lo que podría deriva en menos presupuesto y personal, algo que el gobierno niega. Esto motivó el reclamo de la Fundación Huésped: su titular, Pedro Cahn, se mostró preocupado “por lo que implica reducir de categoría una de las áreas que mejor funciona en el Estado hace más de una década y que permitió que la Argentina disponga de unos de los programas gratuitos de vacunas más completos del mundo”. Justo en días en que uno de cada tres virus respiratorios que circulan pertenece a la gripe.
Mientras tanto, ya se compatibilizan más de 30 muertos por el virus H1N1, y 200 infectados. El infectólogo Eduardo López, jefe de Medicina del Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”, dijo que “en otros países la estrategia es distinta: en EE UU se vacuna a todas las edades independientemente si hay o no factores de riesgo, con la idea de disminuir en forma sostenida la cantidad de casos”, y sostuvo que el problema es que “no llegamos a vacunar antes que comience el brote fuerte de gripe”.
Durante los últimos días, la Provincia de Buenos Aires apeló a dos peticiones en sus discursos: la primera, a los municipios. Que salgan a vacunar embarazadas casa por casa. La segunda, a la población: “Hay que vacunarse más y besarse menos”. Así lo aseguró la ministra de Salud Zulma Ortiz, que calificó de “irresponsable” indicar la vacunación a toda la población, porque la prioridad son los grupos de riesgo (embarazadas, niños, adultos mayores, o personas con enfermedades respiratorias, cardíacas o renales). Días atrás, la cartera sanitaria nacional de Salud envió un mail a los ministerios provinciales admitiendo que “se detecta un bajo stock de oseltamivir en droguerías”. El ministro santafesino, Miguel González, advirtió que “escasean las vacunas”. Recién el jueves llegaron a esa provincia –donde hubo cinco muertes– 21 mil nuevas dosis. En Catamarca sucedió algo similar. “Pedimos más porque esto es un infierno, el sistema está absolutamente desbordado. Hubo muchos casos”, enfatizó a Tiempo el ministro catamarqueño del área, Ramón Figueroa Castellano. Confirmó que todavía no llegaron los camiones sanitarios de Nación, como en años anteriores: “Nos dijeron que estarán dos semanas en La Rioja y luego vendrán”.
Los municipios bonaerenses no parecen poder concretar la vacunación casa por casa que les pidió la Gobernación. Un cartel en el Vacunatorio Municipal de Morón decía que ya no había vacunas disponibles: sólo estaban en dos de los 13 centros de Atención Primaria del partido. Debido a los paros de médicos, que se profundizan ante la falta de respuesta oficial, las unidades sanitarias barriales de Avellaneda están sobrecargadas. “Acá hay un hilo conductor: el Estado se retiró en muchos aspectos de su responsabilidad de hacerse cargo del derecho a la salud. Primero empezó con la falta de provisión de leche, nunca antes visto. De enero a marzo, los 30 mil kilos los compró la intendencia”, dice el secretario de Salud de La Matanza, Alejandro Collia, ex ministro de Daniel Scioli. “Con la gripe hay dos variables, una es el frío; la otra, que podés manejar, es la provisión de vacunas. Este año las dosis llegaron tarde, antes era en febrero”. Para Collia, “hay un abandono de los programas territoriales. Médicos Comunitarios disminuyó la cantidad de personal. Nosotros debimos formar a más de 250 promotores locales para trabajar en los barrios”. En Provincia, el programa de enfermería Eva Perón (que había formado ocho mil enfermero/as nuevos), la producción pública de medicamentos, la formación de promotores sanitarios y la Dirección de Atención Primaria de la Salud son áreas en las que se denuncia vaciamiento o congelamiento. Desde el macrismo arguyen que no se cerró ningún programa. “Se están reestructurando”.

Residentes y concurrentes en pie de guerra

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En la semana se profundizaron los paros de médicos en Provincia, con demandas paritarias y de infraestructura. En la Ciudad también se vivió el jueves un paro y movilización de la salud pública, con foco en los residentes y concurrentes, “quienes sostienen los hospitales públicos porteños”, cuenta Inés Gavagnin, residente en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.
Se trata de médicos recibidos que realizan la residencia y la concurrencia para formarse en una especialidad. “Cumplimos un horario, hacemos guardias, trabajamos a veces 36 horas seguidas, atendemos pacientes, realizamos cirugías, hacemos historias clínicas y mucho trabajo administrativo, hasta de camilleros, por la falta de personal. Y por todo esto durante cuatro años los residentes recibimos un salario mínimo. El concurrente no recibe un sueldo, ni siquiera tiene ART. Deberíamos estar supervisados, pero estamos más solos que otra cosa”, se explaya Gavagnin.
La Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA exige reapertura de paritarias (fue de un 17% anual), actualización de salarios de acuerdo a la ley (“desde hace al menos 6 años no se actualiza”), ART y salario para el concurrente; y que se cumpla la Ley de Residencias.La falta de nombramientos de médicos de planta es otra causa para que miles de residentes y concurrentes trabajen más de 60 horas por semana, sin un sueldo acorde.

Recortes donde más se necesita

Por despidos, reestructuraciones para “hacer más eficiente la gestión” o reubicación de sus integrantes, en seis meses fueron desmantelados o “achicados” los siguientes programas: el Programa de Organización Comunitaria en Salud, el de Salud Mental, el de Equidad Sanitaria Territorial, Argentina Sonríe, Médicos Comunitarios, Qunita, Programa Nacional Salud Ocular, Tren Sanitario, Salud Sexual y Procreación Responsable, Remediar, Programa Redes, Sumar, el Programa Maternidad e Infancia, el de Abordaje Territorial y el de Fertilización Asistida. También se dio de baja la Escuela Nacional de Gobierno en Salud “Doctor Ramón Carrillo”, creada el último 15 de octubre.

«Estamos con un número de víctimas fatales que está dentro de los rangos»

Jorge San Juan es director nacional de Epidemiología, de donde depende ahora la ex Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (Dinacei), cuyo descenso de rango se conoció a través del Boletín Oficial. Respondió a la requisitoria de Tiempo.

–¿En qué cobertura de vacunación se encuentran actualmente?
–Estamos bajos en la cobertura de chicos y embarazadas. Debe ser un 24 por ciento.
–¿Por falta de conciencia de la población?
–Seguramente, es el primer tema. Que la persona no se enteró, que no lo desea, que algunos pediatras no quieren vacunar. Pero la vacuna está.
–¿Cuándo se comenzó a vacunar?
–El 18 de marzo. Usualmente se empieza a principios o mitad de ese mes. Sucede que la gripe se adelantó casi cuatro semanas, no lo teníamos como posibilidad.
–¿Hay algún riesgo en el descenso de rango de la ex DinaCei?
–Ninguno. De Dirección Nacional baja un escalón, a Dirección. Pero todo sigue igual, no hay problema ni de personal ni de presupuesto.
–¿Las vacunas del gobierno van destinadas exclusivamente a los grupos de riesgo?
–Como está establecido. Si alguien quiere vacunarse, por obra social o prepaga, es una decisión personal. No hay contraindicación. Pero no la tendrá gratuitamente. La vacuna pública va a grupos de riesgo.
–¿Hay alguna provincia más afectada? ¿Cuántas víctimas de gripe A llevan relevadas?
–Salta es la que tiene más casos. Hasta el momento tenemos 31 víctimas fatales. Estamos con un número que está dentro de los rangos.
–¿Ya se compraron todas las partidas de vacunas para este año?
–Están aseguradas las 8,5 millones de dosis de este año. De acuerdo a las necesidades, por ahí se compra más.