Esta es la historia de una búsqueda que duró 22 años. Una tarde de 1996, Carlos Adrián Tedesco, un joven con problemas de adicción, desapareció en pleno centro de la Capital Federal. Desde ese día, su familia recorrió hospitales, comisarías, plazas. Cualquier lugar era una posibilidad, por remota que fuera. Recién el año pasado pudieron saber que había sufrido un accidente volviendo a su casa en tren y que su cadáver había ido a parar a un cementerio municipal de la provincia de Buenos Aires. El de Adrián, como le gustaba que le dijesen, es uno de los 301 cuerpos que estaban enterrados como NN y que un trabajo conjunto entre la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (ProTEx), la Colectiva de Intervención Ante las Violencias (CIAV) y el Ministerio de Seguridad de la Nación, logró identificar desde octubre del año 2013. Para los familiares de Adrián, que no eximen al Estado de su responsabilidad, el hallazgo, al menos, les permitió hacer ese duelo tanto tiempo postergado.

“Adrián era 13 meses mayor que yo –empieza contando Silvia Tedesco, la hermana–, así que nos criamos juntos en Sáenz Peña. Cuando él tenía 16 años murió nuestro papá, y a los 18 empezó con la droga. Tuvo algunos ingresos a psiquiátricos de puertas abiertas. Él juraba que no iba a consumir más y, como toda madre, la nuestra no quería ver a su hijo mal, así que confiaba en lo que él le decía y lo sacaba de las internaciones. Hasta que una tarde mi hermano desapareció y empezó la búsqueda desesperada de mi madre.”

Juana Liponetsky, “Beba” para los que la conocen y quieren, ya tiene 80 años. Todavía hoy, frágil por el deterioro, sigue reconstruyendo las circunstancias de aquel encuentro y piensa en qué hubiera podido hacer mejor. El 2 de septiembre de 1996, alrededor de las 15:30, Beba retiró a su hijo de la clínica IAP, donde estaba internado, y lo llevó a tomar el té a una confitería. Adrián, que por entonces tenía 25 años, le volvió a jurar que seguiría el tratamiento afuera y le pidió no regresar a aquel lugar “lleno de locos”. La mujer dudó y eso fue suficiente para que su hijo saliera corriendo del local. No se volvió a saber de él hasta el 14 de mayo de 2018, cuando un cotejo entre las huellas en el aviso de fallecimiento de una persona NN y las huellas digitales impresas en el legajo de la Policía Federal en relación a un tal Carlos Adrián Tedesco, confirmó que se trataba de la misma persona.

“Fuimos a todos los psiquiátricos, hospitales, comisarías, albergues –cuenta Silvia–; recorrimos todas las plazas de Buenos Aires. Me acuerdo de ir a la morgue a tener que reconocer cuerpos, llegaba la noche y mi mamá me decía ‘vestite, salgamos a buscarlo’. Nos subíamos al auto con comida para darle a la gente de la calle y hablar con ellos, para preguntarles si lo conocían. Las noches de frío directamente no dormíamos pensando que él podría estar ahí afuera. Creo que eso era lo peor de todo: pensar que le estaba pasando algo y que no podíamos defenderlo”.

A partir de octubre de 2013, luego de que la ONG Acciones Coordinadas contra la Trata de Personas (ACCT, hoy reconvertida en la Colectiva de Intervención Ante las Violencias) presentara el proyecto “Identificación de personas desaparecidas por el delito de trata de personas y otros fenómenos” (ver recuadro), comenzó una acción articulada con la ProTEx para unificar, cotejar y comparar datos que hasta allí se encontraban aislados.

“Hasta marzo de 2015, había 5328 avisos de fallecimiento de cadáveres NN y sólo unos 3000 tenían huellas dactilares. Todos esos registros fueron digitalizados por el Ministerio de Seguridad y se empezó a cotejar esas huellas con las bases de datos oficiales, es decir, antecedentes penales, pasaportes, todo lo que hubiera en el sistema. Así se logró obtener 301 coincidencias”, explica Marcos Parera, secretario de la Procuraduría.

Como muchas muertes eran de vieja data (el año 1990 fue el que tuvo mayor cantidad de entierros de personas no identificadas), localizar la fiscalía o la comisaría que había intervenido en el hallazgo del cuerpo se volvió un trabajo arduo. Contactar a algún familiar, casi imposible.

“Eran épocas –destaca Parera– en las que no existían teléfonos celulares ni redes sociales. Incluso es muy difícil encontrar algo en registros oficiales como el Nosis o la ANSES. Ni que hablar si las personas fallecidas tenían trabajos en negro o estaban en situación de calle”.

Irregularidades

La identificación de Adrián, además de la certeza de su muerte, aportó detalles que acentuaron el dolor. De acuerdo a los registros oficiales, a las 17:47 de aquel 2 de septiembre, Adrián “fallece en las vías del ferrocarril San Martín, a la altura de la estación Santos Lugares, de la localidad homónima”. La causa de muerte informada fue “paro cardiorrespiratorio traumático por politraumatismo”, y el cadáver fue inhumado como NN en el cementerio municipal de Tres de Febrero, en Pablo Podestá.

“Estaba enterrado en un campo abierto, un asco. Una vez que lo ubicamos, lo sacamos de la tierra, lavamos los huesos y lo pusimos en un nicho. Mi mamá es de religión judía, pero no había un rabino, así que un sacerdote hizo una suerte de ceremonia para que mi mamá se pudiera despedir”, confía Silvia.

Dentro de la ProTEx hay un área de acompañamiento psicológico que busca atenuar el impacto de la noticia en los familiares. En casos como el de Adrián, fue una empresa inútil. “Mi hermano se murió volviendo a casa. La estación de Santos Lugares queda a ocho cuadras de donde vivíamos. Mi madre iba todas las noches a esa comisaría, ¿cómo puede ser que ninguno asoció esa muerte con el hijo que estaba buscando?”, se queja Silvia.

“Hemos detectado irregularidades en identificaciones fallidas. Por ejemplo, que las huellas tomadas supuestamente al muerto, en realidad, eran de policías o empleados de la cochería. De esa manera se evitan el trabajo de tomarle las huellas al cadáver, que tal vez esté en un avanzado estado de putrefacción, o haya que cortarle las manos. También nos llamó la atención que en muchos cementerios se hayan enterrado personas en el sector para indigentes sin un oficio judicial que autorice la inhumación del cuerpo. No puede ser que dos policías aparezcan con un cadáver y el cementerio lo reciba. Eso facilita el potencial ocultamiento de un crimen”, remarca Parera.

Según ProTEx, aún quedan 160 cuerpos sin identificar, es decir, 160 familias que no tuvieron ni el alivio de la despedida.

“Que te desaparezca un hijo –cierra Silvia– es lo peor que te puede pasar en el mundo. En todo este tiempo mi madre no disfrutó un cumpleaños, una fiesta, se corrió de cualquier situación de alegría. La han destruido, y el Estado tiene que compensarla de alguna manera”. «

Restituir derechos y llevar paz a las familias

Por Jorge Gómez

El proyecto «Identificación de personas desaparecidas por el delito de trata de personas y otros fenómenos» es el resultado de un trabajo conjunto entre la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (ProTEx), la ONG Colectiva de Intervención Ante las Violencias (CIAV) y el Ministerio de Seguridad de la Nación.

«La idea surgió a partir de que la ProTEx tenía muchos casos de desapariciones de chicas jóvenes, presuntamente vinculadas a cuestiones de trata, y nunca habían sido cotejadas con las personas que habían sido inhumadas como NN», cuenta a Tiempo la titular de la Procuraduría, María Alejandra Mángano.


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«Uno de los casos que nos impulsó a hacer este tipo de trabajo de manera sistemática –continúa– fue el de Luciano Arruga (foto), porque sus restos fueron finalmente inhumados como NN en un cementerio, cuando había una búsqueda muy activa por parte de su familia; otro caso fue el de Maida Castro, que estuvo desaparecida cinco años. Logramos determinar que en realidad fue enterrada como NN un día después de su muerte».

Mángano destaca que la cifra de 301 cuerpos identificados es «transitoria» y que paulatinamente, gracias al cotejo dactilar, «van a ser más».

«La idea final es encontrar el recorrido de estas personas y poder, también, restituir derechos a quienes están buscando y dar paz a las familias. Siempre, cuando comunicamos estas identificaciones, lo que notamos es eso, que con el enorme paso del tiempo estas familias no logran cerrar una historia por falta de información», remarca la fiscal.

“Construir esta base de datos fue un trabajo artesanal”


En el año 2012, una organización civil llamada Acciones Coordinadas Contra la Trata (ACCT) surgió con la idea de aplicar las metodologías de la antropología forense a casos abordados bajo la hipótesis de la trata de personas. Sin embargo, muy pronto descubrieron que los motivos por los cuales las personas desaparecen en democracia son múltiples.

“Al principio, por intuición, nos enfocamos en el delito de trata replicando la experiencia de la búsqueda en dictadura, pero comprendimos que en democracia no había un patrón definido. Al adentrarnos en la búsqueda, encontramos que muchos datos no estaban sistematizados. Había que comenzar a barrer esa información. El año pasado nos refundamos como la Colectiva de Intervención Ante las Violencias (CIAV), para realizar una lectura de la realidad lo más amplia posible, y presentamos el proyecto a la ProTEx”, explica Andrea Gutiérrez, una de sus integrantes.


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Comenzaron entonces a confrontar las denuncias de personas desaparecidas, ausentes del domicilio o no localizadas, con los registros de cadáveres NN existentes en las fuerzas policiales, hospitales, institutos de salud mental e institutos de menores, logrando optimizar la información de los organismos públicos. “Construir la base de datos fue un trabajo artesanal”, recuerda Gutiérrez.

Además, del trabajo realizado con la ProTEx, la Colectiva se consolidó como un grupo interdisciplinario que intervino en varias causas judiciales, aportando un análisis de posibles hipótesis con perspectivas de género que la justicia no suele hacer.

«Lo que falta»

Todavía quedan 160 cuerpos inhumados como NN («nomen nescio», en latín, «ignoro el nombre») que aún no pudieron ser identificados, de los cuales 76 corresponden a hombres de entre 20 y 40 años, 72 a hombres de más de 40 años, un cuerpo es de una mujer de entre 31 y 40 años, y otros once de mujeres de más de 40 años.