Silvia Etcheverry, ex directora del Instituto Privado de Neuromedicina que se incendió en 2017 y dejó un saldo de cuatro muertos, es investigada por sus responsabilidades.
La citación de la Justicia se llevará a cabo el próximo 5 de julio. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) interviene en la causa desde el primer momento y denunció las condiciones edilicias del edificio, la falta de un plan contra incendio y representa legalmente a la familia de una de las víctimas fatales.
El secretario general de la CPM Roberto Cipriano García en diálogo con Tiempo contó que el fiscal Padovan aduce que “Etcheverry podría haber prevenido la situación de riesgo y no lo hizo” aseveró. Continuó agregando que tampoco tomó “ninguna medida para preservar la integridad de las personas bajo su cuidado”.
También explicó que el establecimiento “estaba sobreocupado, no contaba con sistema fijo contra incendio, el mobiliario de las habitaciones era inflamable y los colchones no eran ignífugos”, aseguró García a este diario. Siguió detallando que la Justicia también “remitió copia de las actuaciones a la Fiscalía General de La Plata para que se investigue la falta de control por parte del Ministerio de Salud bonaerense. Porque la última inspección a la clínica había sido en 2010 y debe ser en forma continua”, denunció el funcionario.
“En el lugar, la salida de emergencia no contaba con los dispositivos necesarios para una evacuación”, señaló García. Además explicó, que los pasillos de circulación del edificio son muy angostos y “generaron complicaciones durante las tareas de evacuación durante el siniestro”.
“Como dije antes, la misma investigación judicial indica que la última inspección administrativa al establecimiento había sido realizada el doce de octubre de 2010” reconstruyó García. Sin embargo “la Ley Provincial 14.580 autoriza al Ministerio de Salud bonaerense a realizar monitoreos en forma periódica sobre los efectores de salud mental: durante más de siete años nadie inspeccionó el Instituto” denunció el funcionario.
Desde la CPM, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se destacó el avance en la investigación y se valoró el último punto de la resolución “porque sienta un antecedente importante a la hora de investigar las responsabilidades funcionales” dijo. García finalizó ahondando en que estas son las “conductas omisivas de las distintas áreas del Estado que están facultadas y obligadas por Ley a actuar como controladores de los distintos lugares de encierro y dispositivos de salud mental”.
El incendio se produjo alrededor de las dos de la madrugada del 25 de noviembre de 2017. Comenzó en una de las habitaciones del Instituto Privado de Neuromedicina, que está ubicado en calle 2 y 51 de La Plata. El fuego y el humo se extendieron rápidamente, los colchones no tenían tratamiento ignífugo y el resto del mobiliario, camas y placares, eran de madera. También se supo por la investigación que la clínica no tenía sistema contra incendio, los pasillos de circulación eran muy angostos y dificultaron la evacuación de las personas usuarias del Instituto.
Como consecuencia del siniestro Fernando Lazaroff murió en el lugar. Otras siete personas fueron trasladadas a distintos centros de salud de La Plata, donde también fallecieron Raúl Nieri, Daniel Velado y Daniel Guisso. La CPM intervino desde el primer momento y denunció que las condiciones edilicias y la falta de un plan contra incendio derivó en el desenlace fatal. El organismo provincial también representa legalmente a la familia de Guisso.
La causa estuvo varios meses bajo la órbita del fiscal Carlos Vercellone. Luego el expediente pasó a la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 12 de delitos culposos, a cargo del fiscal Fernando Padovan. Finalmente este último magistrado llamó a declaración indagatoria a la ex directora médica del Instituto Privado de Neuromedicina, Silvia Etcheverry. Está imputada por el delito de “estrago culposo seguido de muerte”. La audiencia oral se realizará el próximo 5 de julio ante la justicia de La Plata.
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