El escandaloso proyecto presentado por la diputada Paula Urroz, de Cambiemos, que buscaba eliminar el carácter obligatorio de la vacunación a los menores de edad, reemplazándolo por un consentimiento informado que en rigor permitiría a los adultos a cargo aceptar o no la aplicación, no es el único ataque que ha sufrido desde la asunción del nuevo gobierno la política de inmunización, acaso la más valiosa herramienta sanitaria de que dispone la salud pública para luchar contra la tuberculosis, la meningitis, las hepatitis y otras graves enfermedades inmunoprevenibles.

Miguel Abelans es enfermero jefe de Inmunizaciones del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, donde lleva más de 30 años de trabajo: «Lo fundé», dice, y agrega que en todo ese tiempo «jamás viví algo tan nefasto». Por orden de Carlos Kambourian, el nuevo presidente del Consejo de Administración designado por el gobierno nacional, el vacunatorio que durante ocho años funcionó en el hall del hospital, y donde en solo los últimos dos meses se aplicaron 11.060 dosis de la vacuna antigripal a niños y padres, fue completamente desmantelado.

«Fue el viernes 23, de un día para el otro, sin explicarnos los motivos, ni a nosotros ni a los jefes de infectología –cuenta Abelans–. La posta de vacunación funcionaba como anexo durante la campaña antigripal, en los meses de mayor incidencia de la enfermedad. Y este CEO de la salud, que tomó la decisión de desmontarlo, dijo que el número de dosis no era significativo. Esto afecta el acceso a la salud de miles de familias». En 2015 se habían administrado en el Garrahan más de 42 mil vacunas.

Kambourian acumula un modesto prontuario en términos de salud pública. Fue el ejecutor de la gestión privatista del Hospital Pediátrico de Malvinas Argentinas, durante la intendencia de Jesús Cariglino, y también fue denunciado por los concejales de Pilar por impulsar el arancelamiento de las prestaciones del hospital municipal de Odontología, mientras era secretario de Salud de la intendencia de Nicolás Ducoté, de Cambiemos. Precisamente, el día de su asunción en el Garrahan, el 3 de mayo pasado, el ministro de Salud Jorge Lemus subrayó sus «importantes antecedentes tanto técnicos como de gestión». Kambourian anunció entonces su intención de «mejorar el hospital a través de la innovación, modernizarlo, abrirlo». Junto con él, también fue nombrado consejero Roberto Debbag, exdirector médico regional para América Latina de la multinacional farmacéutica Sanofi Pasteur, líder mundial en producción de vacunas contra la gripe, con más de 200 millones de dosis distribuidas en 2016. La intención, entienden los trabajadores del área de inmunizaciones del Garrahan, es redireccionar la demanda insatisfecha de vacunación hacia centros privados. «Nosotros queremos vacunar –dice Abelans–; después del agua, es la intervención sanitaria que más vidas salva; si tenemos que hacerlo en una carpa, en la vereda del hospital, vamos a hacerlo».

La Fundación Garrahan aspira a construir un nuevo vacunatorio en el parque lindero a la calle Pichincha. Pero por el momento es solo un proyecto, y la población vulnerable que acudía a inmunizarse en el hospital, en medio de un fuerte aumento de los casos de gripe, ya no puede hacerlo.

La polémica decisión de la administración del Garrahan se da en el contexto de la bochornosa iniciativa presentada por Urroz, y se suma a otras tomadas por el gobierno nacional en el mismo sentido. En marzo de 2016, el Ministerio de Salud modificó su organigrama y bajó de categoría a la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (Dinacei) y a la de Enfermedades Transmisibles por Vectores, degradadas a «coordinaciones». Y en noviembre, forzó la salida de la médica infectóloga Carla Vizzotti, la responsable de la ampliación de un calendario de vacunación gratuita que es, según la Organización Mundial de la Salud, un modelo a seguir, que incluye 19 vacunas gratuitas y obligatorias, 12 de ellas incorporadas desde 2005. «

Un proyecto descabellado y peligroso

Luego del fiasco protagonizado por la diputada Urroz, rechazado por toda la comunidad médica y científica, el gobierno nacional salió a despegarse del proyecto que pretendía terminar con la obligatoriedad de la vacunación, y algunos funcionarios, como Jorge San Juan, subsecretario de Estrategias de Atención y Salud Comunitaria, directamente lo calificaron como «descabellado». «Ser vacunado o no puede marcar la diferencia entre vida y muerte», tuiteó la ministra de Salud bonaerense, Zulma Ortiz.

En EE UU y Europa, la injerencia de los movimientos antivacunas derivó en la reaparición de enfermedades prácticamente erradicadas, como el sarampión. Al contrario, la Argentina es uno de los tres países con mayor cobertura de inmunización, y su calendario fue destacado en 2012 por la OMS como «uno de las más completos y avanzados».