Los jóvenes denuncian que sufren encierro en forma prolongada, mala alimentación e impedimentos a visitas íntimas.
Sucedió en el módulo 1 de este dispositivo cerrado dependiente del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), los jóvenes taparon la reja de entrada con colchones y exigieron la inmediata presencia de la Dra. Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 departamental, de la provincia de Buenos Aires, quien se hizo presente en el lugar para escuchar las quejas.
“No somos perros para estar tanto tiempo encerrados en las celdas”, le gritaron desde el interior del pabellón a la funcionaria. Además está totalmente comprobado que el encierro aplicado en forma desmedida es una práctica de tortura identificada y condenada por todos los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Durante la toma del módulo, los operadores que trabajan en la institución filmaron la escena y comunicaron lo sucedido a este diario que tuvo acceso al material audiovisual en el que la Dra. Pascual dialoga con los pibes que están en conflicto con la Ley Penal. “Nosotros vinimos hace poco -para hablar con los jóvenes- con el Comité contra la Tortura, todo lo que ustedes pidieron lo anotamos y lo fuimos consiguiendo”, fueron las palabras de la jueza, “la visita íntima la estamos preparando”, agregó.
Mientras tanto desde el interior del módulo tomado los jóvenes les gritaban a las autoridades “Nos tienen que dar la abierta -en el pabellón- , queremos tener visitas íntimas y los celulares”, también señalaron que “no queremos que nos encierren a las seis de la tarde, los Derechos Humanos no tienen la culpa señora, los responsable son los juzgados”. Además los pibes remarcaron que “nos somos perros para que nos engomen -que los encierren- a la seis de la tarde.”
Uno de los trabajadores del lugar -quien entregó los videos a este diario- aseguró a Tiempo que este instituto durante los últimos tiempos “viene siendo escenario de distinto conflictos y reclamos de los pibes, nosotros como asistentes hacemos lo que podemos para contenerlos, pero las decisiones las toma el organismo y no podemos ir contra lo que ellos disponen”, explicó y prefirió no dar su nombre porque luego lo castigan de distintas maneras, como ser, trasladados lejos de sus hogares y familias.”Los pibes están enfurecidos, y estuvieron todo el tiempo con facas, palos y otros elementos para que nosotros no ingresemos al pabellón”.
“El OPNyA es un desastre por donde lo miren, se jactan de que vienen a garantizar derecho y hacen todo lo contrario, violan los derechos de los jóvenes y los nuestros como trabajadores”, denunció el trabajador de minoridad. “Fue de público conocimiento que el organismo con las distintas direcciones de los dispositivo se roban el presupuesto de las horas extras, sin embargo sigue funcionando así y nadie hace nada al respecto”, agregó.
“Hay compañeros que todavía no cobraron los sueldos atrasados que les deben desde principios del año pasado y otros trabajaron, fueron despedidos y nunca cobraron nada”, señaló el hombre. Continuó subrayando que esto muestra “la forma en la que se maneja el organismo, silencian voces porque tienen el poder de hacerlo por ser la gestión oficialista actual, pero lo real es que aquí y en todos los institutos suceden muchas cosas horribles a diario, los trabajadores del Estado no tenemos derecho a nada porque los sindicatos y los abogados son sus amigos”.
Cabe destacar que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) viene denunciando las muertes y malas condiciones de detención de estos dispositivos de encierro desde hace más de quince años en forma ininterrumpida. Semanas atrás -después de años de presentaciones de hábeas corpus- el OPNyA finalmente dispuso el cierre temporal del Instituto de menores ubicado en Pablo Nogués, en el partido de Malvinas Argentinas, donde tres jóvenes fallecieron por distintos motivos y circunstancias.
La órbita provincial tiene alrededor de 360 jóvenes detenidos en distintos dispositivos que dependen de este organismo. Permanecen allí en condiciones inhumanas de detención y sufren vulneración de derechos en forma constante. En este sentido, todo el padecimiento de los allí cautivos, puede tener una condena internacional por no aplicar los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como corresponde.
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