La escena no es nueva. Miles de familias argentinas afectadas por el agua. Pero las inundaciones tienden a repetirse con intensidad creciente en regiones muy específicas, básicamente en el núcleo del modelo productivo, con el monocultivo de soja que domina el norte bonaerense y la provincia de Santa Fe. El discurso oficial hace hincapié en la avanzada de un cambio climático imposible de resistir. Los especialistas coinciden en que el factor natural existe, pero no es lo único. Hay dilemas ambientales que atraviesan estas catástrofes, desde los desmontes hasta el corrimiento de la frontera agrícola, que reduce la absorción del agua y tiene consecuencias en la biodiversidad.

Esta semana la NASA confirmó que 2016 fue el año más caluroso desde que se tienen registros. Ante los efectos del cambio climático, para la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) se prioriza el cortoplacismo y la mirada segmentada. Lo más preocupante –remarcan– es que “no se ponga en discusión el modelo productivo agropecuario preponderante, que es parte constitutiva de esta situación”. Un modelo que se aceleró a mediados de los ’90, cuando se permitió el ingreso de la soja transgénica que hoy domina como monocultivo. Se profundizó la última década, y en 2016 tuvo nuevo impulso con el quite de retenciones y la mayor rentabilidad en dólares.

Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, destaca que el fenómeno de las inundaciones en el centro y norte del país, repetidas los últimos veranos, no es casualidad: “Es consecuencia de la ausencia de una política ambiental que proteja a nuestra esponja natural, que son nuestros bosques y humedales, del avance de la soja, la ganadería intensiva y los desarrollos inmobiliarios”.

Diez millones de hectáreas de la región pampeana pasaron en estas décadas de la actividad ganadera o mixta a la puramente agrícola. Esas tierras tenían pasturas perennes que absorbían anualmente entre 1500 y 2000 milímetros. A partir del ingreso de cultivos anuales, que en el mejor de los casos funcionan seis meses, se absorbe apenas entre 500 y 800 mm. Nicolás Bertram, investigador del INTA en Marcos Juárez, Córdoba, relaciona la cercanía de la napa freática de la región pampeana a la superficie –apenas a un metro de profundidad, cuando una década atrás estaba a diez– y los anegamientos temporarios que ocasiona con “los cambios producidos al nivel del sistema productivo de la región”. También se empobreció la rotación de cultivos. En ese departamento cordobés, a principios de los ’80, por cada hectárea de soja se veían 40 de gramíneas y 20 de maíz. Hoy la ecuación cambió: por cada hectárea de gramínea y de maíz, hay tres y seis de soja, respectivamente.

“Las inundaciones cada vez más recurrentes se conjugan y se potencian con las políticas de cambio abrupto del uso del suelo. Cuando uno desmonta, más allá de la emisión de gases invernadero, disminuye la capacidad de absorción de agua”, apunta Manuel Jaramillo, director ejecutivo de Fundación Vida Silvestre. Y agrega: “No es todo culpa del cambio climático”.

Según tendencias climáticas que estudia el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA), la región pampeana registrará lluvias cada vez más frecuentes e intensas. Las sufrió General Villegas en octubre, cuando quedó con el 70% de su superficie bajo el agua. El municipio decidió encarar entonces un relevamiento satelital para detectar canales clandestinos: dos productores fueron denunciados penalmente por romper alcantarillas para evitar el drenaje de agua hacia sus campos. En San Antonio de Areco encontraron más de cien de esos canales.

“Lo esencial es el modelo productivo que adoptamos, de monocultivo inducido con concentración de tierras y rentas”, opinó Pedro Peretti, de la Federación Agraria, y habló de “desastre ambiental”. El ministro bonaerense de Agroindustria Leonardo Sarquís (exgerente de Monsanto) tiene otra visión: “Hay que desmentir que la técnica de la siembra directa genere más inundaciones y principalmente en el caso de la soja, ya que es un cultivo que necesita mucha agua, favorece la absorción y el drenaje de los campos”, declaró. 

En Santa Fe sufren, además, las aguas que bajan por culpa de la tala de la selva paranaense, del bosque atlántico y de la selva misionera, por la forestación de pinos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Argentina es el séptimo país del mundo que más bosque perdió desde 1990: 307 mil hectáreas menos por año. De ellas, 626.244 correspondían a bosques protegidos por ley. “Una hectárea con bosques absorbe diez veces más precipitaciones que una hectárea con soja. Más desmontes significa más inundaciones”, advierte Giardini.

La Ley Nacional de Bosques establece que el presupuesto del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos se obtiene del 0,3% del Presupuesto nacional, más el 2% de la recaudación por derechos de exportación de productos agrícolas, ítem que hoy es casi nulo. Ya en el primer año de aplicación (se sancionó en 2007), tuvo un 25% del monto que le correspondía. La situación empeoró y este año el Fondo tendrá apenas $ 256.500.000 (a los que se suman 25 millones del Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos), una cifra similar a los $ 268 millones de 2016. La Jefatura de Gabinete de Ministros, si así lo desea, podría sumarle 300 millones extra. Aun así estaría lejos del 0,3% del total. “El Fondo debería constituirse con al menos $ 7400 millones, pero hoy recibe apenas cinco pesos por hectárea de bosque nativo”, grafica María Marta Di Paola, especialista en economía ambiental de la FARN. Peor es la situación del programa “Lucha contra la Desertificación del Gran Chaco Americano”, que pasó de 18.135.366 pesos en 2016, a solo 570 mil.

Para Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, «no es una cuestión de obras la solución; si seguimos discutiendo eso, no vamos a la verdadera causa. Estamos ante el colapso del modelo sojero, que privatiza beneficios y socializa sus pasivos y que ya cubre 22 millones de hectáreas». El especialista propone “obligar a la rotación de cultivos, recuperar humedales, bosques nativos, y mientras tanto establecer un sistema de alerta temprana ante el cambio climático que llegó para quedarse”.

Las primeras reacciones de los gobiernos suelen centrarse en declarar la “emergencia”. Como en años anteriores, hubo dinero y no se usó. En 2016, solo el 19% del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica fue destinado al Plan Federal de Control de las Inundaciones, mientras que el programa “Recursos Hídricos” del Ministerio del Interior finalizó el año pasado con 1200 millones disponibles sin gastar. «

Arrecifes y Salto siguen en alerta

Declarada la emergencia agropecuaria, las regiones aquejadas por el desborde de ríos y arroyos siguen en alerta. En el noroeste bonaerense, la llegada de una nueva masa hídrica podría generar más anegamientos en Arrecifes y Salto, donde ayer los evacuados llegaban a 570. Los intendentes de ambos municipios, Ricardo Alessandro y Javier Olaeta, se reunieron el viernes con el vicegobernador Daniel Salvador para analizar la ejecución de obras, mientras la gobernadora María Eugenia Vidal disfrutaba sus últimos días de vacaciones en México. En tanto, en La Emilia, la localidad más castigada, con un muerto y unos 4000 evacuados, continuaba el operativo de limpieza de las viviendas.

Humedales desprotegidos

Otros elementos clave para amortiguar el agua son los humedales. El año pasado, en el Día Internacional de los Humedales, el presidente Mauricio Macri anunció que enviaría un proyecto al Congreso para protegerlos. No solo no ocurrió, sino que el bloque de Cambiemos presionó para primero impedir y luego modificar el texto de ley que presentó Fernando «Pino» Solanas, haciendo hincapié en que perjudicaría a los productores. En diciembre, el Senado le dio media sanción, con varios cambios al original. «El debate puso en evidencia el fuerte lobby de sectores agropecuarios e inmobiliarios para disminuir el nivel de protección de una futura ley de humedales», afirmó la FARN. Podrían quedar exceptuados grandes humedales como los de la región de salares en el norte, donde reina el litio.

Alternativa agroecológica a la industria

Miguel Altieri, profesor de Agroecología en la Universidad de California (UCLA), fue invitado en mayo del año pasado a disertar en la Facultad de Agronomía de la UBA. Explicó que existen unas 1500 millones de hectáreas de tierra agrícola en el mundo. El 80% está bajo agricultura industrial, que en promedio sólo produce un 30% de lo que come la humanidad. Los campesinos trabajan el 20% restante en 380 millones de fincas y producen el 60% de los alimentos que consume el planeta. Su enfoque se basa en promover la agroecología, un modelo que «permite cultivar la tierra de una forma más biodiversa, resiliente y productiva. Los supuestos que guían a la agricultura industrial ya no son válidos: el clima está cambiando, la energía del petróleo es cara y finita, y el agua no es abundante. Además, la naturaleza no se puede controlar con tecnología: los agroquímicos, fertilizantes, transgénicos y demás subsidios que supuestamente iban a aumentar la producción y reducir el hambre, tuvieron una serie de efectos ecológicos indeseables sobre la salud humana y el ambiente, y no resolvieron el problema de la alimentación.»