Con una diferencia de nueve años, el depósito de Iron Mountain, situado en Azara y Jovellanos, en el barrio porteño de Barracas, volvió a reducirse a cenizas. La última vez fue este lunes. La noticia causó estupor y erizó la piel por el recuerdo de las diez víctimas fatales en aquella madrugada y mañana del 5 de febrero de 2014. A quien no le llamó la atención este segundo “incidente” fue al ingeniero en Seguridad Ambiental, Edgardo Castro, entonces inspector que había pedido la clausura del lugar en 2008.
En diálogo con Tiempo, el licenciado en Higiene y Seguridad del Trabajo y auditor en sistemas de calidad, no dudó en vincular este nuevo hecho con la elevación del juicio oral en contra de 18 personas, entre empleados, directivos de la empresa y funcionarios porteños, para que rindan cuentas por las muertes de los ocho bomberos y dos trabajadores de Defensa Civil en aquél primer incendio.
–¿Lo sorprendió el incendio del lunes?
–No, para nada. Era de esperar. Yo lo había planteado hace muchos años atrás y ahora terminaron de quemar lo que faltaba. Eso es lo concreto. Fue intencional y de la misma manera que el anterior. Fue un calco. Mismo método, mismo sistema, mismo tiempo, misma estructura. Todo igual. El gobierno porteño tendría que haber intervenido hace años, vaciando el depósito. Pero a las claras está que siguió funcionando igual, aunque se tendrían que haber tomado un montón de medidas de seguridad que evidentemente no se tomaron porque el objeto era seguir quemando lo que había: toda la documentación ilegal, sin registro, relacionada con el lavado y el no pago de impuestos. Todo bien trucho, al estilo Iron Mountain.
–¿Se sabe qué empresas había en esta oportunidad?
–No se sabe nada. Con lo que pasó la otra vez comenzamos a advertir lo que había ahí pero porque hubo 10 asesinatos. Ahora perfeccionaron el método. No se va a saber qué empresas utilizaban el lugar, salvo que alguien se meta a buscar los restos de papel, cosa que dudo que hagan el Gobierno de la Ciudad o la justicia, Y dudo mucho que se investigue este último caso. Por eso creo que este incendio va a quedar en la nada, porque era toda la documentación remanente ilegal que Iron Mountain tenía dando vueltas por otros locales clandestinos.
–¿Cómo es eso?
–Claro, cuándo fue el primer incendio, Iron Mountain empezó a sacar un montón de documentación trucha que repartió en algunos galpones de Lanús, Avellaneda y de Capital Federal, entre otros lugares. Todo esto con la complicidad de la justicia que no buscó nada. Era muy fácil engancharlos. Sin embargo no lo hicieron, a pesar de que yo lo denuncié. En principio el lugar tenía custodia judicial. ¿Qué más segura iba a estar esa documentación trucha si tenía el aval de la justicia, sumado a que el gobierno porteño en aquel momento no hizo absolutamente nada para obligar a retirarla?
–¿Todavía había documentación que los podía comprometer?
–Durante unos tres años, con la anuencia de Ezequiel Sabor –ex subsecretario de Trabajo– y Juan José Gómez Centurión –ex titular de la AGC–, el Gobierno de la Ciudad aguantó el funcionamiento clandestino de esta empresa, en donde movieron mucha documentación ilegal por todos lados. Ahora que están bajo la lupa incluso de Estados Unidos –porque los sigue de cerca por sus vínculos con el HSBC, que está demostrado que lavaron dinero en todo el mundo– se habrán dado cuenta de que no podían seguir trasladando ese material. Esto, sumado al juicio que se abre, y al peligro que en el debate se ventile lo que aún había allí, es que se decidió darle el toque final a esa documentación que quedó colgada.
–¿Este incendio puede tener que ver con el juicio próximo?
–Habrán dicho ‘ahora o nunca’, y como tienen la anuencia de la justicia y de todo el gobierno porteño lo llevaron adelante, solo que tuvieron esta vez más cuidado de no matar a nadie, aunque hicieron pelota tres autos. Creo que el inicio del juicio pudo ser un acelerador. No tengo la certeza, pero sí sé que fue intencional. No podés mantener las condiciones anteriores a lo largo del tiempo, después del primer siniestro. Eso lo hicieron porque se sienten impunes. Esta empresa es una pieza clave internacional de lavado de dinero. Son especialistas en destrucción de documentos por esta vía.
–¿Qué va a pasar con este segundo incendio?
– Nada. Se van a hacer todos los boludos porque no hubo ningún muerto, y el seguro le pagará los autos a los dueños. Hay una podredumbre institucional que relaciona todo con todo. Si en el primer incendio no se hubieran muerto las 10 personas, hubiera pasado lo mismo que ahora. Estos empresarios tienen mucha plata, los abogados engañaron a las familias de las víctimas dándoles dinero y haciéndoles firmar que no podían avanzar penalmente. Son personajes nefastos. Eso plantearon en la justicia, aunque finalmente no les dieron la razón.
El rol de Francisco Cabrera
Iron Mountain nació en 1951 en Estados Unidos y desembarcó en el ‘2000 en la Argentina para archivar documentación y guardar material de empresas. En 26 años lleva al menos 8 incendios. Edgardo Castro recordó a Tiempo el rol que tuvo en toda la maniobra de 2014 el entonces ministro de Desarrollo Económico porteño, Francisco Cabrera, quien luego en presidencia de Mauricio Macri estuvo a cargo del Ministerio de la Producción. “Su papel fue central en todo este problema y en el ocultamiento de la justicia. Había sido el CEO del HSBC y fue el funcionario que promovió y motorizó la instalación de Iron Mountain en Barracas con un montón de beneficios infernales. Ese galpón, que encima no podía funcionar, le salió dos mangos. No se podía habilitar, sólo podían hacerlo con la anuencia del Gobierno de la Ciudad”, expresó el ex inspector de CABA.
Y añadió: “El que le maneja las cuentas y los números a Iron Mountain es el HSBC. Son socios. La triangulación es clarísima. Él fue el que los dejó funcionar y era mi ministro, él pidió actas para hacerlas desaparecer”.
