“Esta sentencia no tiene tiempo porque llega tarde, pero más vale tarde, justa y popular que nunca, porque hoy, 15 de marzo de 2022, el reclamo por Diego cumple su mayoría de edad: este reclamo tiene más años que él cuando lo desaparecieron”. Este martes, las organizaciones sociales y la comunidad educativa del Área Reconquista, en el oeste del conurbano bonaerense, llevaron adelante un Juicio Popular para reclamar contra el abandono de la Justicia de la causa por la muerte de Diego Duarte, joven desaparecido en el predio del Ceamse hace 18 años, un 15 de Marzo del 2004. Desde entonces, en esta fecha se conmemora el Día del Reciclador.
“Para exigir justicia debemos conocerla”, dice una de las consignas del evento, que tuvo un momento didáctico en el que se explicó cada una de las partes que intervienen en un juicio, al tiempo que transcurría el acto. No hubo acusado ni abogado defensor, “porque no están invitados”, aclaró una de las varias presentadoras del evento. En rigor, los vecinos denuncian que los responsables por la muerte y desaparición de Diego Duarte son los policías Alfredo Alcaraz y Hugo Campisi y el maquinista Diego Gómez, pero la fiscalía 23 a cargo de Miguel Ángel Gragnioli nunca formalizó la acusación ante la ausencia del cuerpo.
Aquella noche de 2004, Diego y su hermano Federico querían recuperar algo de metal en el basural del Ceamse en José León Suárez para venderlo y así comprar las zapatillas que Federico necesitaba para ir calzado a la escuela. Pero es sabido que el cirujeo suele ser violentamente reprimido en La Montaña, como llaman en la zona al enorme basural de seis metros de altura. Al advertir la presencia de la policía, fieles custodios de los desperdicios porteños, Diego y Federico se escondieron entre cartones y la máquina les descargó encima una tonelada de basura. Federico pudo escapar. De Diego no se supo nada más.
Bajo la línea del Ceamse
El estrado es una tarima negra apoyada sobre el piso de cemento. Arriba, una mesa con un mantel negro, y atrás, una pared sin revoque pero pintada de blanco de la que cuelga el cartel que dice La Republica de los Cirujas, y el retrato dibujado de Diego. Una tira de lamparitas sobre las cabezas de los magistrados y una wiphala frente a la mesa.
Abre el fuego la fiscal Teresa Perez, educadora de la zona Reconquista, quien desarrolla la acusación como parte de la Escuela Pública: “Estamos acá porque Diego esta desaparecido. Nos negaron la salida al Río Reconquista, nos instalaron un relleno sanitario, nuestros barrios pasaron a estar bajo la línea del Ceamse y al que se le ocurra cirujear, represión”. La acusación cita a Rodolfo Walsh, quien ya en 1977, en su famosa Carta a la Junta, denuncia que el Reconquista está contaminado en todas sus playas “porque los socios del ministro Martínez de Hoz arrojan sus residuos industriales y la única medida que han tomado es prohibirle a la gente que se bañe”. Pérez es también curadora del festival de arte del Proyecto Migrantas en Reconquista, un programa de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) que continúa durante todo marzo. “Se acusa a las Fuerzas de Seguridad, al poder económico cómplice y al pacto del Cea con el poder judicial que, como decían los pibes hoy en el aula, es la justicia para los ricos”, subraya Pérez.
Llega luego el turno de la testigo principal, Alicia Duarte, hermana de Diego y referente territorial. Pero su voz se quiebra. El juicio popular tiene que suspenderse unos minutos hasta que la testigo logre dominar la emoción. «¡Vamos Alicia!», le gritan. Y aplauden desde el estrado. “Diego era un chico de 15 años que tenía muchos sueños, que quería estudiar y que la noche del 15 de marzo ingresó al Ceamse porque quería que su hermano Federico tuviera zapatillas nuevas para ir a la escuela. No lo vi mas”.
Pepe Palacios es un abogado de Derechos Humanos de la zona. Tuvo a su cargo la defensa de Diego. “Se encuentra plenamente acreditado que una persona que conducía la grúa esa madrugada del 15 de marzo arrojó basura sobre el cuerpo de Diego Duarte que se encontraba acostado, oculto bajo un cartón para evitar ser perseguido por los policías que constantemente maltrataban a los pibes y las pibas que iban a buscar alguna cosa al basural”, aseguró Palacios en su discurso. Y agregó: “Gómez, el chofer, Alcaraz y Campisi, los dos policías. Cuando Federico le dice, ‘viejo, pará que está mi hermano abajo’, Gómez siguió arrojando basura muerto de risa y, mirando a los policías les dijo ‘Matamos a un ciruja’. Lamentablemente la fiscalía tomó la decisión de archivar la causa reiteradamente, como una política institucional, como pasa con muchas causas en las que están involucrados policías”.
La muestra de arte FestiMigrantas y el Juicio Popular son una muestra de las actividades que las organizaciones sociales y las universidades del conurbano desarrollan por abajo en el territorio, en un contexto en que la política superestructural parece trabada y en punto muerto. “Yo fui una ciruja que iba a la quema, yo también fui golpeada –revela a su turno Nora Rodríguez, integrante de la Cooperativa Bella Flor y encargada, en este caso, de la querella–. Yo tuve hijos del corazón que fueron a la quema y hoy en día tengo dos trabajando en una cooperativa de reciclado, pero que también recibieron los abusos de los policías, que los cargaban, los golpeaban y los abandonaban en Luján o en Rodríguez, para que vinieran caminando porque no querían que les toquen la basura”.
Delia Giovanola, fundadora de Abuelas de Plaza Mayo, testificó también para trazar un paralelismo que evidencia la continuidad de la desaparición de personas como práctica política. “Yo no nací Madre de Plaza de Mayo, nací para ser maestra, pero también me quitaron el hijo –relató–. Nunca conseguimos que nos digan donde están. Cuando no existían las Madres de Plaza de Mayo no sabíamos dónde ni cómo se busca un hijo, cómo se busca un nieto. Improvisamos, inventamos como se hacía. Pero luchando, como ustedes, no nos quedamos, no conseguimos encontrar a los hijos, pero conseguimos encontrar 130 nietos a lo largo de 45 años. Nos falta encontrar a alrededor de 350 nietos. Tengo 96 años y pienso seguir buscando nietos”.
La sentencia
Sobre el final, un grupo de amigos de Diego y jóvenes del barrio fueron leyendo el veredicto del juicio popular. “En los juicios comunes, la sentencia la da el juzgado, en nuestro caso siempre son juzgados en lo criminal -declaró un joven que se presentó como Waldemar, y tomó la palabra para interrogar- La justicia de los sectores populares ¿puede pedir cárcel, cuando muchos de nosotros estuvimos detenidos?”.
“Diego está hoy acá porque el cuerpo de Diego no apareció nunca, y entonces el reclamo se hizo alma, cuerpo y se hizo voz, se hizo bandera”, dijo otra de las compañeras.
El resto del dictamen se convirtió en una lista de reclamos: “Exigimos una disculpa pública; exigimos la condena real a los acusados; exigimos que personas de carne y hueso miren, atiendan y se ocupen de todos los Diegos que viven, juegan y crecen en nuestra área Reconquista; exigimos para los recicladores condiciones mas dignas, porque llevan a cabo una de las tareas más importantes, y exigimos ir a la escuela con zapatillas nuevas y tener acceso al río, a su flora y a su fauna”.
