Los testigos que desfilaron en la tercera jornada del juicio por el crimen de Lucas González, el jugador de fútbol asesinado de un balazo el 17 de noviembre de 2021 en Barracas, complicaron la situación de los 14 policías detenidos. Se trata de los agentes de la federal que participaron de los peritajes en la escena del homicidio y de las médicas que trataron a la víctima, aún con vida.
A diferencias de las primeras dos jornadas del debate, la de este martes se llevó a cabo en la sede del tribunal ubicada en la calle Paraguay al 1536, en vez de la Sala Auditorium de los tribunales federales de Comodoro Py, en Retiro.
La primera testigo fue Valeria Echeverría, médica a cargo del shockroom del Hospital Penna, quien estaba de guardia cuando Lucas fue ingresado en grave estado tras ser baleado y recordó que el paciente ingresó en estado «crítico» con un disparo en la cabeza y que vio que del cuerpo cayeron «dos elementos metálicos», que ella creyó que eran balas pero que un Policía le indicó que se trataba de casquillos, por lo que solicitó que le tomaran los datos al oficial para el posterior informe.
Ese policía, según la investigación, es Daniel Espinoza, uno de los 13 detenidos y acusados del encubrimiento del crimen de Lucas, cuya defensa pidió en la audiencia que se leyera la historia clínica del paciente, el cual se hablaba de «un elemento» que cayó del cuerpo de Lucas y no de dos, como señaló la especialista al referirse a los casquillos.
A continuación, dio su testimonio la médica del SAME Miriam Sosa, quien atendió a Lucas en el lugar de los hechos, y señaló que escuchó a un efectivo decir a otros «nadie graba, nadie vio nada» y que percibió en el lugar «un clima tenso, de mucho nerviosismo».
«Cuando llegamos vi una escena bastante impactante, no era habitual: muchos efectivos, un vehículo en que había una persona joven en grave estado. Las personas que estaban trabajando estaban muy nerviosas, se veía que no era un hecho habitual», aseguró Sosa.
Luego, recreó la escena diciendo que fue algo «de película», ya que, según ella, el policía que hizo la advertencia señaló al resto con el dedo índice mientras daba un giro de 360 grados diciéndoles «nadie filma”. A su vez, la profesional detalló que en la ambulancia viajó junto a ellos un policía y agregó que, desde que se enteró de lo ocurrido por los medios de comunicación, tiene «miedo».
También declaró en la audiencia el oficial Ariel Gastón Lamela, el chofer del por entonces comisario inspector Daniel Alberto Santana (50), imputado por el encubrimiento del hecho, donde mencionó que lo notó «muy acongojado» por lo sucedido, aunque refirió que vio a su jefe conversar con uno de los policías acusados por el homicidio, Gabriel Alejandro Issasi (41), tras el hecho.
“Venían tomando mate”
Ante los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero, declaró también el subcomisario de la Policía Federal y jefe segundo de la sección Intervenciones Judiciales, Pablo Andrés Blanco. El testimonio se extendió por una tres horas y la participación de otros testigos que estaba previstos para esta tercera jornada debió postergarse.
Blanco indicó que llegó a la escena del crimen convocado por un supuesto «enfrentamiento armado”. «Cuando llegué al lugar, había mucha cantidad de personal policial de la Ciudad. Cerca de 100 personas. Lo primero que hago es entrevistarme con un oficial jefe de la Comuna, Inca -uno de los imputados por encubrimiento- y me cuenta que una brigada de ellos venia recorriendo y advierte el paso de un Volkswagen Suran sospechoso por la avenida Iriarte. Dijo que luego que se identificaron los policías, el vehículo se dio a la fuga, embistiendo a uno de los policías y que ellos se sintieron amenazados repeliendo dicha agresión con disparos», relató Blanco, que vestía un saco gris y una corbata rayada.
A continuación, el subcomisario remarcó que recién se pudo comenzar a peritar el vehículo en el que viajaba Lucas y sus tres amigos cuatro horas más tarde, luego de recibir la correspondiente autorización judicial. Sin embargo, durante el procedimiento, Blanco señaló que observó «matices» que le hicieron dudar si la versión que le habían dado los policías porteños era tal.
«Tengo mucha experiencia en otras intervenciones. Todo el tiempo hacemos detenciones y es difícil que al toque caigan los padres del menor delincuente y quieran saber qué pasó con su hijo y con la intensidad que lo hacían», relató el funcionario de la PFA y agregó: «Era un auto sin pedido de secuestro. El conductor estaba autorizado a usarlo. Uno no va a robar con su vehículo.»
En ese sentido, Blanco indicó en reiteradas oportunidades que uno de los elementos que más llamó su atención en el auto fue un equipo de mate que tenían los adolescentes en el portaobjetos del vehículo.
«Los chicos tenían botines y parecía que iban tomando mate. Si vos vas a robar, no te vas de camping. Me hizo hacer un juicio de valor interior de que no podrían tratarse de delincuentes que quieran fugarse de la policía. Fue un pensamiento mío de ese momento porque no había una pericia que lo confirme. En 25 años de experiencia, nunca tuve una apreciación como esta», afirmó.
Además, Blanco sostuvo que el arma encontrada en el Volkswagen Suran «era de juguete”. «Cuando yo llego al lugar del hecho, no recuerdo que haya gente asomándose a la camioneta. Sí se distinguía que había un objeto en el auto. Hasta las 16, el auto estuvo en dominio de la Policía de la Ciudad. Después intervenimos nosotros, y cuando se terminó el peritaje, entre las 17 y las 18, pude ver el arma, que era una réplica», describió.
La acusación
Por el crimen de Lucas se encuentran detenidos y son sometidos a juicio desde el 16 de este mes el mencionado Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y el oficial Juan José Nieva (37), quienes en la primera jornada del debate, los tres aseguraron que actuaron «en legítima defensa» y «en cumplimientos del deber», por lo que no cometieron «ningún delito».
En tanto, hay otros 11 policías que se los juzga por «falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas»
