Con muchos años de demora, comenzó este jueves en La Plata el juicio oral por los crímenes cometidos en dos centros clandestinos de detención de esa ciudad: 1 y 60, intersección de calles en las que estaban la Dirección de Infantería y el Regimiento de Caballería de la Policía Bonaerense, y la Comisaría 8va, ubicada en las calles 7 y 74, en Villa Elvira.
Se trata de dos causas grandes que se investigaron por separado pero se unificaron para este juicio, que será enorme, con 18 acusados por 291 víctimas y 372 testigos y testigas.
El debate está a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que por primera vez está presidido por una mujer, la jueza Karina Yabor e integrado por los jueces Ricardo Basílico y Andrés Basso.
La audiencia arrancó pasadas las 9 con la lectura del resumen del requerimiento de elevación del Ministerio Público Fiscal. La sala del primer piso de los tribunales platenses contó con una gran cantidad de público, aunque los imputados siguieron el juicio a la distancia, desde sus lugares de detención que para la mayoría es su domicilio.
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Las demoras de más de seis años desde que “1 y 60” fue elevada juicio y casi cinco desde que lo fue “Comisaría 8va” hizo que casi la mitad de los acusados no llegaran al debate y sólo hay 18 acusados por esos crímenes (11 de ellos juzgados por primera vez).
En “1 y 60” están acusados cuatro miembros de la Plana Mayor del Regimiento de Infantería 7, Alberto Jorge Crinigan, Ismael Ramón Verón, Lucas Marcelo Castro y Enrique Francisco Welsh; cuatro oficiales del Cuerpo de Infantería Motorizada de la Policía Bonaerense, Tomás D´Ottavio, Raúl Ricardo Monzón, Juan Antonio Vidal y Claudio Rubén Mejías; Carlos Hugo Leguizamón, ex integrante de la delegación La Plata de la Policía Federal, y el civil Carlos “El indio” Castillo, quien integró la patota de la Concentración Nacional Universitaria (CNU).
En “Comisaría 8va” son 11 los imputados, aunque Verón, Welsh y Crinigan también lo están en “1 y 60”. Los otros 8 acusados son Luis Gustavo Diedrichs, Lucio Carlos Ramírez, Rubén Vicente Sánchez y Enrique Armando Cicciari, ex miembros de la Plana Mayor del Regimiento de Infantería 7; tres oficiales del Destacamento 101 de Inteligencia Carlos María Romero Pavón, Roberto Armando Balmaceda y Jorge Héctor Di Pasquale, y el civil Jaime Lamont Smart, quien fue ministro de Gobierno de facto de la provincia.
«Estas dos causas, en alguna medida, cierran el círculo de lo que fue el circuito represivo que funcionó en la jurisdicción», expresó y remarcó que «son dos centros importantes en la lógica concentracionaria de la época», explicó a Télam el auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad en La Plata, Juan Martín Nogueira.
“Este juicio significa cerrar este círculo entre distintos centros ya investigados y juzgados en esta jurisdicción», añadió.
Los Centros Clandestinos de Detención
Los dos centros funcionaron en dependencias de la Policía Bonaerense en el marco del circuito represivo del Área militar 113: estaban bajo las órdenes del Regimiento de Infantería 7 y también intervenía el Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército.
“1 y 60” comenzó a funcionar un día antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 como un lugar de detención y tortura que funcionaría también como paso previo para el ingreso al “Circuito Camps”. Dentro del CCD, las víctimas eran llevados a “La cuadra” o a “Los calabozos” y era frecuente que al momento del ingreso les tomaran “declaraciones espontáneas”, que fueron luego halladas en los archivos DIPBA.
Muchas de las víctimas eran trabajadores y delegados del cordón fabril platense, empleados del Astillero Río Santiago, Propulsora Siderúrgica, Sociedad Industrial de Aparatos de Precisión (SIAP), el Frigorífico Swift, R.A.B, o YPF. También pasaron por ese lugar mucho militante políticos y estudiantes.
La Comisaría 8va funcionó como un lugar de paso para detenidos y detenidas de otros centros clandestinos, entre ellos “1 y 60”. Al llegar a la comisaría, en la que convivían con otros presos comunes, las personas eran anotadas en los libros y luego legalizadas y puestas a disposición del PEN para ser llevadas a unidades carcelarias o liberadas. Sin embargo, también hubo personas que fueron asesinadas dentro de la comisaría o inmediatamente después de ser retiradas de allí.
