En 1977 el brigadier Osvaldo Cacciatore, intendente de la Ciudad durante la dictadura cívico-militar, orquestó un plan de expropiaciones, desalojos y demoliciones de viviendas a lo largo del recorrido que ocuparía la Autopista 3, atravesando el distrito de norte a sur, algo que nunca se concretó. En esa extensa traza hay familias que viven desde entonces, y otras que ocuparon espacios en los ’80. Algunas llevan más de tres décadas en las casas cuya titularidad reclaman, pero la Ley 324 que obliga a resolver su situación habitacional es incumplida por el Gobierno de la Ciudad. Esta semana, esta exigencia de larga data volvió a la calle.

Familias del Sector 4 realizaron una protesta este jueves, para exigir que el Ejecutivo local cumpla la ley sancionada hace más de dos décadas. A comienzos de este año, con la representación del Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Defensoría de Laburantes, presentaron un pedido de amparo, que no tuvo avances.

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“Estamos pidiendo al Gobierno de la Ciudad que abra una mesa para resolver los pasos a seguir, hay que sentar a la gente que vive en toda la traza, que es larguísima: de Villa Urquiza a Pompeya. Son un montón de predios. La gente más organizada es la cercana a villa Urquiza. Y hay una ley que ordena la resolución de esta cuestión: son alrededor de 1500 familias y muchas ya tienen varias generaciones en esos lugares. En las casas de la traza hay lugares que relevamos –con censo propio- donde viven 25 personas en un espacio pequeño”, alertó Alejo Caivano, abogado de la Defensoría de Laburantes, en diálogo con Tiempo.

“Se resolvió la situación de un sector y se otorgaron algunos títulos, pero la gente del Sector 4 sigue esperando. Si se van, no les reconocen haber vivido más de 20 años ahí. Entonces se quedan en condiciones terribles. Si construyen les pueden clausurar las obras. El juzgado todavía no hizo nada. Ni la Legislatura tiene algún abordaje ni desde lo judicial han dado resultado. Son muchas familias, con situaciones muy complicadas. Y como el Gobierno de la Ciudad se abstiene de intervenir, no hay controles ni cuidados” sobre estas casas.

El abogado señaló la marcada diferencia que hay en las realidades de la traza, entre “una zona súper valuada”, con bares y edificios modernos, que conviven a poca distancia con situaciones habitacionales extremas. “El Gobierno de la Ciudad está apostando a la urbanización de algunas villas porque puede hacer algún negocio ahí, acá no quiere avanzar con los títulos de propiedad porque no puede construir algo ahí. Está en debate el título de propiedad o las soluciones habitacionales para las distintas generaciones”, sostuvo el letrado. “Se necesita un desglose de expedientes para que haya solución habitacional para todos. Si no es habitable para tres generaciones de familias, van a tener que pensar una solución en otro lugar y eso no lo están habilitando”. En el amparo también se pide un censo oficial que actualice los datos sobre las familias que viven en riesgo en la traza. De acuerdo a lo que estima la asamblea vecinal, hay entre 1000 y 1500 familias del Sector 4 que requieren una solución habitacional.

“Acá el tema es que hay leyes incumplidas. El que incumple es el Gobierno de la Ciudad. Debería convocar una mesa con intervención del Instituto de la Vivienda, pero no hay decisión política y nadie se hace cargo”, resumió Caivano.

Si bien el reclamo principal procede del Sector 4 de la traza y la organización vecinal es más fuerte en la zona de Villa Urquiza, desde el Sector 5 denuncia que no todas las situaciones fueron resueltas. “Aún quedamos aproximadamente 50 familias sin solución habitacional .El gobierno dice que ‘ya tenemos la solución’ y hacen ‘aparecer’ como que el Sector 5 está completamente saneado. El barrio creció con edificios y nosotros estamos como lunares de miseria en el trazado”, graficó la vecina Alba Castillo.