La prisión preventiva se usa en América Latina de manera «excesiva» y se ha convertido en un mal crónico que evidencia el fracaso del sistema de Justicia, alertó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

«El uso excesivo de la prisión preventiva constituye un problema estructural inaceptable en una sociedad democrática que respeta el derecho de toda persona a la presunción de inocencia», sostuvo el comisionado James Cavallaro, relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad.

El organismo, dependiente de la Organización Interamericana de Derechos Humanos (OEA), presentó anoche en Ciudad de México un informe que recoge medidas para reducir el uso de la prisión preventiva, en el marco de su 164 periodo de sesiones.

La prisión preventiva permite mantener detenida a una persona que está siendo investigada, antes de su presentación ante la Justicia y sin que existan cargos formales. De acuerdo con la CIDH, en la región el promedio de personas en prisión preventiva es del 36,3 por ciento del total de la población penitenciaria, pero en algunos países supera incluso el 60 por ciento, refirió la agencia de noticias DPA.

El organismo manifestó su preocupación «por la falta generalizada de voluntad política por parte de los Estados para reducir el flagelo» y por eso los urgió a recurrir a esta figura de manera excepcional.

«La CIDH recuerda que la prisión preventiva debe partir de la consideración al derecho a la presunción de inocencia y tener en cuenta la naturaleza excepcional de esta medida; además, debe aplicarse de conformidad con los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad», agrega el trabajo.

«El uso excesivo de la prisión preventiva constituye uno de los signos más evidentes del fracaso del sistema de administración de justicia, y constituye un problema estructural inaceptable en una sociedad democrática que respeta el derecho de toda persona a la presunción de inocencia», añadió.

La CIDH advirtió que el uso excesivo de la prisión preventiva agravó también el hacinamiento carcelario, mientras que en algunos Estados, por el contrario, para reducir su uso se realizan procesos abreviados o inmediatos.