Desde lo político y lo jurídico, considero que es una huelga de hambre innecesaria. En su génesis fue una medida programada con más de 20 días de anticipación, dándoles aviso al Servicio Penitenciario y a las autoridades que el día 5 de diciembre comenzaba. Queda en evidencia entonces que es algo gestado y fogoneado por el gobierno saliente, que preparó una bomba de relojería muy difícil de desactivar.

De todas formas, reconozco que el reclamo es lógico y necesario. No se puede seguir teniendo una ley que en 2017 modificó la estructura de las salidas transitorias. Estas son las consecuencias. Si se legisla restringiendo las excarcelaciones y el modo de ejecutar la pena conforme al Código Penal, no se va a obtener otro resultado que un gran incremento de la población carcelaria. Cuando esto sucede, el presupuesto aumenta, porque se necesitan más alimentos, más agentes penitenciarios y construir más cárceles.

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Además, esto ocurre en un contexto en el que los recursos siempre son escasos para nuestra provincia. Si esto no se modifica, en poco tiempo los presos pasarán de 50 mil a 70 u 80 mil. Es por todo esto que hay que diseñar una nueva política criminal para la provincia de Buenos Aires y para todo el país. «