Eliana estuvo tanto tiempo con los pies mojados que se enfermó. Los hijos de Zaida sufrieron picaduras de arañas y se lastimaron con clavos. Rocío tuvo que dejar a los suyos en la casa de su mamá. Andrea usó maderas de un mueble roto y consiguió cuatro chapas para armar un techo. Todas llevan más de un mes y medio tratando de acondicionar ese espacio que durante años fue un basural de la Villa 31 para que se convierta en lo más parecido posible a un hogar. Eliana, Zaida, Rocío y Andrea forman parte de las más de cien familias que tomaron el terreno conocido como La Containera. Expulsadas por la lógica de alquileres y desalojos dentro del propio barrio, sufren los efectos más extremos del déficit habitacional de la Ciudad de Buenos Aires.

Organizadas como “La Fuerza de las Mujeres”, las familias llegaron al predio el último día de junio. Recibieron órdenes de desalojo y se vieron rodeadas por personal policial, pero en las últimas semanas esa amenaza mermó. Son familias encabezadas en su gran mayoría por mujeres, en muchos casos desempleadas durante la pandemia, que ya no pudieron seguir pagando el alquiler en la villa. El Gobierno de la Ciudad se acercó en un primer momento para ofrecer subsidios, pero ellas piden soluciones definitivas. El tiempo pasa y siguen ahí: cada vez son más, cada vez más invisibles.

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“Hay tres motivos principales por los que las mujeres de la toma están en el predio. Uno es que no les están alquilando a personas con hijes en las habitaciones del barrio, como pasa en otros barrios. Otro, que muchas son víctimas de violencia de género y se fueron de sus hogares para no seguir expuestas. Y otro es que no tienen ingresos para el pago del alquiler. Muchas son madres solteras y eso les imposibilita tomar más horas de trabajo; tienen que definir entre comprar pañales, leche o alquilar una pieza”, resume Mona Córdoba, referenta de Marea Feminismo Popular, el frente feminista de Somos Barrios de Pie.

“Se alquila sin chicos”

“En todo el barrio ponen carteles de ‘se alquila sin chicos’. Si me quedo embarazada, directamente me echan”, se lamenta Eliana. Llegó a la toma el 1 de julio, después de dos años pagando alquiler dentro de la villa. “Nos subían la renta cada vez que querían. En la pandemia nos quedamos sin trabajo mi pareja y yo. Él salió a juntar cartones para cubrir el mes del alquiler, pero ya no alcanzó”. Antes él trabajaba como albañil. Ella, como niñera. Los dos, en negro. Por estos días, Eliana no puede trabajar. Pasó tanto frío y permaneció tanto tiempo mojada por la lluvia que se enfermó.

“Casi todas tenemos el mismo problema. Tenemos hijos, bebés, criaturas, y no nos quieren alquilar”, cuenta Andrea, de 29 años, mamá de tres nenas de 2, 7 y 10. Está en la toma desde el primer día, después de una década alquilando en el barrio. “Hace 15 días me puse algunas maderas de roperos tirados que pude conseguir. Me regalaron chapas, cuatro, y pude levantar algo y completarlo con lonas. Lo que tenía me lo traje, no era mucho: una tele, una cocinita y la cama”. Antes de la pandemia trabajaba como vendedora ambulante de café, ahora está desocupada.

“Dijeron que podían extender o aumentar los subsidios habitacionales. Pero el tema ya no es la plata. Nadie quiere alquilar con chicos. Vas por el barrio y ves un montón de carteles que dicen eso. Si nadie te quiere alquilar, ¿de qué sirve el subsidio? Tampoco podemos salir afuera para alquilar un departamento, no es una solución para nosotros”.

“El gran problema es que el subsidio habitacional –como pasa en muchos otros lugares– no alcanza, no prevé que con eso puedas alquilar”, coincide Alejandrina Barry, precandidata a legisladora porteña por el FIT/PTS. Y describe el panorama de la toma: “No hay ni amenaza de desalojo, ni una mesa de diálogo, ni un intento de plantearles alguna solución. Es desesperante. Volví a ir con el paso de las semanas y cada vez hay más familias. Las condiciones en las que están son propias de vivir en lo que era un basural: chicos entre ratas, enfermedades. Es terrible”.

Escuela o basural

El Gobierno de la Ciudad interviene a través de la Unidad de Proyectos Especiales Barrio Mugica. Desde allí responden que la situación “sigue siendo la misma” que hace casi dos meses, y agregan que las familias están sobre el “terreno donde se va a construir la nueva sede de la Escuela Primaria N° 11 ‘Indira Gandhi’, donde asisten 200 chicos y chicas del Barrio Mugica”. Se trata de una escuela hoy ubicada en Belgrano, en Av. Intendente Cantilo y La Pampa. Hace casi una década, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) comenzó a acompañar el reclamo de familias de la Villa 31 para que les garantizaran transporte, al darles vacantes tan lejanas a sus casas. El año pasado, ese reclamo reflotó para pedir que les acercaran las viandas durante la pandemia. En el predio tomado nadie vio ningún cartel ni inicio de obra que preanuncie la mudanza de esa escuela. Ni en ACIJ ni en la cooperadora escolar fueron notificados. De hecho, se enteraron ante la consulta para esta nota. El Ministerio de Educación no respondió al respecto.

“El terreno está en desuso hace seis años. Lo usan como basural. El propio Gobierno de la Ciudad lleva escombros ahí. Ni siquiera vinieron a decirnos de quién son los terrenos. Pedimos el auxilio del BAP (Buenos Aires Presente) y nos lo negaron. Hay comedores que responden a la Secretaría de Integración Urbana que negaron la comida a casi 20 familias por estar en la toma. Esas son las respuestas que tenemos”, dijo Rocío durante un reclamo frente a la Fiscalía 11 de la Ciudad, que en su momento emitió la orden de desalojo. “El personal del BAP y del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue rechazado en diversas oportunidades por las personas en la toma, por lo que el censado no fue posible. La situación está en manos de la Justicia”, responde el Ejecutivo local.

“Nunca se hizo la escuela, no hay cartel, era un basural. Cuando empezó la toma, lo primero que hicimos fue ayudar a limpiar. Hace años que el espacio no se usa”, remarca Walter Larrea, preceptor en la EEM 6 DE 1 Padre Mugica, de Retiro, y miembro de la Mesa de Urbanización de la Villa 31. La mayoría de los chicos y chicas de la toma estudia en ese polo educativo. “Pero se les complica sostener la escolarización, tener ropa, delantal, cumplir las tareas. La mayoría no está yendo”, advierte el docente.

Ollas y ayudas

Desde la Unidad de Proyectos Especiales, anclaje del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en el barrio, aseguran que vecinos y vecinas de los alrededores “rechazaron este tipo de toma ilegal y se manifestaron pidiendo el desalojo, sabiendo la necesidad de la escuela en el sector”. Sin embargo, de esos mismos alrededores llega gran parte de la ayuda que sostiene a las familias de La Containera.

“Nos dan agua, nos pasan luz, nos dejan ir al baño. Organizaciones traen comida, a veces cena, a veces merienda. El resto tratamos de conseguirlo nosotras”, cuenta Andrea. “Armamos ollas populares, porque la situación de pobreza y la falta de asistencia alimentaria es muy notoria. Las organizaciones jugamos un papel importante llevando alimentos, juntando donaciones”, agrega Mona, de Somos Barrios de Pie. Y asegura que “si no fuera por el trabajo de las organizaciones políticas, sociales y feministas, la situación sería mucho más compleja”. Ese rol incluye asesoría legal, acompañamiento psicológico, “recursos que el Gobierno de la Ciudad debería poder acercar, al margen del conflicto habitacional”.

Mientras tanto, hay nenes y nenas caminando entre escombros, roedores e insectos. La limpieza colectiva mejoró el lugar, pero no eliminó los rastros de la basura acumulada durante años. “Hay arañas grandes, hay ratas. Nosotros limpiamos lo que podemos, pero queremos una respuesta –reclama Eliana–. Porque hay muchas familias con sus hijos enfermándose, cayéndose por las piedras que hay, lastimándose”. Zaida, quien ofició como una de las voceras de la toma desde el primer día, insiste en la necesidad de una solución habitacional definitiva. No subsidios, no parches. “Tuvimos cuatro años de macrismo que no nos ayudó y ahora la pandemia. Perdimos familiares, asistimos a familiares enfermos que quedaron desempleados. Nuestro reclamo es justo; pedimos tierra o vivienda para garantizarles un techo a nuestros hijos a futuro. Todos dicen que los fondos fueron a salud, pero salud implica también trabajo, educación y una vivienda digna”. «

Urbanización sin integración ni participación

Como trabajador de la educación y miembro de la Mesa por la Urbanización, Walter Larrea se acercó a la toma de la Containera desde un primer momento. Pero advierte que el caso de este centenar de familias asentadas en lo que fue –y en parte sigue siendo– un basural no es único ni aislado, y que tiene que ver con la lógica de urbanización que impone el Gobierno de la Ciudad en los barrios populares, sin integración ni participación comunitaria.

“Cuatro de cada diez vecinos del Barrio Mugica alquilan. Y se está haciendo una urbanización mal hecha. Ahora empezaron a hacer los certificados de propiedad, como certificados de posesión, y no está claro qué es lo que va a pasar con los inquilinos. Entonces, muchos están echando a los inquilinos porque tienen miedo de que se queden con parte de su vivienda”, advierte el docente. Ese factor, considera, hizo que si bien “antes estaba complicado alquilar una pieza si había chicos, ahora se volvió mucho más difícil” .

Larrea remarca que el problema, aunque se ha visto potenciado por la pandemia, “no es un problema nuevo. No hay un interés real del Gobierno de la Ciudad por solucionar los problemas de vivienda. Las nuevas viviendas ya están con problemas edilicios, con filtraciones. Son viviendas de durlock y chapa, feas. Lo venden como si esto fuese un ejemplo de urbanización, van a congresos y lo presentan así, pero la verdad es que está muy lejos de ser un trabajo real de urbanización e integración. En el fondo, lo que hay en la Villa 31 es un negocio inmobiliario, y un objetivo de gentrificación”, apunta.