En Villa Carlos Paz, entre la sierra y el lago San Roque, ícono del Valle de Punilla, una cooperativa es modelo de desarrollo e inclusión en la prestación de servicios. Pero su presencia está en jaque por una intendencia afín al macrismo y a la Provincia que busca quedarse con el agua, el gas y las cloacas para, según denuncian, entregarlos a los grupos privados de siempre. Esta es la historia de la Coopi, una referencia de la economía solidaria del país.

La Cooperativa Integral (Coopi) nació el 5 de junio de 1963, con un origen similar al de la mayoría: dar un servicio público que el Estado no tenía la capacidad de desarrollar y que al privado no le interesaba, por no ser rentable. “Los vecinos se organizaron en torno a la figura de una cooperativa, como herramienta social”, explica Jorge Boido, coordinador del área de Desarrollo Cultural y director de VillaNos, la radio de la Coopi. Y analiza: “No es el turismo lo que origina esta villa, es el negocio de la tierra”.

El agua siempre fue un problema para una provincia semiárida como Córdoba. Y peor cuando en Carlos Paz comenzaron a dividirse grandes lotes de la ciudad. Cañerías pequeñas, servicio precario, y abundaba la contaminación. En sus primeras dos décadas de vida, las administraciones de la Coopi seguían formadas por los grandes actores que hasta hoy dirigen la ciudad. En la región predominaba la corrupción y la intervención militar con reestatizaciones fraudulentas. Hasta los ochenta…



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Trabajadores al poder

La Coopi tuvo dos nacimientos. El segundo fue en 1986.  La construcción desregulada iba camino a la explosión. “Vendían 200 lotes de un gran terreno, le pedían conexión a la cooperativa, y armaban una red precaria con un tanque que alcanzaba para las primeras cien casas. Eso tuvo el momento de eclosión a mitad de los ochenta”, grafica Boido. Con Obras Sanitarias destruida y un Estado municipal incapaz de hacerse cargo, la salida debía ser colectiva. Fueron los propios trabajadores hijos generacionales de Agustín Tosco y el Cordobazo quienes, junto al movimiento de juventudes políticas, lograron sacar a los enquistados miembros del Consejo de Administración de la Coopi, tras un paro de 40 días por el despido de delegados. Nuevo llamado a elecciones, y nueva conducción.

Los técnicos y empleados pasaron a ser la dirección. Y a partir de ahí construyeron la semblanza de una cooperativa solidaria y popular, con un sentido público de los servicios y la gestión colectiva. «Teníamos mil reclamos diarios en los veranos, y en enero de 1987, cuando asumimos, bajaron a menos de cien por día», subraya Alejandro Eguiguren, ex gerente general, líder histórico de la Coopi. «A partir de ahí construimos la planta potabilizadora, y un segundo acueducto de 14 kilómetros para traer el doble de agua. Con una bomba aumentamos el caudal en un 30%, colocamos medidores en el 100% del ejido urbano, y se aplicó un sistema de asistencia social para aquellos que no podían pagar toda la tarifa».

Las cloacas era otro problema histórico para una ciudad con sólo 600 conexiones. Tras la crisis del 2001 el reclamo popular logró revertir la idea de la Provincia de contratar al Grupo Roggio, denunciado por desmanejos y desinversión. La cooperativa logró hacerse cargo, construyeron una planta modelo y sumaron innovación. Hoy un grupo análiza rastros de Covid-19 en las cloacas, junto a investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba. «Las obras se hacían por administración, no hubo coimas, a pesar de que nos extorsionaron para recibirlas –apunta Eguiguren–, ahora hace dos años que no nos renuevan el contrato de concesión de las cloacas».

En 2003 se sumó el manejo del gas en una empresa mixta con el municipio (Carlos Paz Gas). La Coopi impulsó algo inédito: duplicar las conexiones pero que la expansión de gas natural fuera por pago voluntario. En estos años le sumaron telecomunicaciones, banco de sangre y talleres que incluyen «pensamiento crítico», en un distrito donde Mauricio Macri sacó casi el 70% de los votos.

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La persecución

Esteban Avilés, radical afín al macrismo y a su primo hermano el “peronismo cordobés”, es el titular de la Agencia Córdoba Turismo y fue durante 8 años, hasta fines de 2019, intendente de Carlos Paz. Hace 13 años, siendo concejal, encaró una campaña para que el Municipio no le renovara el contrato de concesión del agua a la Coopi que había sido aprobado por el Concejo Deliberante en primera instancia. En la segunda lectura, por un voto de diferencia, tras lobby del concejal, lo rechazaron. Y permanece vencido hasta hoy. Luego, Avilés ya como intendente firmó un decreto oficializando que el servicio dejara de ser de la Coopi, lo que derivó en una denuncia judicial de la cooperativa porque eso solo puede efectivizarse con 8 votos del Concejo Deliberante. Avilés nunca los tuvo. La causa llegó a la Corte Suprema. Con un presidente como Carlos Rosenkrantz, cercano al sector privado, los augurios no son los mejores, aunque el Instituto Nacional de Economía Social (INAES) activó con la nueva gestión. Antes de fallecer, su titular Mario Cafiero impulsó que el INAES se presente como Amicus Curiae en favor de la Coopi.

Además del agua y las cloacas, el Municipio, manejado por un delfín de Avilés, Daniel Gómez Gesteira, decidió finalizar también la sociedad de Carlos Paz Gas SA, que vence a fin de mes. Años antes, les prohibieron el uso del espacio aéreo cuando la Coopi impulsó el servicio de TV por cable. «Quieren estatizar los servicios para privatizarlos, lo digo por experiencia, estuve en los ’70 cuando el gobierno de facto hizo lo mismo. No toleran que no permitimos el negocio privado ni las coimas, y que pensemos de manera solidaria. El Municipio nos corrió con la policía más de diez veces por hacer conexiones donde había villas miserias», asegura Eguiguren, hoy en proceso de jubilación. Las desavenencias llegan hasta en los criterios de una sequía. La Coopi impulsa el alerta roja. Para la Comuna, alerta naranja era suficiente.

«La problemática de la cooperativa es extremadamente complicada, y se entiende solo desde una persecución política y un ensañamiento personal de Avilés», apunta el gerente técnico, Rodolfo Frizza. «La Coopi es apetecible desde lo político y desde lo económico, prestamos servicios en todas las comunas del sur de Punilla. La Municipalidad no sabe hacerlo. Le interesa quedarse con el proceso de compras, muchas millonarias. En cambio, la Coopi reinvierte todo beneficio en los servicios».

Hoy está integrada por 215 empleados, y hay otras 200 fuentes de trabajo indirectas. Frizza habla de «un plan de persecución y exterminio del cooperativismo en toda la región», y la imposibilidad de hacer obras: «le dieron a privados la construcción de dos tanques de almacenamiento de millón y medio de litros, y después tuvimos que arreglarlos porque parecían fuentes».

A pesar de las campañas de desprestigio y las difamaciones públicas, algo parece sobrevivir en el imaginario popular. Una encuesta realizada días atrás por la consultora Ideco-Schreiner reflejó que para el 67% la Coopi debería seguir brindando el servicio de gas. Si en definitiva, son los 43 mil vecinos sus dueños.   «

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Una cooperativa pionera, con un Banco Solidario de Sangre

La Coopi fundamenta su desarrollo también en la innovación. Que se refleja en la variedad de sus servicios, llegando hasta el Banco Solidario de Sangre, el único en toda la región del Valle de Punilla. «También tenemos servicios de telecomunicaciones y educativos, para terminalidad de escuela primaria y secundaria –comenta el gerente técnico de la Cooperativa Integral, Rodolfo Frizza–. Está la radio cooperativa, VillaNos, y siempre buscamos profundizar nuestro servicio de cultura y extensión comunitaria. Nuestro objetivo es abrir un espacio de pensamiento alternativo en la ciudad, con tertulias, espacios de reflexión, más de 50 talleres culturales de acceso a todos los asociados, desde guitarra o baile hasta teatro y deportes». Otra tarea que se plantean como «esencial» es la de capacitación y concientización en la comunidad sobre los servicios que prestan, especialmente en las escuelas, donde les explican a los chicos la importancia del agua, sobre todo en esa región asfixiada por la sequía y los incendios.

A eso le suman visitas a las plantas y trabajos con las universidades para investigaciones del agua, cloacas, gas y telecomunicaciones.

Paro y apoyo parroquial

«En 1986 despidieron a delegados obreros, realizamos un paro de 40 días, con el apoyo de las juventudes políticas y de una parroquia de la teología de la liberación. Ya en 1982 le habíamos hecho un paro a la dictadura», recuerda Alejandro Eguiguren, ex gerente general.

“Entre fines de los ’80 y los ’90 se hacen grandes obras, todas por administración, lo que da un gran prestigio a la cooperativa –afirma Jorge Boido, coordinador del Área de Desarrollo Cultural–. Y los gobiernos de turno empezaron a verla como una amenaza”. Las intendencias apelaron a políticas de restricciones bajo un triángulo de las bermudas: quitarles la potestad de concesión, planes de obra y tarifas. Hoy, de 10 pesos que paga cada vecino, 6 son de la tarifa autorizada del municipio, y 4 por “capitalización”, para lograr un mínimo no deficitario. Las obras se entregaron a privados y se atrasaron, en una ciudad que crece al 5% anual.